Un improbable regalo de Reyes

La antigua comisaría de la plaza de la Gavidia, uno de los escasísimos edificios del movimiento arquitectónico moderno en Sevilla, una ciudad mucho más dada a inventarse sin demasiado rigor su propia tradición arquitectónica que a acoger de buen grado experimentos ajenos, cumple ahora casi una década cerrada. Desde que el Ministerio del Interior la clausuró oficialmente hace un decenio (tras utilizarla durante demasiado tiempo sin invertir lo suficiente en su conservación) la estructura de este singular inmueble, que hasta 1992 fue la sede central del cuerpo nacional de seguridad en Sevilla, no ha hecho más que debilitarse, poniendo en peligro cada día que pasa su propia conservación, una tarea obligada al tratarse (aunque algunos ni siquiera lo sospechen) de un edificio con un alto valor patrimonial, reconocido además desde el punto de vista legal. Firme.

Hasta ahora, todos los intentos para venderla al mejor postor (el primero iniciado por Monteseirín; el segundo por Zoido, su sucesor) han sido absolutamente vanos. Ambos tropezaron con dos inconvenientes complementarios. Por un lado, el factor legal: el edificio de la Gavidia no puede ser recalificado a capricho porque se trata de un sistema general urbano; una dotación colectiva destinada a acoger usos de interés público y social. Un patrimonio cien por cien público, incluido el suelo sobre el que se levanta. Por otra, el elemento económico: el mercado inmobiliario ya no es capaz de generar la rentabilidad económica por la que suspiraban los dos últimos gobiernos municipales, que siempre han visto en la Gavidia una forma rápida de hacer dinero más que un edificio llamado a acoger un uso civil.

El ejecutivo de Zoido (Juan Ignacio), que durante los casi dos años que lleva en el poder ha hecho de la recalificación para usos comerciales de la antigua comisaría una de sus más importantes banderas políticas, ha optado esta vez por no incluir en los presupuestos oficiales del Ayuntamiento para 2013 cantidad alguna a cuenta de la enajenación de la Gavidia, utopía que persigue desde entonces tan sólo a efectos retóricos y sin éxito alguno. Visto de pronto, sin demasiado sosiego, tal resolución podría parecer casi un acto de responsabilidad política. No lo es: el pasado año, a la hora de elaborar sus primeras cuentas como alcalde, Zoido ya vinculó la mayoría de las inversiones virtuales del Consistorio –raquíticas, en todo caso– al improbable éxito de esta operación inmobiliaria especulativa.

Lo hizo además obviando la legislación vigente, que lo impide, y sin el más mínimo sentido de la prudencia. Quienes entonces advertimos del error fuimos tomados por agoreros. Tildados de exagerados. Incluso resultamos anatemizados, con la ayuda de los impostores habituales, por quienes desde entonces siguen haciendo el ridículo todos los días al asumir sin criterio todas las tesis oficiales de la Alcaldía hispalense, que todavía cree que basta con repetir mil veces una consigna para que se convierta en realidad. Dos años después, la realidad ha puesto a cada uno en su sitio. La evidencia emerge como una isla rotunda: el hecho de no esperar ingresos por la venta de la antigua comisaría constata definitivamente el fracaso del alcalde en esta cuestión y la falta de solvencia de quienes alimentaron la propaganda que lo acompaña por miedo a decir la verdad. Un logro notable, ciertamente.

carlosmarmol 2

Sevilla lleva ya más de dos años sin inversiones municipales reales. Salvo en bombillas navideñas, previo acuerdo de patrocinio con una multinacional, sólo se ha gastado en las caprichosas actividades recreativas del alcalde y en el clásico fondo de reptiles, tan socorrido. Tampoco la ciudad ha tenido en todo este tiempo un mínimo plan de choque contra el desempleo, ya que la ejecución de este programa municipal también se ligó hace ahora un año a la venta de la comisaría a sabiendas de que ésta jamás se produciría. Un golpe de efecto, sí señor.

Al final, al PP no ha tenido más remedio que asumir la realidad, aunque eso sí, con un elocuente silencio: no ha logrado cambiar la normativa urbanística de forma razonable y, por tanto, la insistente derivación política de la cuestión no es, a estas alturas, más que un argumento interesado más en la particular guerra del alcalde contra la Junta de Andalucía, a la que todavía acusa de bloquear un proyecto comercial (privado) cuya viabilidad cierta se desconoce en términos reales. Tratándose del mismo político que se ha cargado una inversión de la importancia del CaixaFórum de Sevilla, la cosa tiene ciertamente mucho mérito. Aunque ya se sabe. Lo de Zoido es como un dogma: en él hay que creer, no pedirle pruebas. A los santos se les adora, no se les hacen preguntas. Eso es pura impertinencia, el motor del periodismo.

Dos años después de su llegada a la Alcaldía, la eterna batalla de Zoido con la Junta a Sevilla no le ha servido de nada. Sospecho que tampoco a él mismo. La Gavidia continúa hundiéndose y sin futuro. El Consistorio sigue sin venderla y sin rehabilitarla (estaría bien hacerlo justo ahora, que tanto habla el regidor de salvar el patrimonio histórico) para convertirla en un complejo ciudadano; una dotación más que necesaria en un área de Sevilla (el casco histórico) saturada por la actividad comercial y sin demasiados equipamientos. Todo sigue exactamente igual, aunque los propagandistas de la causa no paran de repetir, mientras señalan al viejo edificio blanco con redes, que todo lo que ha ocurrido desde entonces –nada, en realidad– sólo es culpa de la Junta de Andalucía. Bueno está.

Por trascender de una vez la cuestión, y también para ver qué dicen ahora los que escriben al dictado, la mejor forma de celebrar esta década de guerra estéril es poner sobre la mesa una propuesta para que la ciudad salga de una vez de este irritante bucle político. La idea se resume en una simple pregunta:

¿Por qué el alcalde, en lugar de seguir perdiendo el tiempo, no denuncia de una vez el convenio urbanístico que en su día se firmó con el Gobierno central para comprar la Gavidia por un precio muy superior a su valor real?

Pelearse con la Junta, ya digo, sólo le conviene a Zoido, no a Sevilla. Y hasta esto es ya discutible. En cambio, sí resultaría bastante útil para la ciudad reclamar (por vía judicial, si es necesario) la extinción formal de aquel acuerdo institucional rubricado en su momento por Monteseirín en contra los intereses de Sevilla. Tal decisión permitiría a la ciudad, como mínimo, no tener que seguir pagando los costes para que el edificio de la Gavidia no termine de derrumbarse (120.000 euros al año) y probablemente recuperar una parte del dinero que el regidor socialista regaló al Ministerio del Interior para que cumpliera con su obligación de renovar la red de comisarías de la Policía Nacional. A cuenta nuestra, claro.

Zoido debería pensárselo. Seriamente. Salvo que quiera seguir jugando a hacerse el ofendido eternamente, en este tema es su mejor opción. El convenio en cuestión, que en su día censuró su propio grupo político, se ha incumplido de forma reiterada y constante. Es un hecho indiscutible: Sevilla le dio a Interior 12,6 millones de euros para que promoviera cinco nuevas comisarías y liberase el espacio que ocupan en la calle Betis las viejas dependencias de la Policía Nacional. La transacción fue claramente perjudicial porque la ciudad pagó con parte del dinero de Patrimonio Municipal de Suelo (su única reserva financiera propia, tan efímera) unas dotaciones que todavía no se han hecho. Inexistentes. ¿No es eso una estafa?

Interior tan sólo ha inaugurado (gracias a la financiación previamente aportada por el Ayuntamiento) las sedes policiales de Sevilla Este y Macarena. Todas las demás (Nervión, Polígono Sur y Bermejales) continúan sin hacer. Y la comisaría de la calle Betis permanece donde estaba: ocupando una zona verde junto a la dársena del Guadalquivir. ¿No son éstos motivos más que suficientes para reclamar la devolución de los suelos y del dinero pagado, cifrado en 9,9 millones de euros gracias a dos tasaciones artificiales que conscientemente ignoraron que valoraban un edificio sin usos lucrativos?

Si Zoido decide resolver el convenio, la ciudad recuperaría parte de los fondos entregados a Interior (al menos seis de los nueve millones pagados) y volvería a ser dueña, gracias al mecanismo de reversión jurídica contemplado en la ley, de tres de las cinco parcelas entregadas entonces sin coste al Gobierno central. Con este dinero podría rehabilitar la Gavidia en casi un 50 por ciento, si se recuerda que su recuperación se presupuestó hace unos años en 12 millones de euros. Incluso podría abrir el edificio de forma parcial para acoger usos públicos. Esto sería bastante más útil para Sevilla que continuar con el habitual juego infantil que consiste en repetir una y otra vez que la culpa de todos los fracasos propios se debe a una responsabilidad ajena. En términos escolares, es como decir que el profesor tiene manía al alumno. Y ya no estamos en el colegio. Va siendo hora de empezar madurar de una vez.

Sólo existe un pequeño problema, claro: el Gobierno central ahora se apoya en la mayoría parlamentaria que le aporta su propio partido político, el PP. ¿El hombre entregado al bien de Sevilla en cuerpo y alma se atreverá a hacer esta reivindicación ante la administración de Mariano Rajoy? A priori, no lo parece. En su mano está demostrar lo contrario. Sería un buen regalo de Reyes para Sevilla. ¿No creen?

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.