Podemos resumirlo con una parábola. La ley de amnistía, que inauguró esta extrañísima legislatura en la que el Gobierno no gobierna ni presenta los presupuestos, sino que impone sus decisiones vía decreto o se abstiene, según sea el caso y el interés en juego, ha llegado a la orilla del Tribunal Constitucional. La ponencia del Alto Tribunal supone cruzar el río, al consagrar el borrado integral de los delitos del procés, indultados por la Moncloa en su momento y, ahora, convalidados por sus terminales jurídicas, aunque no equivale exactamente a cruzar el Rubicón. Lo que hacen los magistrados del Constitucional es volver a reincidir en la arbitrariedad que ya contemplamos en el escándalo de los ERE de Andalucía, cuyos reos de prisión (los políticos socialistas que dominaron el Sur durante casi cuarenta años, haciendo de su capa un sayo) fueron amnistiados por la misma mayoría de magistrados sin que formalmente mediase una petición formal de clemencia. No hacía falta, por supuesto. Si uno come en un restaurante a la carta tiene derecho a elegir el menú.
Los Aguafuertes en Crónica Global.