Apuntes de Gamonal

A veces una simple protesta de barrio puede hacer que un país dormido abra los ojos. Las manifestaciones de los vecinos de Gamonal (Burgos) en contra del proyecto de su Ayuntamiento para construir un aparcamiento –de pago– y hacer un bulevar en su distrito han tenido una repercusión sorprendente. Lejos de circunscribirse al ámbito local, han terminado por ser un asunto nacional. Habría que reflexionar sobre las causas de este salto de escala. El factor esencial parece ser su intensidad: las protestas focalizaron la atención general porque algunos suponen que en una ciudad como Burgos no es lo habitual. Tendrían que hacérselo mirar: la indignación no tiene sede fija y puede brotar en cualquier sitio. Incluso en las aldeas más tranquilas.

Gamonal se ha convertido en un símbolo. Para unos y para otros. Los primeros lo ven como un Germinal –la novela de Zola– que replica con éxito métodos y mensajes del movimiento del 15-M. Los segundos, enternecedoramente horrorizados, intuyen que en este episodio late un malestar social que puede terminar exportándose. No es necesario: ya existe en todos sitios. Sitúense ustedes en la trinchera que prefieran. A mí me parece bastante reduccionista y demagógico analizar este conflicto exclusivamente en función de sus posibles excesos. No parecen ser lo sustancial, sino lo accesorio. Ningún fin justifica la violencia. Pero, visto desde la distancia, no parece que en Burgos nadie esté abanderando una revolución. Tan sólo se trata de una protesta que se vuelve directa cuando los representantes políticos se niegan a escuchar la opinión de la gente sencillamente porque no les interesa.

El episodio puede tener réplicas en cualquier ciudad española, incluida Sevilla. Probablemente Zoido (Juan Ignacio), que ha condenado los sucesos siguiendo la disciplina argumental de su partido, se lo piense ahora dos veces antes de insistir en su proyecto, sospechosamente parecido al de Burgos, de hacer un aparcamiento subterráneo en la Alameda de Hércules para satisfacer las necesidades de un inversor comercial privado que nadie  conoce. El conflicto de Gamonal nos permite lanzar algunas reflexiones aplicables al ámbito municipal y nacional. No hay demasiada diferencia entre ambos. Son las siguientes:

La democracia es dialéctica. Una de las conclusiones más importantes del estallido social de Burgos es que confirma que, frente a la lectura interesada de la política que hacen los partidos y las instituciones, la democracia no consiste sólo en votar cada cuatro años, conceder un cheque en blanco a los gobernantes y asentir a cualquier cosa que hagan. Muchos vecinos que han participado en las manifestaciones de estos días probablemente votarían al PP en las elecciones. No por eso han de conformarse con las decisiones de sus gobernantes. Tienen derecho a oponerse a ellas y a cambiar de opinión. Algo que los gobernantes no entienden. El problema es suyo. La democracia, sobre todo, es dialéctica. Es bueno para el propio sistema que exista la confrontación de pareceres siempre y cuando no provoque conflictos estériles. No parece ser el caso de Burgos por mucho que a los vecinos se les haya querido criminalizar. Algunos son jubilados: han cotizado durante años. No encarnan el mal cósmico, sino una indignación bastante humana.

Gamonal es una metáfora de España. Burgos escenifica a escala local lo que ha ocurrido en España durante la última década: una alianza de intereses entre los bancos, los políticos y los constructores para enriquecerse a costa de los contribuyentes. La factura de la coyunda la estamos pagando con recortes, desempleo y frustración. El circuito de intereses mutuos entre estos sectores funcionó a la perfección, metiendo al país en una espiral de deuda insoportable, hasta que la música cesó, la burbuja estalló y la ruina se precipitó sobre los más débiles y las clases medias. Ignorar esto al analizar la revuelta es interesado y parcial. No estamos ante un tema local. Es una manifestación del hartazgo ciudadano ante una partitocracia que se hace la sorda y un poder sin contrapeso que quiere seguir obteniendo beneficios a costa de los demás. Escandalizarse porque se destruya un contenedor y ver normal el sobrecoste estructural de casi todas las obras públicas o la insensibilidad de la clase política ante la situación social es un ejercicio –nada inocente– que busca confundir.

Sí se puede. El Ayuntamiento de Burgos no ha tenido más remedio que dar marcha atrás al proyecto. Una muestra de que la presión vecinal obtiene resultados. La victoria, en este caso, no es de la violencia, como sostienen algunos analistas, sino del sentido común: un alcalde no puede, ni debería, ignorar a la gente para la que se gobierna, y que es la que lo eligió, porque un constructor sea su amigo o haya pagado comisiones a su partido, como presuntamente se desprende del caso Bárcenas. Los políticos administran el interés general, no el particular. Votar no significa conceder patente de corso a los gobernantes. Es una muestra de confianza que puede ser retirada en cualquier momento aunque el sistema de representación quiera ignorar esta posibilidad o la vincule de forma interesada con la ingobernabilidad.

El dinero público es de todos. Quienes critican los excesos que se han producido en Gamonal están en su derecho. La libertad les ampara. Lo mismo sucede con quienes han decidido apoyar moralmente la rebelión ciudadana, que buscaba hacerse oír ante un poder municipal que no quería escuchar nada. Es curioso que algunos pongan tanta vehemencia en señalar el coste económico que tiene para el erario público el vandalismo de los propios contribuyentes y pasen de puntillas sobre el desvío constante de los presupuestos en las obras públicas, que también se pagan con el dinero de todos. Se puede protestar sin destruir la ciudad, que es el espacio común. Pero resulta urgente poner límites a los intereses particulares instalados en la mayoría de las administraciones. Lejos hacer política, muchos gobernantes son titulares de despachos de clientelismo cuyo botín es el presupuesto. Cuando un político pide el voto, lo que hace es pedirnos nuestro dinero. Cada uno es libre de prestarle la cantidad que prefiera. Lo que no hace nadie en su sano juicio es dejarle la cartera ni la clave de la tarjeta de crédito.