La huelga de Magallanes

Sevilla parece un inmenso muladar. Los escombros y la basura se amontonan por las calles. Más de 3.500 toneladas de residuos están sin recoger. Se congregan en las esquinas como si fueran a misa de doce. La estampa no tiene nada de edificante. Ni ayuda en nada a mejorar el nombre exterior de la ciudad. La marca, que diría Zoido. La situación evidencia no sólo la existencia de un conflicto enconado, sino la incapacidad de los políticos para evitarlo justo cuando más falta hace. Cuando la propia utilidad de la política es lo que está en discusión en un país convertido en un enorme pudridero ético.

Las posiciones de las partes en liza son nítidas. El gobierno local quiere aplicar en Lipasam –la empresa de limpieza– su programa de ajuste. Los sindicatos, con el apoyo de la plantilla, se niegan a reducirse el salario. No quieren perder derechos sociales. Ambos bandos tienen argumentos para sustentar su posición. Y, sin embargo, los pierden, junto a la razón, en cuanto empiezan a jugar la partida sin reparar en el daño que hacen a terceros. Vayamos por partes. El lado social se peca de autismo. Los trabajadores de Lipasam gozan de unas condiciones laborales envidiables –lo eran antes; ahora resultan sencillamente asombrosas– que son el resultado histórico de las cesiones previas de los sucesivos gobiernos locales anteriores. Entre ellos, obviamente, el de los socialistas e IU y, un factor que algunos obvian, también los equipos políticos del PP, que durante ocho años tuvieron a la empresa de limpieza bajo su dirección gracias al pacto con los andalucistas. A lo largo de las tres últimas décadas la plantilla de Lipasam, deficitaria desde su nacimiento, ha ido acumulando así derechos o prebendas –según cómo se mire– que han dejado a la empresa fuera del mercado en términos de competitividad. Nadie discute su eficacia ni su función social. La cuestión es otra: en el Ayuntamiento no hay dinero, salvo para los eventos deportivos que se inventa el alcalde.

Por otro lado está el gobierno local, forzado por los hechos a empezar a ajustar la estructura municipal a la realidad de la hacienda pública. Esto puede hacerse de muchas formas. Hasta ahora se ha optado por la más sencilla: la imposición educada, pero imposición al fin y al cabo, y la habitual propaganda. Marcas de la casa. Ambos rasgos son lo más notable de los casi dos años de gobierno de Zoido (Juan Ignacio), que antes de llegar al poder presumía de tener una extraordinaria sintonía con los sindicatos. Ahora no se digna a sentarse con ellos. Evidentemente, en toda esta cuestión hay un problema de óptica. Y una cierta sensación de desengaño: los trabajadores municipales creyeron las promesas del regidor durante su carrera hacia la Alcaldía. Como el tiempo pasa y se han tornado humo, inician una guerra entre preventiva y defensiva. La cuestión, pues, puede verse desde otro prisma: ¿No prometió Zoido mantener el statu quo en las empresas municipales? ¿No prometió que negociaría cuando se produjera cualquier desacuerdo?

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Hasta ahora la gestión del PP al frente del gigantesco consorcio empresarial del Ayuntamiento –DeSevilla– ha consistido en sonreír y hacer números en un despacho. Van con pies de plomo pero sin renunciar a la agenda prevista. Las fichas caen. Emvisesa ya está técnicamente muerta. Sevilla Global fue disuelta. Emasesa, la joya de la corona, todavía padece los excesos de su antiguo gestor –un socialista con extrañas ínfulas de señorito– y Tussam no logra salir de los endémicos números rojos. Lipasam tampoco funciona de forma correcta. Los trabajadores se niegan a asumirlo. Parece malo. Aunque igual de pésimo, o acaso peor, es que el gobierno local tampoco lo haga. Porque hasta ahora no ha movido un sólo dedo para impedir –de verdad– que la ciudad se poblara de una sucesión de montículos de basura.

El equipo de Zoido ha basado su estrategia de la última semana, la primera de huelga, en la demonización de los sindicatos. Acaso porque creen que con esta batalla –en la que le han ayudado los habituales propagandistas a sueldo– salvará su imagen ante los sevillanos, que comentan la situación no ya en los despachos, sino en los bares. El habitual equipo especial de guerra sucia del alcalde –infantil y exigente, términos que suelen ir unidos– ha planificado esta operación de deterioro basándose en las cláusulas del convenio colectivo –cosa divertida: los acuerdos laborales se publican en el BOP–, la alusión (siempre indirecta) al vandalismo y la táctica de sentarse y esperar. Su opción está clara: «los sevillanos no nos culparán a nosotros, sino a los sindicatos».

Nadie parece haber pensado en la Plaza Nueva que quizás muchos sevillanos puedan identificarse con los trabajadores de Lipasam, incluso aunque éstos no tengan toda la razón. Tal hipótesis puede llegar a ser mortal para la imagen del alcalde. Porque lo curioso es que en la Plaza Nueva se ha optado por dejar pudrir la basura. Han puesto más afán en acusar a los demás del problema –la costumbre de Zoido de gobernar con el dedo acusador– que interés en sentarse a negociar. No sé cuánto tiempo creen que les va a durar el plazo de gracia. Me temo que les queda poco margen. Si la huelga de limpieza se prolonga una semana más los ciudadanos dejarán de pensar –como quiere el gobierno local que piensen– que la responsabilidad del desastre sólo es de los sindicatos para comenzar a preguntarse por qué el alcalde que todo lo arreglaba, aquel hombre milagro al que adoraban en su primer Corpus, está permitiendo que las calles de Sevilla se tornen medievales mientras nos habla del «prestigio» que supone para la ciudad presidir la ilustre Asociación de Ciudades Magallánicas. De Magallanes. El estrecho. Laus Deo.

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