Los Aguafuertes

La fachada de la catedral de Sevilla, como ocurre en otras muchas ciudades universitarias de España, está adornada con unas antiguas pintadas de color almagre –los vítores— que, según la tradición académica, perpetraban los egresados universitarios para celebrar el final de sus días de estudio tras recibir el doctorado. Son una suerte de graffitis –mucho antes del graffiti– que han terminado convirtiéndose en patrimonio histórico. Una forma de gamberrismo a la antigua usanza para celebrar el término (irreal) de una vida consumida entre libros y clases. A Cifuentes​, la (todavía) presidenta de esa ficción que es la Comunidad de Madrid, aún no se le reconoce la autoría de ninguno, aunque tampoco es descartable. Sería un gran colofón para su inquietante carrera académica, cuya sostenida impostación a lo largo del tiempo probablemente le cueste el cargo y su honra (política). Todo un logro en un país que ha pasado de tener el mayor porcentaje de analfabetismo de Europa a despreciar la sabiduría y condenar en público esa impertinencia (para los ignorantes) que es la erudición.

Los Aguafuertes del lunes en Crónica Global.

Uno de los (falsos) mitos que ha logrado colocar en la agenda mediática internacional el independentismo catalanufo, que congrega bajo la sombra (subvencionada) de la misma causa a los pijosde la Upper Diagonal y a los carlistas del país interior, es que el prusés es un proyecto democrático y pacífico. Donde se vota (aunque sean pantomimas) y reina la libre elección. Eso cuentan los exiliadosde la diáspora dorada, que no son tales, sino simples fugados de la justicia. Lo repiten también los políticos presos –cada vez más– al invertir los términos de su denominación para dotarse de una dignidad que no conocen ni por el lomo.

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El escándalo por la supuesta utilización irregular de las bases de datos de Facebook para organizar campañas sucias de propaganda política, revelado por The New York Times, ha hecho perder un diez por ciento del valor de sus títulos bursátiles a la compañía de Menlo Park en apenas unos días, aunque las últimas noticias apuntan a una paulatina recuperación de su precio. Los centros de poder político y económico mundial están en alerta tras el suceso, que encabeza la agenda política mundial y esta semana copa la portada de The Economist. La compañía liderada por Mark Zuckerberg se encuentra sumida en lo que los expertos en comunicación llaman una crisis de reputación. En juego hay mucho dinero –probablemente demasiado– y el uso fraudulento de datos particulares con fines espurios.

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Decíamos ayer, a la manera de Fray Luis, que nuestros ilustres diputados, especialmente los que profesan en las filas del bipartidismo, pero también aquellos que llegaron hace poco a las alfombras vendiendo un aire nuevo que es como el que venden enlatado en las tiendas de los museos, se mueven más por intereses particulares que por cuestiones generales. Tras ver el espectáculo del Congreso​ en el debate sobre la prisión permanente revisable, que ha vuelto a demostrar cómo se puede manipular la vida de los demás, constatamos que la democracia española aún no ha entendido nada lo que está sucediendo en la calle ni en las casas de quienes se supone que representa.

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El malestar social es como un resfriado: se incuba en solitario, pero se manifiesta en público. En las últimas semanas el ruido de la calle desmiente con hechos los discursos oficiales que nos hablan de recuperación, progreso, el final del túnel negro de la crisis y demás milongas. Mientras la agenda política se dedica a averiguar quién diablos es el nuevo ministro de Economía, y el Catalonian Circus ejecuta su interminable farsa non stop people, la gente del común continúa teniendo que salir a la calle para reclamar cosas básicas. Concretas. Nada de distopías identitarias. Los pensionistas exigen que sus jubilaciones se actualicen con el IPC tras décadas de cotización inútil. Las mujeres piden soluciones efectivas ante la injusta brecha salarial y otros espantos. En el Sur se preparan nuevas mareas ciudadanas en defensa de la sanidad pública. Los funcionarios, privilegiados cada vez que hay rumores de un hipotético adelanto electoral, consiguen lo que nadie más: ganar más dinero trabajando menos.

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