La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, incluidos los políticos, es una condición esencial para que exista una justicia democrática, además de la última garantía frente a las decisiones de cualquier gobierno abiertamente arbitrario. Por eso podemos interpretar el devenir de la democracia española –que siempre ha sido más formal que sustantiva– a través del proceso acelerado de degeneración mediante el cual los tribunales dejan de responder a la evidencia de los hechos, y a la letra y el espíritu de las leyes, para conducirse en función de la conveniencia de los gobernantes, en vez de en beneficio de la sociedad. Cabe establecer pues un paralelismo, que se extiende más allá de lo aparente, entre los indultos y la posterior amnistía (moralmente sucia, además de necia) en favor de los políticos que impulsaron el procés en Cataluña y aquellos otros que toleraron y perpetraron el saqueo de los ERE en Andalucía, que acaba de ser amnistiado por gracias a la mediación del Tribunal Constitucional, donde se sientan magistrados que en su momento fueron altos cargos y ministros con el PSOE y hoy continúan respondiendo, con la desvergüenza de un resorte, a los deseos del partido al que deben sus canonjías: puñetas con toda la púrpura del mundo y un salario que oscila entre los 94.180 y los 109.541 euros, dietas y coche oficial al margen.
Los Aguafuertes en Crónica Global.