Los Aguafuertes

Probablemente también para la coalición de gobierno que (todavía) forman el PSOE y Unidas Podemos. Después de la mayoría absolutísima de Moreno Bonilla en Andalucía, el hecho político que indica que se ha iniciado un ciclo en la política española distinto al que comenzó con la moción de censura a Rajoy, provocado por la alteración de las alianzas parlamentarias previas y el ascenso de Pedro Sánchez a la Moncloa, suenan campanas a difunto en algunas instancias políticas. La afición (sobre todo la periodística) está dividida en los bandos habituales. Muchos, en la posición de firmes. La pandemia reverberay la suerte electoral parece echada a un año y medio del final de esta legislatura agónica. Los próximos meses van ser un calvario. Que la situación es crítica lo demuestra la respuesta con la que Moncloa intenta combatir el efecto arrastre del 19J: un primer momento de efervescencia –léase la cumbre de la OTAN– seguido de una campaña de victimización.

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La vida es una extraña sucesión de ambivalencias. La política, un caudal de ambigüedades. Este martes, el mismo día que la Fundación la Caixa inauguraba en Valencia su CaixaForum, obra del arquitecto Enric Ruiz-Geli, con Isidre Fainé, Ximo Puig y Joan Ribó dedicándose petaladas, que es lo habitual en estos casos, la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, criatura quebrada del Botànic, dimitía entre lágrimas y llantos alegando que su imputación judicial –por una supuesta negligencia (y acaso mala fe) a la hora de proteger a una menor de la que había abusado su exmarido– suponía una “victoria de los malos”. La exposición elegida para abrir el centro cultural, comisariada con el British Museum, está consagrada a los faraones de Egipto. Mejor dicho: a sus vestigios, porque dejaron de existir hace milenios. No se nos ocurre metáfora con mayor alcance sobre la evaporación del poder terrestre. Los imperios caen, las civilizaciones se hunden.

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Que España es un país imposible lo sabemos todos. Mucho más discutibles son las razones de tal condición. Hay quien piensa que se debe al fanatismo de los nacionalismos periféricos que aspiran, sobre todo, a ser centros de sí mismos. Dado que no pueden cambiar la geografía, intentan reescribir la historia, madre y maestra del tiempo, para que con el decurso de los años y la idiotez ambiental (creciente) todos piensen igual que ellos. Otros, en cambio, creen que el motivo íntimo del eterno circo político español es la excesiva tolerancia –pueden llamarla también generosidad, si se sienten piadosos– del Estado (la representación política de España) con las diversas minorías que reclaman la independencia, generalmente sin saber manejar en favor del bienestar de los ciudadanos el autogobierno concedido por la Constitución. Ambas perspectivas son ciertas y, sin embargo, también incompletas.

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Uno de los debates que mejor definen el deterioro de la democracia en España, cuya misión debería ser diluir los dogmas naturales como patrones únicos de conducta social, es si tiene más valor jurídico una ley sancionada o los acuerdos políticos coyunturales adoptados por una mayoría representativa. La cuestión tiene algo de metafísica y, al mismo tiempo, recuerda al viejo acertijo del huevo o la gallina. ¿Qué vale más? ¿Una coyunda o lo que dicta la ley? Se trata de una discusión recurrente. Entre otras cosas porque quienes legislan –meros empleados de los distintos partidos políticos– acostumbran a tener una visión sagrada de su función que les hace considerar, en un alarde de vanidad, que gozan de inviolabilidad e infalibilidad. Dos atributos divinos. La patología es general. No está circunscrita a un territorio concreto. Es indiscutible que el nudo del procés la formuló al oponer la legislación constitucional al pacto independentista. La diatriba vuelve a repetirse ahora a cuenta del uso de las lenguas en Cataluña. 

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Resulta enternecedor, por no decir asombroso, el tránsito de Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del gobierno, desde la irrelevancia pública –sus inicios en la política municipal, las aspiraciones de mando en el tablero gallego– hasta una cumbre (institucional) obtenida por una decisión digital de Pablo Iglesias, antes de que Podemos y sus sucesivas mutaciones empezara a inmolarse en la hoguera de su frustración. La política gallega, abogada laboralista, ayudada por el factor femenino –que ahora se considera un mérito de partida, igual que antes se entendía justo en sentido contrario– y el efecto de la novedad, atrajo desde el principio la atención mediática, sin que dicho protagonismo obedeciera a logros de gestión. Antes de aprobar la última reforma laboral, que deja sin tocar el precio del despido a cambio de considerar como indefinidos los contratos discontinuos, susceptibles de ser extinguidos sin demasiados problemas, Díaz ya era vista como un peso fuerte en un gobierno de coalición surgido de la debilidad mutua entre el PSOE y Unidas Podemos tras las elecciones generales de 2019.

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