Insumisión municipal

No es propio de un concejal interestelar, como es el caso del edil de Urbanismo de Sevilla, Maximiliano Vílchez, convertirse en un rebelde, un antisistema, un anarquista. Mucho menos si lo hace en nombre de un gobierno de orden que, aunque perjura que no es de derechas ni de izquierdas, sino de Sevilla, bien mirado quizás no sea ninguna de las dos primeras cosas, pero tampoco la última. Y, sin embargo, sucede, que diría Neruda.

El gobierno de Zoido (Juan Ignacio) anunció esta semana en un Pleno –ese castigo divino– que como la Junta de Andalucía no le da el permiso para recalificar la comisaría de la Gavidia y construir un parking subterráneo en la Alameda de Hércules piensa irse derechito a los tribunales para reclamar un derecho que –piensa– le asiste. Todo esto parece lógico. Pero deja de serlo si reparamos en la mayor: no hay derecho que asista al gobierno del PP en este trance. Más bien al contrario: es la ley misma la que le impide cumplir sus deseos particulares, que tampoco son en realidad suyos, sino de terceros. Los famosos inversores.

Uno de los primeros síntomas útiles para reconocer a un político ignorante es que éste desprecia la ley que, paradójicamente, debería guiar sus pasos como gobernante. Justamente es lo que le pasa el ejecutivo de Zoido, que después de dos años de presidencias efímeras todavía parece no haber comprendido que las mayorías absolutas permiten gobernar con suficiencia –e incluso temeridad– pero no le dan a uno la razón por sistema. Sobre todo cuando no la tiene. Los hombres del alcalde llevan dos años enredados en su particular sainete sobre la Gavidia y la Alameda: dicen que tienen un inversor, que nadie conoce y que crearía un sinfín de empleos a cambio de que la ciudad le ceda (a perpetuidad) un edificio protegido (el movimiento moderno es historia, aunque algunos en Sevilla no lo perciban) y el mejor espacio público del casco antiguo de la ciudad para su propio aprovechamiento crematístico.

Sorprendentemente, el Consistorio no sólo está por la labor, sino que quiere hacer una cruzada pública de una pretensión privada. Más o menos es lo mismo que hizo Monteseirín con la Encarnación: privatizarla y regalársela a una empresa constructora. Siendo esto grave, más parece serlo el hecho de que, al no poder salirse con la suya, el PP municipal amenace con buscar algún juez (es de suponer que de su cuerda) que le dé la razón en este conflicto virtual con la Junta que, de momento, es una guerra donde sólo hay un contendiente: el Ayuntamiento.

Insumisión municipal

¿No sería mejor esperar a que se pronunciase el Consejo Consultivo? La prudencia lo aconseja, la ley lo establece y la razón lo recomienda. Pero no. Zoido no aspira a gobernar con prudencia, sino a continuar con lo que el ex Defensor Chamizo llamó muy acertadamente en el Parlamento “la peleítas”. Le costó el cargo, claro. Piensan en Plaza Nueva que esta táctica les dará un rédito electoral del que andan algo escasos. Benditos sean.

Sólo un ingenuo puede pensar que una institución como el Ayuntamiento hispalense puede hacerse insumisa a la ley de la noche a la mañana sin hacer el ridículo. En esto andan: apelando a los tribunales a sabiendas de que el marco jurídico les obliga a argumentar lo que pretenden (cosa que no pueden hacer) y a asumir la decisión independiente de los órganos jurídicos establecidos. A este paso Zoido perderá las elecciones y la Gavidia seguirá esperando que alguien haga algo útil con ella.

¿Por qué no un equipamiento público para los vecinos del centro, que es lo establece el Plan General de Ordenación Urbana? La respuesta es obvia: porque entonces ni habría peleíta ni el concejal interestelar del gobierno de Zoido jugaría en el Pleno a ser un caballero andante que lucha a brazo partido contra los malandrines socialistas de la Junta, empeñados, por una razón que nadie conoce a estas alturas, en que el gobierno local no convierta el centro de la ciudad en una réplica de la Calle del Infierno, donde todo, por cierto, es de pago.

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