Uno de los debates que mejor definen el deterioro de la democracia en España, cuya misión debería ser diluir los dogmas naturales como patrones únicos de conducta social, es si tiene más valor jurídico una ley sancionada o los acuerdos políticos coyunturales adoptados por una mayoría representativa. La cuestión tiene algo de metafísica y, al mismo tiempo, recuerda al viejo acertijo del huevo o la gallina. ¿Qué vale más? ¿Una coyunda o lo que dicta la ley? Se trata de una discusión recurrente. Entre otras cosas porque quienes legislan –meros empleados de los distintos partidos políticos– acostumbran a tener una visión sagrada de su función que les hace considerar, en un alarde de vanidad, que gozan de inviolabilidad e infalibilidad. Dos atributos divinos. La patología es general. No está circunscrita a un territorio concreto. Es indiscutible que el nudo del procés la formuló al oponer la legislación constitucional al pacto independentista. La diatriba vuelve a repetirse ahora a cuenta del uso de las lenguas en Cataluña.
Los Aguafuertes en Crónica Global.