Cuadernos del Sur

Si la política posmoderna es un inmenso zoco de identidades, un mercado relatos y una bolsa de mentiras (sobre todo, digitales), la fiscalidad en España se ha convertido en un rastro persa donde el único criterio válido es la necesidad de atraerse voluntades (léase: votos) y no existe ni la atención al cliente ni un servicio de posventa. Una vez abandonado el voto en la urna, no rige el derecho a devolución ni tampoco cabe elevar queja alguna por defecto o estafa. 

–Esto es política: no creerá usted que hacemos las cosas por el bien común ni que lo que decimos –y prometemos– tiene que ser verdad.

El Gran Laurel en el que se convirtió Moreno tras alcanzar hace tres años su mayoría absoluta, que no está por completo garantizada en los comicios de 2026 (probablemente antes), anunció esta semana que va a continuar con la reducción de impuestos en el tramo autonómico del IRPF y permitirá que todo aquel que tenga mascota y vaya al gimnasio se deduzca estos dos gastos personales. 

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La envidia, ese gran pecado español, embiste y combate a todo aquel que, aunque sea sólo por un rato, disfruta de la sonrisa de la buena ventura. Y en una guerra, que como escribiera Clausewitz no es sino la continuación de la política por otros medios, los monarcas son los primeros objetivos de la frustración de quienes les rodean. No hay más que destacar en algo para que las palmas de bienvenida y las ramas de olivo de Jerusalén se tornen lanzas. En Andalucía, donde los clarines del primer tercio de la lidia electoral resuenan ya tras reavivarse el curso político, todos los partidos velan sus armas, ya sean astilladas o con filo cortante, porque de todo hay, para someter al presidente de la Junta, que –ninguna sorpresa, a pesar de la escenografía contraria– volverá a presentarse a la reelección por segunda vez, aunque ahora sin la seguridad completa de poder agotar la que, en caso de triunfo, sería su tercera legislatura. 

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Nadie sabe con total certeza, y aquel que diga lo contrario hace augurios sin suficiente base, si las elecciones autonómicas que se celebrarán en junio del próximo año en Andalucía coincidirán con un hipotético adelanto de las generales. Dependerá del curso que tome la política española durante los próximos diez meses. Es probable que sean convulsos, como sucede en las vísperas de las pugnas electorales. El verano, vista la politización de la catástrofe de los incendios y el conflicto posterior provocado por el reparto de los menores inmigrantes de Ceuta y Canarias entre la Moncloa y los barones territoriales de Génova, no induce a pensar lo contrario. En términos políticos no dejan de sonar los tambores de guerra. Tampoco es concebible una entente institucional entre el Ejecutivo, sus socios políticos y la oposición. Todos los puentes están rotos.

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“Es absurdo” –decía Emilia Pardo Bazán– “que un pueblo cifre sus esperanzas de redención y ventura en formas de gobierno que desconoce”. La novelista gallega, al dar esta opinión, olvidaba que los seres humanos viven precisamente gracias a la amplificación de sus ilusiones, aunque no tengan relación alguna con la realidad. Esta misma costumbre fue la que, durante la Santa Transición, hizo creer a muchísimos ciudadanos que las autonomías servirían de antídoto frente a los nacionalismos y obrarían el milagro de terminar con la perpetua guerra territorial que caracteriza a la política española. Las cosas no se conocen de verdad, y a fondo, hasta que se prueban. 

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Si en algún momento alguien pensó que la democracia española, que siempre ha sido un régimen de partidos más que el gobierno que los propios ciudadanos (libres e iguales) se otorgan a sí mismos, podía ser capaz algún día de conjurar su costumbre ancestral de confundir lo particular con el interés general, obviando la distinción entre la vida pública y la privada, cabría recordarle lo mismo que al Dante tras cruzar las puertas del Infierno: “Abandonad toda esperanza”. Esta legislatura, que comenzó gracias a la transacción (mercantil) entre la investidura de Sánchez y la amnistía catalana, va sucediéndose, ya veremos hasta cuándo, bajo la forma de una guerra de alta intensidad retórica y baja moral. A un lado, el Ejecutivo, con sede en la Moncloa; en el otro, las capitanías territoriales de Génova. En ambas orillas cualquier atisbo de buena fe, que es la religión de las instituciones, ha desaparecido. 

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