La Vanguardia

El andalucismo, desde un punto de vista cultural, es una suerte de cristología, lo mismo que la metafísica, al decir de Borges, debe ser entendida como una rama de la literatura fantástica. Las analogías religiosas, en el campo de las ideas políticas, son herramientas muy elocuentes. En primer lugar, porque los nacionalismos –en cualquiera de sus variantes– suelen propugnar un programa redentorista: el largo camino desde unas supuestas tinieblas hacia una hipotética liberación jubilosa. Y, en segundo término, porque a menudo condensan su mensaje en la figura –o el paisanaje– de sucedáneos de profetas e improbables mesías, que interpretan los deseos del pueblo. Andalucía no es una excepción a este modelo, aunque los defensores de su causa nacional hayan insistido durante décadas en que su formulación no es intrínsecamente excluyente, sino integradora, incurriendo en el oxímoron del nacionalismo universalista. Basta leer a Blas Infante, considerado “el padre de la patria andaluza” –esta denominación está sacada del Estatuto de Autonomía, que remite a su vez a un reconocimiento parlamentario de inicios de los años ochenta– para reparar en que su Ideal Andaluz, el misal que anticiparía el autogobierno del Sur de España, y en otros muchos textos salidos de la pluma de este notario de Casares, de cuyo nacimiento se cumplen este julio los 135 años, fusilado por los falangistas en 1936 sin juicio, palpita una forma de misticismo esotérico que entronca con el sustrato cultural que en su tiempo –principios del siglo XX, desde el reinado de Alfonso XIII, incluida la dictadura de Miguel Primo de Rivera, hasta la Guerra Civil, pasando por la Segunda República– alumbró el regionalismo meridional.

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Se atribuye a José Luis López Aranguren, filósofo y uno de los intelectuales españoles que, como tantos otros, pasó del falangismo temprano a convertirse, milagros de la Transición mediante, en una de las figuras más reverenciadas por la izquierda ilustrada en los lejanos años ochenta, la afirmación de que la moral (en política) es un argumento recurrente de la oposición que, una vez alcanzado el poder, se sustituye por el ejercicio indiscriminado del mando. La frase también sirve para describir a Francisco Serrano, juez en excedencia y candidato de Vox en las últimas elecciones en Andalucía; con la salvedad de que el personaje no ha necesitado esta vez ocupar cargos institucionales para ir dejándose por el camino determinadas creencias morales. Le ha bastado ejercer primero el poder privilegiado de un magistrado y, más tarde, participar como actor destacado en la irrupción de Vox en el mapa político, que puso fin a 37 años de poder socialista en el Sur.

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El particular relato de las izquierdas políticas sobre Andalucía se presta con facilidad a la analogía bíblica. Están todos los elementos: un pueblo históricamente pobre, la presencia cultural de la tradición católica, una indudable fascinación por la liturgia y los rituales –que aún pervive–, una estructura social marcada por el elemento familiar –las tribus son una forma social que incide en el concepto del parentesco– y la esperanza (para unos sagrada, para otros civil) de una improbable redención. La autonomía sintetizó en sus orígenes –cada vez más remotos– estos factores culturales en una condensación que primero fue política y, más tarde, cristalizó bajo una fórmula institucional. La equivalencia incluye a todo un ejército de patriarcas –los padres del autogobierno–, una grey acostumbrada a vagar por los desiertos, algunos tabernáculos y hasta las tablas de la ley, en este caso bajo la forma de un Estatuto.

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“El valor de una frase reside en la personalidad de quien la dice, porque nada nuevo puede ser dicho por un hombre”, escribe Joseph Conrad en Nostromo, una novela de 1904 que fabula sobre una intentona de secesión en la patria –imaginaria– de Costaguana a cuenta del control de una mina de plata. Las ‘derechas reunidas’ –PP-Cs-Vox– alcanzaron hace un año y medio el poder en Andalucía dando su palabra de que abordarían, entre otras muchas cosas –en su mayoría pendientes–, una reforma integral en la gran autonomía del Sur, un monstruo con mil caras cuya eficacia administrativa es más que cuestionable, aunque durante casi cuarenta años de gobiernos socialistas haya servido para practicar el arte del nepotismo –en el Mediodía la institución familiar goza de un asombroso prestigio– y tejer una red clientelar que persigue su propio beneficio, aunque sea a costa del interés general. Nada, por otra parte, que no haya sucedido (con variantes) en otros territorios.

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Las desgracias son como las mareas. Se mueven en ciclos, a distintos ritmos. Pueden ser altas o bajas, pero si pretendes navegar, o aspiras a no ahogarte en la orilla, hay que convivir con ellas; observarlas, temerlas y, si puedes, aprovecharlas. La tercera fase del desconfinamiento, que flexibiliza el mando único, ha devuelto a muchas autonomías el poder pleno para ejercer sus competencias, pero al mismo tiempo inaugura para los gobiernos regionales un periodo de incertidumbre. Desde el punto de vista político, los términos de la ecuación cambian: ya no basta con elevar las quejas en dirección a la Moncloa; ahora deben asumirse –en muchos casos en solitario– responsabilidades en primera persona. No todas serán agradables.A excepción del riesgo (cierto) de que se produzca un rebrote de la pandemia, lo que nos obligaría a regresar a la casilla de salida, el principal asunto que van a tener que manejar en los próximos meses las autonomías son los efectos sociales del coronavirus, en muchos casos pavorosos. En Andalucía, donde el número de muertos y contagios ha sido inferior a otros territorios de España, éste es el gran miedo de las derechas reunidas –PP-Cs-Vox–, cuya mayoría política dirige la Junta de Andalucía desde hace año y medio. La encrucijada a la que se enfrenta el gobierno de Moreno Bonilla no es sencilla: las cañas sanitarias de la pandemia, que el Ejecutivo autonómico ha tratado de capitalizar políticamente a su favor, cayendo incluso en cierta exageración, pueden tornarse lanzas en el ámbito económico.

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