Los Aguafuertes

“No hagas muchas pragmáticas; y si las hicieres, procura que sean buenas y, sobre todo, que se guarden y se cumplan”. El excelente consejo que don Quijote, ese demente maravilloso, da por escrito a Sancho Panza, su escudero, cuando adquiere la condición –tan anhelada– de gobernador de la Ínsula Barataria (Capítulo 51 de la Segunda Parte), no lo ha seguido casi nadie en España. Muestra de lo lejos que estamos del sentido común y prueba (irrefutable) de cómo la obstinación por convertir este viejo país en una ensaladilla de nacionalidades acaba lesionando los derechos fundamentales de la gente, en bastantes ocasiones con su aplauso decidido y, lo que es todavía más llamativo, incluso con su propio voto. Es una paradoja ibérica. Porque no deja de ser una ironía del destino que aquellos que postulan la ficción de la España Plurinacional lamenten a continuación, sin rubor, las graves dificultades que abundantes capas de la población –sobre todo los más jóvenes y muchos que han dejado de serlo– tienen para comprar una vivienda o alquilar un piso. Tener un techo se ha convertido en una misión imposible en esta España cuyo gobierno no puede gobernar –porque no ganó las elecciones y sólo ha sido capaz de articular una mayoría parlamentaria para la investidura– y, según auguran algunas crónicas, puede terminar derrumbando al Ejecutivo en cuanto se vuelvan a abrir las urnas.

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Es una constante en la Historia de España: cuando el Estado muestra síntomas de debilidad ante sus enemigos, los nacionalismos (externos e internos) aprovechan para disfrazarse de víctimas, agitar los agravios –en buena medida, imaginarios– y establecer una dicotomía (inmoral, pero que simula ser todo lo contrario) entre la pérfida metrópoli (la nación española, en unos casos; Madrid, en otros) sus antiquísimas colonias o los territorios que aspiran a la independencia. Cabría preguntarse qué ha hecho mal España para, más de un siglo después de perder sus posesiones de ultramar (Cuba y Filipinas), y tras cuarenta años de la reinstauración de la monarquía parlamentaria, tenga que padecer el desprecio de repúblicas (reales o imaginarias) cuyo único fundamento es la negación tribal de su origen mestizo. El último episodio –de ayer mismo– es el desaire de la nueva presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, al no invitar a Felipe VI a su inminente toma de posesión. El Rey, en su condición del jefe del Estado, tiene encomendadas las altas labores de representación de España, especialmente –prescribe la Constitución– “con las naciones de su comunidad histórica”. Esto es: las repúblicas que fueron parte de la Hispanidad, con las que compartimos la lengua, la historia, una cultura común y, obviamente, relaciones de índole comercial.

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No deja de ser un suceso irónico que Pedro I, El Insomne, tras el último comité federal del PSOE, convertido ya en una extensión del sanedrín del PSC después de la rendición de los socialistas del Sur al absolutismo que rige en todas las izquierdas (sin excepción), haya hecho desde China una matización tardía a su inquietante afirmación de que su voluntad es gobernar “con o sin el concurso del Poder Legislativo”. Si semejante declaración la hubiera hecho, incluso con toda la anestesia del mundo, cualquier jefe de las escuadras de la derecha ya estarían ardiendo los jardines de la Moncloa. Pero como su autor –“the one and only”– es quien controla la cúspide del PSOE, los teólogos del equipo de opinión (sincronizada) guardan una inquietante discreción no exenta de estupor: “¿De verdad dijo el presidente lo que oímos todos o se trata de una súbita ensoñación?”. Lo dijo, sin duda. Cuestión distinta es cómo interpretar tal enunciado.

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La riqueza de unos suele ser la pobreza de otros. Parece una profecía bíblica y, en efecto, el acuerdo de financiación singular –léase concierto catalán– que han rubricado el PSC y ERC sin que en el resto de España, cuyas regiones van a verse afectadas por este nuevo modelo de la asimetría territorial, se haya debatido la propuesta, se vote o se formule en los términos de lo que es –una mutación (sin contar con el respaldo ciudadano) de la Constitución– se parece bastante a los versículos del Antiguo Testamento. Nace de la avaricia y provoca ira. El Ejecutivo de Sánchez (y lo que va quedando de Sumar) guarda silencio sobre cuál va a ser su impacto o directamente miente, actitud que desde sus propias filas le ha reprochado indirectamente Josep Borrell, sin duda el último hombre cuerdo del PSC. La operación dista de ser una mera propuesta. Al rubricarse en un pacto de investidura –la de Salvador Illa– su cumplimiento es la única forma posible, salvo sorpresas, de que el nuevo Govern, cuya situación parlamentaria es frágil y puede ser coyuntural, perdure.

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