La Vanguardia

Los dirigentes de los grandes partidos políticos, nada sofisticados, miden su influencia (social) en función de dos parámetros. El primero es externo: los resultados electorales sucesivos, monitorizados de forma constante y evidenciables sólo cuando se abren las urnas. El segundo tiene que ver con el estado de las discordias y las alianzas internas. El asunto orgánico.La dinámica del poder se asemeja a las olas del mar. Nunca cesa. Jamás descansa. Cada infanzón pretende ser signore de su predio para, acto seguido, intentar erigirse en monarca. Y no se conoce ningún rey que no se haya imaginado a sí mismo como emperador. El mando se demuestra con atributos y rituales sacros y el control, a veces despótico, de la tropa. Por eso es un factor importante, y para algunos una cuestión vital, colocar en los puestos de mando de sus respectivas organizaciones a sus propios soldados, designar validos, tener peones y contar con guerreros obedientes, ya que en política es cosa infrecuente que la lealtad se tenga por una virtud.

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En uno de los gloriosos parlamentos entre don Quijote y Sancho acerca de las condiciones ideales que debería tener un gobernante, el escudero, acaso en su legítima defensa, dada su extracción humilde, sentencia que no todos aquellos que ejercen el poder terrestre proceden de “la casta de los reyes”. “La sangre se hereda y la virtud se conquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale”, le responde el Caballero de la Triste Figura. En el enésimo culebrón que viven las izquierdas en Andalucía –la constelación de minorías situadas a la siniestra del PSOE– encontramos todas las contradicciones habituales de quienes reivindican sus virtudes, mucho más retóricas que factuales, y acaban haciendo carrera (política) gracias a su pertenencia a un linaje o a su militancia en una parroquia. 

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La ponencia política que Génova se dispone a debatir y a aprobar en el próximo congreso del PP en Madrid, previsto para la primera semana de julio, inminente y tórrido, es un perfecto ejercicio de melancolía, de la que Eugenio D’Ors escribió en algún momento –y en algún otro sitio– que era un nombre excelente para describir el olor de los perfumes evaporados. El documento rubricado por los cuatro comisarios mancomunados de Feijóo –dos presidentes autonómicos, la alcaldesa de Zaragoza y una eurodiputada– nos regala una esencia semejante: lo que podía haber sido, sobre todo en Andalucía, y nunca llegó a ser. Acaso también un augurio sobre el futuro.

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Si la vida, como decía Oscar Wilde, imita al arte, el PP andaluz, y por extensión el estatal, emulan al PSOE del Antiguo Testamento, esa socialdemocracia caoba –como escribe Enric Juliana con ironía– que siempre vio las primarias (la elección de un líder, ya sea orgánico o electoral, mediante el voto directo de los militantes de un partido) como un experimento que limitaba las ventajas de la intermediación representativa y, por tanto, el poder del aparato y de sus fontaneros ante la libertad –en ocasiones convertida en libertinaje– de la tropa. El miedo de los socialistas seniors ante la democracia directa tenía cierto fundamento: Pedro Sánchez, convertido en el único Norte de un PSOE que hace tiempo arribó a las orillas del populismo posmoderno, reconquistó Ferraz gracias a una elección sin filtros ni mediadores. Asamblearia. No tardaría mucho tiempo en empezar a descafeinar el sistema, sin derogarlo.

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El acuerdo a cuatro bandas para que Gibraltar, la histórica colonia británica situada en el Sur de España, continúe dentro de la Unión Europea al mismo tiempo que su metrópoli –Londres– se mantiene fuera tras el Brexit, no ha sido un camino fácil. La prueba es el dilatado tiempo de negociación (casi cinco años), con vísperas sucesivas de acuerdos de mínimos que nunca llegaban a cristalizar, y la escasa concreción de las condiciones acordadas entre Reino Unido, Main Street (la calle comercial del Peñón) y Madrid. Hasta ayer esta cuestión parecía un asunto enquistado y sin fecha. Casi un imposible. Hoy ya es un hecho, aunque pendiente de detalles importantes, en especial los que se refieren a la convergencia fiscal.  El punto de encuentro entre las partes implicadas supone la demolición (simbólica, porque existen distancias mentales que perdurarán un cierto tiempo) de la verja, la barrera física que separa el Peñón de la comarca (española) a la que pertenece. 

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