Es perfectamente natural que en el Quirinale, el egregio palacio barroco donde habita la testa coronada de laurel del presidente de la Junta de Andalucía, exista una honda inquietud ante la posibilidad, cada día más verosímil, de tener que asumir (con cargo a sus presupuestos) la asistencia sanitaria de los 562.445 empleados públicos que trabajan en la gran autonomía del Sur de España, de los cuales al menos 400.000 son mutualistas de Muface. San Telmo calcula en 700 las plazas hospitalarias necesarias para hacer frente a la migración de los funcionarios desde las aseguradoras privadas al Servicio Andaluz de Salud. En este cálculo no se contemplan otros efectos (nada colaterales) de la mudanza: su impacto sobre las listas de espera, tanto diagnósticas como quirúrgicas, o su afección en la atención primaria.
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