Archivo de junio 2017

---

Los dos exdirectivos de la Fundación Atarazanas crearon la Red Magallánica para buscar cobijo institucional antes de la dimisión en bloque de los patronos de esta entidad ciudadana, prácticamente sin actividad después de una crisis interna provocada por las discrepancias sobre su gestión económica

---

Núñez de la Fuente y Crespo Torrado, cuyos sueldos proceden de subvenciones públicas concedidas sin concurrencia competitiva, preparaban una campaña internacional para captar patrocinios económicos de empresas transnacionales y ayudas del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas

---

Un símil ayuda a entender qué es lo que ha pasado en la Red de Ciudades Magallánicas. Imaginen por un momento que en lugar de una asociación privada subvencionada por el Ayuntamiento estamos hablando de una comunidad de vecinos. Cada vecino se ha hipotecado para comprar su piso y se celebra la reunión de constitución de la comunidad. Entonces todos descubren que dos personas, llamadas Núñez y Crespo, se han inscrito como comuneros sin poseer el título legal de propietarios, que ellos no van a tener que pagar cuotas ni derramas y que ambos, además, se encargarán de cobrarles las cuotas sin contribuir a los gastos generales de la finca. Por último, también van a cobrarles dos sueldos a la comunidad por sus servicios como administradores de la finca. La cuantía de dichos salarios, que ustedes no han autorizado, se fijará cada año en un presupuesto cuya elaboración corre también por cuenta. Ésta es la increíble historia de la Red Magallánica, reconstruida a partir de documentos oficiales. En ella se narra cómo dos personajes que se presentan a sí mismos como héroes civiles se benefician de iniciativas ciudadanas en las que no invierten ni su propio dinero ni recursos, y cuyo sostenimiento financiero procede siempre de las subvenciones, los patrocinios y las ayudas de los presupuestos públicos.

Introito. José Manuel Núñez de la Fuente y Rafael Crespo Torrado, los dos exdirectivos de la Fundación Atarazanas, crearon la Red Mundial de Ciudades Magallánicas (RMCM) para buscar cobijo institucional antes de que la plataforma en favor de la recuperación de los antiguos astilleros medievales de Sevilla entrase en una crisis terminal por la dimisión en bloque de la mayor parte de sus patronos históricos, descontentos con la gestión económica de ambos como presidentes rotatorios de esta entidad civil, cuya financiación, tras consumir en pagar sus sueldos las aportaciones iniciales de los patronos, procedía exclusivamente de los patrocinios que captaban entre las distintas administraciones públicas.

Los socios iniciales de la Fundación Atarazanas eran profesionales, representantes de empresas, entidades públicas, académicos y hasta políticos, como el exalcalde de Sevilla, Manuel del Valle, que la presidió durante un breve tiempo. Todos ellos –unos antes, otros después– fueron abandonando la entidad hasta que ésta quedó en manos de Núñez de la Fuente y Crespo Torrado, cuya relación con la Fundación hasta ese momento era la de meros colaboradores. Ambos descubrieron entonces que gracias a los importantes contactos institucionales que tenía la plataforma de las Atarazanas podían conseguir relevancia social y consolidar un modus vivendi.

Los personajes. La trayectoria profesional de Núñez de la Fuente y Crespo Torrado, en comparación con los miembros iniciales de la Fundación, es bastante discreta. El primero se presenta a sí mismo como “antropólogo, historiador y experto mundial” en la figura de Magallanes. Esta afirmación, sin embargo, no se corresponde con ningún aval académico en el campo de la investigación humanística. No constan citas ni reseñas de monografías suyas dedicados al marino portugués en ninguno de los dos grandes repositorios académicos: Dialnet, elaborado por la universidad de la Rioja, referencia en el ámbito hispánico, ni en Google Scholar, base de datos de investigación usada en el ámbito internacional. Las únicas referencias a publicaciones de Núñez de la Fuente se limitan a colaboraciones en memorias institucionales sobre la industria audiovisual en Andalucía.

De hecho, Núñez de la Fuente se dedicaba hasta 2006 a la producción audiovisual; primero a través de la empresa Provitel, contratista de Canal Sur, y después en la sociedad Cartuja Producciones. De la emisora pública andaluza consiguió 60 millones de pesetas en 1990 para financiar un documental sobre Magallanes, que él considera la obra capital sobre el marino portugués. Su contenido, sin embargo, es divulgativo, sin trascendencia académica. Hace unos días hizo su presentación en sociedad como libretista de una ópera dedicada a Magallanes en un acto en el consulado de Portugal presidido por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, circunstancia que él mismo reitera insistentemente en sus convocatorias públicas, en las que también resalta su elevada capacidad de interlocución institucional y su perfil como gestor cultural.

Crespo Torrado, en cambio, define su trayectoria como la de un “activista social desinteresado” comprometido con “el antifranquismo” y partidario de la “revolución en la vida cotidiana”. En su autobiografía destaca su afición por la ecología y su condición de “fundador” de la asociación Los ecologistas del Valle. De esta entidad social salta a la política, aunque esta misma semana se presentó, junto a Núñez de la Fuente, como alguien “sin vinculación política alguna”. Primero lo hace a través de Los Verdes, bajo cuyas siglas fue candidato primero en listas electorales provinciales y después la Alcaldía de Sevilla (2007), donde nunca obtuvo acta de concejal por falta de apoyo electoral. Tras esta etapa se presentó, de suplente, en la lista del PSOE que encabezó Juan Espadas en 2011. Entre sus méritos figuran –siempre según su propio relato– la “organización de las primeras manifestaciones de ciclistas en Sevilla” y la dirección del Ateneo Alternativo y del Ateneo Verde. Profesionalmente se define como organizador de actividades teatrales para jóvenes y promotor de compañías dramáticas: Teatro Fantoche, Teatro La Plaza, Teatro Azcona y Los Reverdes. Trabajó como regidor en el parque Isla Mágica y, más tarde, recaló como colaborador en la Fundación Atarazanas.

Los hechos. La Red de Ciudades Magallánicas (RMCM) es una asociación creada por iniciativa de Núñez de la Fuente y Crespo Torrado a espaldas de la Fundación Atarazanas, a la que hasta entonces representaban ante las administraciones públicas. En su creación los exdirectivos de las Atarazanas no invirtieron ni capital ni recursos propios. Su objetivo era captar apoyos institucionales de entidades públicas para promocionar la gesta de Magallanes. Gracias a las relaciones políticas establecidas con la Fundación Atarazanas, cuyo prestigio fue menguando al mismo tiempo que la abandonaban sus patronos históricos, ambos convencen al entonces alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), para que, al amparo de la imagen institucional de Sevilla, les ayude a crear una red con otras ciudades relacionadas con la Primera Vuelta al Mundo.

Zoido les da cobijo institucional y organiza en el Ayuntamiento la reunión fundacional de la asociación, que logra atraer a su seno a otras ciudades gracias al Consistorio. De otra manera –como iniciativa particular– hubiera sido imposible. En Sevilla existen otras entidades civiles en favor del Quinto Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. Pero ninguna de ellas disfruta del padrinazgo de la Red Magallánica. Este apoyo institucional se traduce en dinero: para financiar la iniciativa, sin concurso público ni proceso de selección alguno, Zoido se comprometió a participar económicamente en la Red, cuya presidencia ejerció mientras fue alcalde. La asociación carece de fondos y patrimonio. Toda su financiación depende de las ayudas públicas, obtenidas en general sin concurrencia competitiva. Gracias al importante aval institucional que les presta Sevilla, Núñez de la Fuente y Crespo viajan, captan nuevos socios para la Red –a los que se les reclama el pago de cuotas económicas anuales–,  se asignan la gestión directa de la entidad, ejercen como recaudadores de fondos públicos y se ponen dos sueldos.

El dinero de Magallanes. Los exdirectivos de la Fundación Atarazanas elaboran unos estatutos para dar naturaleza jurídica a la Red. La primera redacción, acordada en una reunión en Sabrosa (Portugal), presenta a la Red como una entidad formada exclusivamente por instituciones públicas unidas para conmemorar la gesta de Magallanes y cuyo objetivo es participar en el Quinto Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, “obtener apoyos institucionales y fondos económicos de organismos internacionales”. La Red aparenta ser una organización sin ánimo de lucro cuyos socios son exclusivamente instituciones. La pretensión de sus dos promotores era contar con una herramienta alternativa a la Fundación Atarazanas, ya en pleno proceso de descomposición interna.

Su plan consistió en crear una plataforma propia, sustentada con fondos públicos, y capaz de captar de forma sistemática líneas de subvenciones procedentes de todas las administraciones: ayuntamientos, diputaciones, gobiernos regionales, ejecutivos estatales y organismos internacionales. A la captación de fondos ayudaría el respaldo institucional, que permitía la interlocución directa con otras entidades públicas, y las previsibles partidas presupuestarias que pudieran destinarse a la efeméride.

Todo ello animado por una legislación fiscal específica que favorecería la incorporación de empresas privadas, al obtener privilegios fiscales como consecuencia de un posible mecenazgo corporativo. Todo un caudal potencial de dinero público y privado gestionado a través de una asociación de ámbito particular, pero con financiación pública indirecta. Los planes de Núñez de la Fuente y Crespo Torrado pasaban por contratar un plan de branding y hacer una campaña publicitaria en la que figuras populares apoyarían a la Red. De esta forma les sería mucho más sencillo captar patrocinios de empresas transnacionales y acceder al presupuesto de ayudas del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, entre otros organismos internacionales.

El señuelo del Quinto Centenario. El gobierno de Zoido llevó a aprobación plenaria los estatutos de la Red Magallánica en diciembre de 2014. Es la Corporación –no el gobierno local– la única que competencialmente puede decidir si Sevilla debe pertenecer a una entidad de este tipo y las condiciones en las que debe hacerlo, que es lo que se regula en los estatutos. El Pleno aprobó pertenecer a la Red creyendo que se trataba de una iniciativa de la Fundación Atarazanas, no de Núñez y Crespo. Así se dice en el punto primero de los estatutos originales: “La Red Magallánica, inspirada y promovida por la Fundación Atarazanas, se constituye como una entidad sin ánimo de lucro”.

La vinculación de la Red con la Fundación Atarazanas se presenta en dicho documento jurídico, de carácter público, como directa. De hecho, como domicilio de la Red figura el Pabellón de Colombia de 1929, un edificio municipal cedido en su día por el Ayuntamiento de Monteseirín a la Fundación Atarazanas. Los únicos miembros de la Red previstos en estos estatutos originales eran las ciudades vinculadas a Magallanes, aunque se crea la figura del “socio de honor” para captar a posibles patrocinadores particulares. Nunca estuvo previsto que formara parte de la Red ninguna persona física privada. Tampoco se establecía el pago de sueldos o salarios a sus promotores. Son éstas, y no otras, las condiciones para participar en la Red que aprueba el Pleno de Sevilla.

El ‘cambiazo’ de los estatutos. Los estatutos que se inscriben en el registro de asociaciones, acto que sirve para legalizar la Red a efectos públicos, son sin embargo muy distintos a los aprobados por el Pleno. La inscripción se solicita el 13 de mayo 2015. Quien se encarga de tramitarla es Rafael Crespo Torrado. En el registro, que valida la inscripción en junio, adjunta unos nuevos estatutos no autorizados por el Pleno. La versión oficial de Núñez de la Fuente y Crespo Torrado es que hubo que adaptarlos a la ley de asociaciones, circunstancia que se consumó en una reunión celebrada en Punta Arenas (Chile), de la que la Red se cuidó de dar poca información oficial. Esta versión ha sido desmentida posteriormente por la Secretaría Municipal, que sostiene que algunos de dichos cambios podían ser inclusos contrarios a dicha normativa. Los cambios estatutarios que hacen Núñez y Crespo son significativos.

En primer lugar, se incluyen los dos, a título personal, como personas físicas, como socios de pleno derecho de la Red, dotándose de los mismos derechos de voto y representación que cualquier institución pública pero sin asumir, en cambio, ninguno de los deberes de los demás socios, entre ellos el pago de cuotas. En segundo lugar, se dotan de poderes ejecutivos: la secretaría técnica, que se asignan, no se limitará a coordinar los trabajos de la Red o a levantar acta de los acuerdos internos, sino que se arroga una tarea nueva: la capacidad de recaudar los fondos ordinarios y extraordinarios, competencia no prevista en el texto aprobado por el Pleno. Finalmente, los estatutos irregulares incluyen una cláusula (29i), que tampoco estaba en los estatutos de diciembre de 2014. Dicha cláusula dice lo siguiente: “Los profesionales que trabajen en la Secretaría General Técnica [Núñez y Crespo] serán retribuidos según partidas específicas presentadas en cada presupuesto anual”.

La cláusula 29i. Todos los cambios sustanciales hechos por Núñez y Crespo a espaldas del Pleno tienen que ver con el control de la entidad y con el dinero. Pese a haber presentado la Red ante el Ayuntamiento como una iniciativa de la Fundación Atarazanas al final la dejan de lado. Ambos figuran como socios de pleno derecho a título personal, con sus documentos de identidad particulares, no en nombre o con el número de identificación de la Fundación Atarazanas. La intención es evidente: Núñez y Crespo podían ser removidos en cualquier momento de la Red si los patronos originales de la Fundación Atarazanas decidían cambiar a su representante o nombraban a cualquier otra persona presidente. Al marginar a la Fundación de la Red se garantizaban una presencia indefinida.

Sin embargo, mantienen como sede de la Red, lo que supone otra irregularidad, el Pabellón de Colombia. Esta decisión, también unilateral, implica un uso irregular del patrimonio público, ya que la única concesionaria legal de este edificio público era la Fundación Atarazanas, no la Red. En tercer lugar, se adjudican unas labores ejecutivas relacionadas con la recaudación y la gestión económica de la Red que tampoco había aprobado el Pleno. De esta forma, la tesorería potencial, que podía alcanzar hasta los 144.000 euros anuales si se proyecta una cuota teórica del orden de los 12.000 euros por ciudad, más el dinero que pudiera captarse en patrocinios o convenios de colaboración, pasaba por sus manos. También controlaban la emisión de facturas, la contabilidad y las actas de funcionamiento, documentos esenciales para controlar la gestión del dinero público que iba a las arcas de la Red.

El último cambio también va en la misma dirección: Núñez y Crespo, en contra de lo que el Pleno votó en diciembre de 2014, se asignan dos sueldos por vía estatutaria para que su devengo no dependa de una decisión anual de los órganos rectores de la entidad. De esta forman, consolidan sus retribuciones, cuya procedencia son las arcas públicas de las ciudades miembros de la Red, entre ellas, Sevilla. Al ejercer las labores de recaudación y tesorería, el círculo se cierra sobre sí mismo: Núñez y Crespo recaudan las cuotas de las instituciones, gestionan patrocinios económicos de procedencia pública, emiten las facturas y se pagan a sí mismos. Si alguien cuestiona sus retribuciones en una asamblea ellos pueden participar en la discusión –como socios– y ejercer con sus votos particulares una posición de fuerza dentro de la Red.

El informe del secretario. El diario El Mundo desvela todas estas irregularidades en marzo de 2016. El actual alcalde, Juan Espadas, encarga entonces un informe jurídico a la Secretaría Municipal que certifica todas las irregularidades y confirma lo publicado por el periódico. Núñez y Crespo tratan de negar los datos. El Mundo les da derecho de réplica de forma amplia y extensa: una página entera para que puedan expresar su opinión. Ellos utilizan este espacio para atacar al periodista que publicó la investigación. A raíz del dictamen del secretario, Espadas decide elevar al Pleno un acuerdo, que se aprueba por unanimidad, merced al cual el Pleno supedita la permanencia de Sevilla en la Red a la aplicación de los estatutos originales, votados en diciembre de 2014.

El alcalde se obligaba así ante el resto de la Corporación a cambiar los estatutos irregulares  para que su redacción volviera a ser la de 2014. Dicha decisión implicaba tres cosas: expulsar de los órganos de gobierno de la Red a Núñez y Crespo, que se incluyeron en ellos sin permiso; impedir que llevaran a cabo las labores de recaudación y tesorería, y eliminar la cláusula 29i, el único título legal que les permite cobrar, por vía indirecta, de las arcas públicas sin haber superado un proceso de selección previo. Este acuerdo de Pleno se adopta en julio de 2016.

En dicha sesión, Gregorio Serrano, concejal del PP encargado de la interlocución con Núñez y Crespo en el gobierno de Zoido, dijo sentirse “profundamente engañado” por los dos exdirectivos de la Fundación Atarazanas y aseguró desconocer las cláusulas introducidas por éstos para nombrarse socios de pleno derecho y ponerse un sueldo. “Estoy indignado”, aseguró el concejal del PP, que pidió a Espadas que transmitiera a todas las ciudades socias de la Red su decepción por la conducta de Núñez y Crespo.

Espadas incumple el mandato del Pleno. Núñez y Crespo siguieron dentro de la Red porque el alcalde, en lugar de reclamarles la dimisión inmediata, decidió posponer la ejecución del acuerdo durante seis meses. En este tiempo, en lugar de plantear la salida de los dos exdirectivos que habían engañado al Pleno, la Alcaldía negoció con ellos una salida a la situación.

Espadas encargó la tarea a Faustino Valdés, responsable de la imagen externa del Ayuntamiento. El propio alcalde se reunió al menos en una ocasión con los exdirectivos de la Fundación Atarazanas tras la reprobación plenaria. El gobierno local no informó  de dicho en encuentro. Espadas tampoco hizo nunca una desautorización de su conducta, ni siquiera en calidad de presidente de la Red.

El gobierno mantuvo su presencia en actos públicos de la Red, aunque con un perfil más bajo. Valdés prosigue con los encuentros, que incluyen la visita del director-gerente del Ayuntamiento de Lisboa, hasta que llegan a un acuerdo: Espadas decide dar amparo y mantener el sueldo a Núñez y Crespo a cambio de que estos dejen de ser socios de pleno derecho de la Red y abandonen el Pabellón de Colombia, cuya concesión administrativa había expirado bastantes meses antes.

El pacto se cierra con las siguientes condiciones: Núñez y Crespo pasarían a ser “socios de honor” de la Red –toda una ironía– y la secretaria técnica se traspasaba al exalcalde de Sabrosa, valedor de ambos exdirectivos. Ellos quedaban como ejecutivos a su cargo, aunque con la gestión real, ya que el exregidor luso se dedica ahora a organizar el Quinto Centenario de Magallanes en Portugal. Prueba de que se trata de un acuerdo de cara a la galería es que la sede de la Red sigue estando en Sevilla, en dependencias oficiales del Ayuntamiento, mientras que el exalcalde de Sabrosa trabaja en Portugal. La operación se completa con el relevo en la presidencia de Sevilla en favor de Lisboa. Espadas buscaba así dar la impresión de que la tutela de Núñez y Crespo era ya responsabilidad de Lisboa, no de Sevilla.

Los hechos, sin embargo, lo desmienten: el alcalde es ahora vicepresidente de la Red, su segundo mayor contribuyente neto en términos económicos, alberga la sede oficial de la asociación y trata, periódicamente, con Núñez y Crespo en actos públicos.

La decisión de mantenerles el sueldo, adoptada por su propia cuenta y riesgo, incumple frontalmente el acuerdo de Pleno adoptado en julio de 2016, ya que éste anulaba, al remitirse sólo a los estatutos de 2014, la cláusula 29i, que es la que permite a Núñez y Crespo cobrar fondos procedentes de las arcas municipales. Espadas sabía perfectamente que esta cláusula era irregular porque así lo advirtió el informe del secretario municipal. En lugar de eliminarla o discutir su permanencia en un Pleno, opta por mantenerla en la reunión de Lisboa donde se adaptan los estatutos.

El alcalde también votó a favor de la gestión económica de Núñez y Crespo y se comprometió a seguir aportando subvenciones municipales a la Red a pesar de no cumplir el mandato del Pleno. Espadas ni siquiera puede alegar que se olvidó de la cláusula 29i porque en su redacción aparece un leve cambio –el tiempo verbal, que pasa de “serán retribuidos” a “pueden ser retribuidos”– en relación a los términos que constan en los estatutos irregularmente alterados por los dos exdirectivos de la Fundación Atarazanas. Es decir: alteró parcialmente el texto irregular de la cláusula 29i pero la mantuvo vigente. Para cumplir el acuerdo plenario tendría que haberla eliminado.

Contra el mensajero. La publicación por parte del diario El Mundo del incumplimiento del acuerdo plenario de la Red Magallanes hace reaccionar a la oposición. IU escribe una carta al alcalde en la que le pide que aclare la cuestión y el PP, de forma menos expresa, menciona el caso en una intervención sobre la política turística municipal. La Alcaldía, que en su momento rehusó dar al periódico su versión oficial de los hechos, decide guardar silencio. Espadas participa junto a Núñez de la Fuente en un acto público, levantando así el veto preventivo que unos meses antes había aplicado desde el punto de vista protocolario con los dos exdirectivos de la Fundación Atarazanas.

La carta de IU, sin embargo, provoca la ira de de Núñez y Crespo, que ya llevaban meses intentado desacreditar con descalificaciones de índole personal al periodista que firmó la investigación. Tras consultar con sus asesores jurídicos, que les dicen, según confesión del propio Núñez de la Fuente en público, que las crónicas publicadas por El Mundo no son susceptibles de denuncia judicial, ambos optan por cambiar de estrategia. Organizan entonces una rueda de prensa con objeto de atacar públicamente al periodista. La convocatoria de dicha rueda de prensa se envía a los medios con los logos y la imagen corporativa de la Red Magallánica que vicepreside el alcalde. Núñez y Crespo se presentan como secretario y coordinador de la Red. A la cita sólo asiste un periodista. Nadie publica nada, salvo El Mundo.

Contrariados, Núñez y Crespo deciden lanzar dos comunicados, también bajo el amparo de la Red Magallánica, donde intentan difamar al autor de las informaciones –sin aportar prueba documental alguna de sus afirmaciones–, atacan a IU por pedir información a la Alcaldía y se presentan como dos “trabajadores autónomos” que no cobran desde hace meses. Esta última afirmación confirma que sus retribuciones, aunque formalmente se abonen a través de la Red, proceden de las arcas públicas. Si las administraciones públicas no liberan el dinero acordado con la Red, ellos no cobran. La causa es simple: la Red no tiene patrimonio ni ingresos propios. Depende totalmente de las administraciones.

A pesar de que sus abogados les advirtieron que no había base alguna para acudir al ámbito judicial, ambos insisten en desacreditar en público el trabajo periodístico de El Mundo. El alcalde no ha aclarado todavía si reprueba o aprueba la actitud de los exdirectivos de la Fundación Atarazanas. Tampoco ha aclarado si su conducta, al haberse producido no a título personal, sino utilizando la Red Magallanes, sin que conste además el respaldo expreso del resto de las ciudades socias, merece algún tipo de sanción. Su versión es que el acuerdo del Pleno se ha cumplido y que conmemorar el Quinto Centenario de Magallanes es algo valioso para Sevilla. Los hechos y documentos oficiales recogidos en este informe lo desmienten. El Pleno nunca ha votado los sueldos de Núñez y Crespo. Y Espadas ha hecho caso omiso al mandato del mismo Pleno que, hace ahora justo dos años, lo eligió como alcalde.

---

En 27 años de ejercicio profesional como periodista, Carlos Mármol nunca ha sido objeto ni de denuncia judicial por su trabajo ni tampoco ha tenido que acudir a defender su honor en los juzgados. Los constantes episodios de hostigamiento por parte de Núñez y Crespo contra su persona, cometidos al cobijo de la Red Magállanica, cuyo presupuesto se nutre del dinero de los impuestos, han provocado que en mayo de este mismo año, antes de la rueda de prensa organizada la pasada semana para intentar de nuevo desprestigiarle profesionalmente, haya presentado una demanda contra los dos exdirectivos de la Fundación Atarazanas. La denuncia está residenciada en el Juzgado de Primera Instancia nº18 de Sevilla.