La Vanguardia

La fijación de la doctrina constitucional, por decirlo al modo y manera de Borges, es una rama (la más asombrosa) de la literatura fantástica. No sólo porque la actual mayoría (política) del Tribunal Constitucional nos tenga acostumbrados a determinados actos creativos al emitir sus sentencias –véase el caso ERE en Andalucía–, sino porque, antes de que las controversias alcancen los escritorios de sus magistrados, son directamente los gobernantes quienes, sin pudor, nos ilustran acerca de cómo deberíamos leer la Carta Magna, ahorrándonos la espera de aguardar los dictámenes de los jueces que ellos mismos eligen según sean sus intereses. “La Constitución puede tener matices”, dijo el presidente del Gobierno la última vez que le preguntaron en una rueda de prensa por el evidente incumplimiento constitucional que supone estar gobernando mediante decretos y sin someter a debate en el Congreso los presupuestos generales del Estado. Esta aseveración completa su antológica afirmación –hecha hace menos de un año– de que pensaba gobernar “con o sin el apoyo del Parlamento”. 

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Un decreto con tres días de luto oficial por la muerte del Papa y el enésimo anuncio de que en Andalucía no habrá un adelanto electoral que acelere los tiempos políticos de una España sin presupuestos e instalada en una inestabilidad crónica que, sin embargo, cada día que pasa es más duradera. Así empezó la agenda posterior a la Semana Santa del presidente de la Junta, que prosigue, sin alterar sus planes, la hoja de ruta prevista en busca de su tercera reelección. Que las elecciones autonómicas vayan a ser, según sus palabras, en junio del próximo año, dentro de trece meses, no es estrictamente una noticia. Se trata de la fecha que corresponde a una legislatura completa, de cuatro años. Toda una anomalía en los últimos tiempos.

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