La Vanguardia

Ahora que de casi todo hace ya más de veinte años, como acostumbraba a repetir (quedándose corto) el poeta Jaime Gil de Biedma, y que “nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”, como reza el verso juvenil de Neruda (Pablo), el ejercicio de echar la vista atrás, hacia una época tan vulgar y prosaica como la presente, pero que el paso del tiempo –a través nuestra– ha convertido en leyenda y casi en un mito, no puede entenderse más que como un vano ejercicio de melancolía. Los calendarios no se repiten ni retroceden. Aunque el recuerdo ayuda a constatar cómo Andalucía ha dejado atrás su remota era irredenta y, sin librarse de muchos problemas endémicos, está a años luz de aquella región subdesarrollada en la que el nacimiento de la autonomía –sobre todo para la generación política que la protagonizó, antes de lucrarse de ella– supuso una refundación, el Nuevo Día al que Lole y Manuel cantaban en 1975, el año del fin (biológico) de la dictadura franquista. Un año después, hace medio siglo, se creaba en Antequera (Málaga), el ficticio centro geográfico del Sur de España, el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), una organización de defensa de los jornaleros que encarnó el zeitgeist de aquella Andalucía agraria sumida en un infinito mar de olivos.

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Las drogas viajan más rápido que la luz. Los hechos consumados tienen un impacto más profundo, irremediable e inmediato que el imperio de la ley. Andalucía, además de otros graves problemas sociales, como el desempleo o la precariedad, se ha convertido en los últimos lustros en un espacio de frontera –cosa que geográficamente es desde hace siglos– donde las mafias de la droga, con sedes en Argelia y en Marruecos, y embajadas a lo largo del litoral de Almería, Málaga, Cádiz, Huelva y Sevilla, que no tiene costa pero es la autopista náutica de los clanes que introducen hachís y cocaína desde África y de los buques nodriza que, desde destinos hispanoamericanos, surten a las lanchas que operan en el Sur, han elegido para distribuir –más rápido y de forma más efectiva– su mercancía. El menudeo de hachís y otras sustancias blandas ha sido, en términos históricos, una constante en el Campo de Gibraltar y en otras zonas de la costa gaditana. Bajarse al moro –la romería de particulares que cruzaban en barco desde Algeciras y Tarifa al puerto de Tánger y después se trasladaban en taxis alquilados hacia Chefchaouen en busca de chocolate– era, hace tres décadas, casi un rito de iniciación (no precisamente religiosa) para generaciones que ahora se aproximan a la edad de la jubilación.

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El verano en Andalucía está asociado –en la rutinaria agenda informativa de los periódicos– a dos imágenes antagónicas. La primera es trágica: los incendios forestales que este año, primero en Los Gallardos (Almería) y después en Niebla (Huelva), entre otros enclaves, destruyen el paisaje heredado y arruinan la vida y la hacienda de la gente que los sufre. La segunda viene a ser su antítesis: la bella estampa de los anillamientos de las crías de flamenco que, desde hace ya cuarenta años, acuden a la laguna de Fuente de Piedra (Málaga). Una suerte de romería laica en la que la Virgen no es una imagen, sino la naturaleza. Fuego y agua. Tierra y aire. El símil de los cuatro elementos esenciales de la materia, que para los filósofos antiguos contenían la explicación total de la realidad terrestre, sirve de correlato para explicar el reposicionamiento político global que, tras las pasadas elecciones del 17M, acontece en la gran autonomía del Sur.

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La crisis de soberanía provocada por la invasión magrebí de Ceuta, cuyas proporciones asombran incluso una semana después de los hechos, tiene desde comienzos de agosto su correspondiente reverberación en Andalucía. El trayecto (en barco) entre Algeciras –capital del Campo de Gibraltar– y la ciudad española del otro lado del Estrecho no alcanza ni las veinte millas náuticas. En términos terrestres esta distancia ronda los treinta kilómetros. La separación entre ambos continentes, frontera entre dos civilizaciones y dos religiones, se salva en una hora. Todos los días una veintena de barcos surcan en ambos sentidos las aguas del Mediterráneo, uniendo la Península con la urbe norteafricana, incorporada en 1580 a la Monarquía Hispánica. Los vínculos culturales entre Ceuta y Andalucía son seculares. Anteriores a la designación de la primera como ciudad autónoma y a la proclamación de la segunda como autonomía. Están unidas por el comercio, la población y una interdependencia de orden práctico que abarca desde la universidad a la organización judicial. Ceuta es una suerte de novena provincia.

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Las últimas elecciones en Andalucía dejaron a Moreno Bonilla, el supuesto referente moderado (ma non troppo) de la derecha española, sin mayoría absoluta. A continuación le obligaron a sumarse a la cada vez más extensa lista de dirigentes regionales del PP cautivos de Vox. No hubo más remedio que ceder para volver a habitar el Quirinale. Pero estas consecuencias disimulan otras menos evidentes, aunque no por eso menos trascendentes. El 17M es la primera evidencia categórica –las urnas, igual que el oráculo de Delfos, no siempre son diáfanas, pero jamás nos engañan– de que el ciclo político conservador en el Sur de España, ocho años después de su comienzo, ha alcanzado su cénit. Empieza el descenso. Moreno Bonilla ya conoce cuál es su techo electoral y sabe que tiene que ponerse a trabajar en serio para que su insuficiente suelo de votos no descienda más.

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Para describir el grado de sofisticación, y también la idea de hipocresía, de cualquier sociedad no existe nada mejor que observar a sus élites. En la Antigua Roma ocupar un puesto en el Senado exigía ser patricio o un plebeyo rico, tener rectitud moral y fortuna personal, poseer propiedades agrarias y urbanas, haber ejercido una magistratura pública, no dedicarse ni al comercio ni a la usura –actividades ambas prohibidas por ley– y no haber sido condenado por delitos graves, como dejar de pagar las deudas. A cambio, los romanos de tan insigne sanedrín podían vestir de púrpura para evidenciar su status, calzar sandalias rojas y lucir un anillo de oro. Los senadores –clarissimus– tenían espacios de honor reservados en el teatro y en el circo, no pagaban tributos municipales, ejercían en régimen de monopolio los cargos políticos más lucrativos y gozaban de un fuero particular. Un senador únicamente podía ser juzgado por otros senadores.

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