Cuadernos del Sur

La España de Nueva Planta, que es el proyecto político que se inicia con la tormentosa investidura de Pedro Sánchez tras sus acuerdos con los distintos independentismos, aboca a los socialistas que no forman parte del estrecho círculo de confianza de la Moncloa a la tarea (ingrata) de tener que predicar durante la legislatura que acaba de comenzar –y cuya duración es bastante incierta: dependerá de la evaluación continua que vayan haciendo en Suiza los nacionalistas sobre un fondo en el que ya se adivinan las elecciones vascas y catalanas– un nuevo evangelio ante una comunidad de creyentes dividida entre ateos, agnósticos y dudosos. “Hasta el último concejal tiene que hacer pedagogía sobre la amnistía”, ordena el prontuario de Ferraz. El problema, sobre todo en Andalucía, que va a ser unas de las zonas más calientes de la guerra territorial que ya se avista por el horizonte, es que semejante misión, además de interminable, igual que la penosa tarea adjudicada a Sísifo por los dioses, implica tener que ver a los presbíteros que hasta el 23J era católicos y romanos convertirse en anglicanos.

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Una batalla política siempre conduce a la siguiente y, como escribió Malraux, quizás existan las guerras justas, pero es harto dudoso, o directamente imposible, que los ejércitos que deben librarlas e intentar ganarlas vayan a ser honorables. Ninguna guerra tiene más reglas que el triunfo, el único atributo que permite dictar la ley de la victoria. La consumación aritmética de la investidura, sustentada en la amnistía de los independentistas encausados, una negociación para la concesión a la Generalitat de todos los tributos estatales, la condonación del 20% de su deuda (con sus intereses) y otras cuestiones, ha permitido refrendar al presidente y, por tanto, tener un Gobierno, pero no parece probable que traiga un armisticio entre los distintos bandos políticos. Ni entre los socios de Sánchez, que extenderán sus exigencias a toda la legislatura, que acaso no dure más de dos años dada la minoría de PSOE y Sumar, ni con el PP. La gran paradoja del pacto de Bruselas entre los socialistas y Junts es que, al admitir el PSOE que las acciones de los independentistas son lícitas debido a la existencia de un “conflicto político”, en lugar de cometer los delitos de sedición y malversación, como sentenció el Supremo, abre una espiral de sucesivas contiendas en el resto de los territorios de España. 

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Si de la mera intención nace el agravio, como sostenían los escritores moralistas del Siglo de Oro, la investidura ‘in fieri’ parece ser el preludio de una guerra territorial que puede terminar incendiando las cancillerías institucionales de la España autonómica, deteriorando –todavía más– la convivencia y agravando la crisis política. Las protestas en contra de las concesiones políticas del PSOE y Sumar en favor independentismo –amnistía para Junts; condonación de una parte de la deuda catalana para ERC– camuflan, dada su aparatosidad, la gran batalla de fondo que va a librarse si es que la legislatura prospera y no hay repetición electoral. El endiablado sistema autonómico español, que los socialistas siempre han deseado transformar en un régimen de corte federal, encierra una inmensa paradoja: sus defensores –sean tradicionales o conversos; esto es indiferente– predican con vehemencia sus bondades, pero los datos económicos señalan que padece no sólo deficiencias operativas –en términos de economía de escala y eficacia–, sino una situación (aparente) de quiebra técnica.

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Cuatro décadas después de su génesis, gracias al título VIII de la Constitución, de las autonomías puede afirmarse lo mismo que Mark Twain decía de los seres humanos: “Son un experimento; el tiempo dirá si valen la pena”. La discusión territorial, invariante de la política española durante más de siglos, ignora este principio de la relatividad. Discutir o reformar el modelo autonómico, algo lícito en cualquier democracia, se considera en el mejor de los casos una heterodoxia y, en el peor, un pecado nefando y recentralizador. La organización territorial española se justifica casi siempre a partir de conceptos tan discutibles como la identidad en lugar de encauzarse en función de una evaluación objetiva de sus resultados. De esta circunstancia se infiere que se trata de una cuestión sentimental –aunque camufle intereses económicos muy concretos– más que racional, y que los autogobiernos de la España plural no son tanto herramientas institucionales cuanto la traducción de ideales políticos. Ninguna región admite que su autonomía pueda haberse fundado gracias a una concesión o sea fruto de una negociación. Todas se conciben a sí mismas como una conquista social. 

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La gente de orden no va a manifestaciones. Salvo que crea que está en peligro su patrimonio o se cuestiona su status. Ambas cosas, junto a la necesidad de Génova de que la oposición a la amnistía tome cuerpo social en otras zonas de España distintas a Madrid, explican que la derecha meridional haya organizado en Málaga, con Feijóo y Moreno Bonilla, una protesta en contra de los demonios de la investidura. El lugar elegido (la calle Larios de la capital de la Costa del Sol, dedicada a una de las grandes estirpes industriales del siglo XIX) es garantía de éxito. Málaga es la Atlanta del PP andaluz, que dirige su ayuntamiento hace 28 años y domina la diputación desde 2011. Es el feudo de Bendodo. La ciudad donde el presidente de la Junta empezó a hacer política. El origen del clan que hace un lustro gobierna Andalucía. Para la derecha del Sur no existe diferencia entre la amnistía, el referéndum y la financiación autonómica. Las tres cosas –lo escenifican cada semana en el Parlamento– son lo mismo: una amenaza para el autogobierno. 

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