Política

La fijación de la doctrina constitucional, por decirlo al modo y manera de Borges, es una rama (la más asombrosa) de la literatura fantástica. No sólo porque la actual mayoría (política) del Tribunal Constitucional nos tenga acostumbrados a determinados actos creativos al emitir sus sentencias –véase el caso ERE en Andalucía–, sino porque, antes de que las controversias alcancen los escritorios de sus magistrados, son directamente los gobernantes quienes, sin pudor, nos ilustran acerca de cómo deberíamos leer la Carta Magna, ahorrándonos la espera de aguardar los dictámenes de los jueces que ellos mismos eligen según sean sus intereses. “La Constitución puede tener matices”, dijo el presidente del Gobierno la última vez que le preguntaron en una rueda de prensa por el evidente incumplimiento constitucional que supone estar gobernando mediante decretos y sin someter a debate en el Congreso los presupuestos generales del Estado. Esta aseveración completa su antológica afirmación –hecha hace menos de un año– de que pensaba gobernar “con o sin el apoyo del Parlamento”. 

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Un decreto con tres días de luto oficial por la muerte del Papa y el enésimo anuncio de que en Andalucía no habrá un adelanto electoral que acelere los tiempos políticos de una España sin presupuestos e instalada en una inestabilidad crónica que, sin embargo, cada día que pasa es más duradera. Así empezó la agenda posterior a la Semana Santa del presidente de la Junta, que prosigue, sin alterar sus planes, la hoja de ruta prevista en busca de su tercera reelección. Que las elecciones autonómicas vayan a ser, según sus palabras, en junio del próximo año, dentro de trece meses, no es estrictamente una noticia. Se trata de la fecha que corresponde a una legislatura completa, de cuatro años. Toda una anomalía en los últimos tiempos.

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Nadie teme más la arbitrariedad de un juez que otro juez. Y nadie la combate con más insistencia. Es normal en los gremios a los que hemos entregado la capacidad de decisión sobre las vidas y las haciendas ajenas: quien goza de tanto poder sabe que sólo desde una atalaya análoga podrá ser corregido o enmendado. El poder arbitrario, además, es el más inseguro del mundo porque no se sustenta en el derecho. Obedece al capricho y a la voluntad. Tiene pues toda la lógica del mundo que Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, haya reaccionado con sumo desagrado ante la decisión de la Audiencia de Sevilla de formular ante las instituciones europeas una cuestión prejudicial de discrepancia sobre las capacidades del TC para enmendar sentencias impuestas por la justicia ordinaria. 

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