Cuadernos del Sur

No deja de ser una colosal ironía del destino, que es quien gobierna nuestros días y atormenta nuestras noches, que el gran teatro del próximo cónclave de Génova esté siendo representado bastantes semanas antes de su celebración por sus principales actores y los habituales monaguillos –entiéndase el término desde el punto de vista descriptivo y funcional, no despectivo– con el argumento de que este nuevo congreso de la derecha española, el primero ordinario en ocho años, conseguirá “el rearme ideológico” del PP ante una batalla electoral sin fecha cierta, pero tan deseada en un bando como molesta para el contrario. Feijóo hace saber así, a aquel que quiera y pueda entenderlo, que la ponencia política que se aprobará en los albores del próximo mes de julio en Madrid será una declaración solemne con “los principios” que no estarán en venta sean cuales sean los resultados electorales. En principio, parece un buen comienzo. Es discutible que sea además un óptimo final. 

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La política española es como un colosal juego de disfraces donde no rige más regla que la demagogia, esa pragmática para conquistar –o conservar– el poder mediante la dominación tiránica de los ciudadanos gracias al (auto)elogio, la exageración, el exceso y la mentira. Si ustedes dudan de esto, queridos lectores, basta con que recuerden el escepticismo, ingenuo y deslumbrante, del gran Josep Pla, que sostenía: “Sin el pragmatismo localista, la política es pura demagogia; y sin las ilusiones superiores es pura mediocridad administrativa”. Salta a la vista que ni el PP ni el PSOE, que medirán sus fuerzas en Andalucía dentro de algo más de un año, puede que incluso antes si se consuma un súbito adelanto electoral, practican la filosofía del idealismo alemán. Su idea sobre los intereses regionales es, en general, escasa o aérea. Para sus dirigentes todas las batallas políticas territoriales son augurios de la guerra estatal. Así que prevalece de forma natural el elemento populista, compartido por todos. 

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Sostenía Wilde (Oscar) que detrás de un moralista lo que se esconde es un hipócrita colosal. No se trata de una regla exacta, pero, al menos en lides políticas, podríamos decir que la descripción se aproxima bastante a ese cóctel de disimulo y descaro que exige el juego del poder. Al mismo tiempo que Feijóo abría esta semana el melón de la renovación en Génova, su principal socio orgánico, el presidente de la Junta de Andalucía, con quien ha compartido sus secretos durante esta Feria de Abril, anunció que la administración autonómica volverá a personarse como “perjudicada” en la causa de los ERE, pendiente de un hipotético recurso ante las instituciones europeas tras la orden de obediencia debida del Tribunal Constitucional. La respuesta de la Audiencia de Sevilla, que fue quien condenó en primera instancia a los altos cargos del PSOE andaluz por los delitos de prevaricación y, en algunos casos, de malversación, ha puesto en un aprieto a la mayoría gubernamental del Tribunal Constitucional y a los expresidentes socialistas Chaves y Griñán, que ya se consideraban amnistiados por este caso de corrupción sin haber llegado siquiera a solicitar dicha medida de gracia. 

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Si el mundo es un objeto terrestre y, al mismo tiempo, una realidad simbólica, como escribió hace ya muchos siglos Salustio, insigne historiador romano, la línea de Alta Velocidad que une Madrid con Sevilla, inaugurada hace más de tres décadas, supuso en aquel entonces la constatación (tecnológica) de que el Sur de España había transitado en apenas una década desde el subdesarrollo hasta la Europa moderna. Un viaje raudo y poblado de espejismos. La perspectiva oficial, entre otras razones por los intereses políticos del momento, exageró bastante las cosas –Roma no se construyó en dos días– pero, en lo sustancial, no mentía: Andalucía descubría que los trenes podían ser mejores que el avión. Silenciosos, puntuales, cómodos y asequibles para todo el mundo. Cruzar Sierra Morena en ambas direcciones había dejado de ser una aventura incierta para convertirse en un grato acontecimiento. 

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La fijación de la doctrina constitucional, por decirlo al modo y manera de Borges, es una rama (la más asombrosa) de la literatura fantástica. No sólo porque la actual mayoría (política) del Tribunal Constitucional nos tenga acostumbrados a determinados actos creativos al emitir sus sentencias –véase el caso ERE en Andalucía–, sino porque, antes de que las controversias alcancen los escritorios de sus magistrados, son directamente los gobernantes quienes, sin pudor, nos ilustran acerca de cómo deberíamos leer la Carta Magna, ahorrándonos la espera de aguardar los dictámenes de los jueces que ellos mismos eligen según sean sus intereses. “La Constitución puede tener matices”, dijo el presidente del Gobierno la última vez que le preguntaron en una rueda de prensa por el evidente incumplimiento constitucional que supone estar gobernando mediante decretos y sin someter a debate en el Congreso los presupuestos generales del Estado. Esta aseveración completa su antológica afirmación –hecha hace menos de un año– de que pensaba gobernar “con o sin el apoyo del Parlamento”. 

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