Cuadernos del Sur

El balance de los seis primeros meses de gobierno de las derechas en Andalucía podría describirse con la misma brevedad que el famoso relato de Augusto Monterroso: “Cuando despertó, el cambio [en vez del dinosaurio] seguía allí”. Pendiente. Sin llegar. Pospuesto. Sin fecha. Igual que la Penélope de Serrat. El bipartito que forman PP y Cs, cuya mayoría parlamentaria depende de la voluntad cambiante de Vox, cumple medio año de mando sin que pueda decirse que haya modificado sustancialmente la situación de la región, sin que exista un calendario para reformar en profundidad la Junta de Andalucía y sin que los grandes asuntos de la agenda pública permitan percibir un auténtico giro en las políticas autonómicas.

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Los senderos de la política en el Sur nunca discurren en línea recta. Son más bien como los meandros de una marisma –Andalucía– que, en ocasiones, adoptan la forma de una ciénaga. Nada es completamente claro. Todo tiene su doblez, su sorpresa, un fondo diferente a lo que indican las apariencias. Un elemento real-maravilloso. Una serie de contradicciones evidentes que, sin embargo, guardan un extraño sentido de la coherencia, aunque no sea necesariamente el ordinario. Algo característico de la cultura meridional, habituada a sumar antagonismos. Ustedes pensarán que desde el 2D gobierna en Andalucía un tripartito tácito –la llamada fórmula andaluza– que articulan PP y Cs (en el Gobierno) y Vox (como socio parlamentario preferente). Es cierto, pero tan sólo es una parte de la realidad. Igual que en los relatos de Hemingway, el verdadero iceberg se encuentra en su mayor parte bajo el agua.

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Decía Quevedo, partidario del escepticismo ante la justicia, que el mayor despeñadero de un individuo es la confianza. Un patrimonio escasísimo y de filiación voluble. En una crisis de credibilidad se encuentra desde hace semanas la juez que instruye la mayor parte de las causas abiertas por corrupción política que afectan a los gobiernos socialistas en Andalucía. María Ángeles Núñez Bolaños, sustituta de Mercedes Alaya, primera instructora de los ERE, ha cogido una generosa e indefinida baja laboral después de que los seis fiscales anticorrupción de Sevilla la hayan acusado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de dilatar la instrucción de varios sumarios judiciales –cuyos delitos corren el riesgo de prescribir– y archivar causas sin ordenar investigaciones indiciarias.

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El cambio político en Andalucía, gobernada por las derechas desde hace medio año, lejos de avanzar, retrocede a toda velocidad y corre el riesgo de quedarse –como se temía nada más constituirse el bipartito entre PP y Cs– en una mera alteración nominativa. Perduran los vicios de siempre, aunque con caras distintas. El ejemplo palmario, que se suma a la ausencia de una verdadera reforma integral de la Junta, es la renovación de la Radio Televisión Andaluza (Canal Sur) y el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), dos instituciones públicas de representación parlamentaria blindadas en el Estatuto de Autonomía que llevan más de un lustro en una situación de ilegalidad al no haber renovado a tiempo sus máximos órganos de gobierno. Un acuerdo tácito entre PSOE y PP, que ignoraron la distribución parlamentaria de la pasada legislatura –cuando Cs y Podemos se sentaron por vez primera en la cámara de las Cinco Llagas–, lo impidió. Desde entonces, los dos grandes partidos han mantenido en una interinidad perdurable a veinte altos directivos del susanato, cuyos sueldos han superado durante esta media década el que cobraba la expresidenta de la Junta.

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El poder consiste, básicamente, en decidir cuánto dinero tienen los demás en el bolsillo y fijar los criterios para repartir lo requisado. A la contribución (forzosa) en favor de una causa religiosa se le denomina óbolo. En la Edad Media se llamaba diezmo. Ahora son los tributos. A juicio de los neoliberales, cobrar impuestos es un atentado contra la libertad; para los socialdemócratas, en cambio, permiten redistribuir (socialmente) la renta. Sobre este asunto ha girado históricamente el reparto del poder territorial en España y la eterna cuestión sobre las autonomías. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, todavía anda ocupado con la investidura, la primera batalla de la nueva legislatura. La segunda será la guerra (inmediata) de la financiación autonómica. Un asunto capital que es la causa última de la mayoría de los discursos políticos: la singularidad vasca, la excepcionalidad navarra o el problema catalán.

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