Las elecciones del Colegio de Arquitectos de Sevilla enfrentan a Ángel Díaz de Río con sus antecesores en el cargo y las dos listas, lideradas por mujeres, que le disputan el decanato, en el que pretende continuar tras dieciséis años de polémica gestión.
El decano (en funciones), que eliminó en 2011 la limitación de mandatos para perpetuarse al frente de la institución, intenta controlar el proceso electoral y usa resortes institucionales, entre ellos los órganos disciplinarios, para disuadir a sus rivales.
La junta de gobierno del Colegio de Arquitectos de Sevilla (COAS) envió hace unos días a sus 2.200 colegiados un comunicado en el que, sin citar expresamente las fuentes a las que se refiere, intenta rebatir los argumentos de un artículo de opinión publicado en el diario El Mundo (La guerra de los arquitectos), así como otra información aparecida esta semana en el periódico Abc. Ambos textos mencionan los enfrentamientos existentes en el seno de la entidad que representa a los arquitectos sevillanos. El primer conflicto afecta al decano en funciones, Ángel Díaz del Río, con cuatro de sus antecesores (Manuel Tarascó, José García-Tapial, José Luis Jimeno García y Francisco González de Canales), que han escrito una carta pública en la que le acusan de intentar perpetuarse en el puesto en contra del espíritu histórico de los estatutos del COAS y piden la suspensión de estas elecciones. El segundo litigio implica a Díaz del Río –que se presenta con la candidatura Reto 2020 a la reelección en el cargo, en el que lleva ya dieciséis años de forma ininterrumpida– con las dos listas alternativas, ambas lideradas por mujeres, que concurren a los comicios que se celebrarán el próximo día 29 de Mayo: Todos somos COAS y Yo también soy COAS.
El enfrentamiento entre las tres candidaturas, al igual que ha ocurrido en elecciones anteriores, ha provocado una guerra abierta entre los arquitectos sevillanos. La dirección del COAS, que se encuentra en situación interina, ya que la institución está en pleno periodo electoral, está utilizando los cauces institucionales que tiene a su disposición para emitir comunicados con los logos y las marcas del Colegio de Arquitectos –en lugar de usar los membretes de la correspondiente candidatura– con el fin de ganar la batalla interna. Esta guía informativa aporta fuentes (ampliables mediante los enlaces en negrita), documentos y un relato general de hechos sobre la convulsa situación interna del COAS para que el lector saque sus propias conclusiones.
La limitación de mandatos
El primer motivo de polémica consiste en la limitación de los mandatos electorales de los decanos del COAS. La candidatura de Díaz del Río dice sobre esta cuestión: “En los estatutos del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla no existe la limitación de mandatos. No existe ni un sólo artículo al respecto, pero es más, en los estatutos y reglamentos que sirvieron para ordenar el Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental, que vino a ser después el COAS, no existió nunca la limitación de mandato”. No hay peor mentira que una media verdad. La limitación de mandatos es una cláusula histórica de los estatutos del COAS. De hecho, figuró en ellos hasta 2002. Díaz del Río, que durante los mandatos previos formó parte de la junta de gobierno en cargos secundarios, asume el decanato en 2001. Entonces dicha cláusula estaba vigente: su tiempo de gobierno estaba pues tasado en seis años, sin prórrogas.
Pero tres años después, en 2004, acometió unilateralmente una reforma del marco jurídico del COAS para eliminarla. Elabora entonces unos nuevos estatutos a la carta cuya validez jurídica no se produce –dependía de la correspondiente publicación oficial– hasta 2011. Esto es: siete años después. Los nuevos estatutos redactados por Díaz del Río, donde ya no aparece ningún tope de de mandatos para los decanos, fueron validados internamente en una asamblea del COAS por apenas el 2,6% del cuerpo electoral: 69 de los entonces 2.600 colegiados. Esta aprobación formal no tuvo trascendencia jurídica porque para su aplicación efectiva era necesaria la ratificación de órganos superiores y la publicación en el boletín de la Junta de Andalucía. En las elecciones de 2008, a las que Díaz del Río concurría por tercera vez, no se encontraban jurídicamente en vigor. Por tanto, al no contar con autorización superior, ni haber sido publicados en el BOJA, no eran válidos. Los únicos estatutos vigentes en ese momento eran los de 2002, que impedían al decano del COAS presentarse. Díaz del Río, sin embargo, concurrió a los comicios en medio de una fuerte polémica causada por una orden de inhabilitación en su contra emitida por el órgano profesional superior: el Consejo Andaluz de Colegio de Arquitectos (CACOA).
El decano salvó la situación gracias a un auto judicial de naturaleza cautelar emitido a instancia suya y sin que el magistrado que lo promulgó –Francisco Pleite– diera audiencia previa a las partes implicadas en el conflicto. Técnicamente fue una «suspensión inaudita altera parte». El juez nunca entró a dilucidar el fondo de la disputa. Ni convocó al CACOA ni a la Junta de Andalucía para oír su versión. Tampoco explicó los motivos –más allá de una hipotética urgencia– por los que adoptó tan singular decisión. Díaz del Río pudo así concurrir a las elecciones de 2008 a pesar de que los estatutos del COAS se lo prohibían. De esta forma logró aplicar de facto, y antes de tiempo, esta reforma estatutaria sin validar, hecha para favorecer su permanencia indefinida en el decanato. Los comicios de 2008 se saldaron con su triunfo gracias al voto delegado frente a la lista que lideraba el urbanista José Carlos Babiano. Fue, no obstante, una victoria sub iudice, al producirse con un marco legal puesto en cuestión en los tribunales.
La validez de los comicios fue discutida desde el primer día por una parte de colegiados, aunque el mandato se prolongó durante tres años, al término de los cuales el decano del COAS volvió a optar al cargo, pero ya con un marco jurídico válido. La polémica, sin embargo, fue relativizada por Díaz del Río en el comunicado remitido entonces a los colegiados, también a través de los cauces institucionales del colegio. El conflicto con los cinco exdecanos del COAS había salido ya publicado en prensa. Así que Díaz del Río no tuvo más remedio que difundir la primera carta abierta de sus antecesores, donde le advierten que estaba incumpliendo los estatutos. Proclama, eso sí, su particular versión de los hechos, donde obvia decir que sus estatutos no están en vigor, sino en tramitación. La situación de interinidad estatutaria en el COAS duró hasta 2011, cuando los estatutos modificados fueron publicados en el BOJA. Es entonces, y no antes, cuando se elimina la limitación de mandatos para elegir al decano del COAS.
La situación financiera
La segunda discusión entre los arquitectos sevillanos versa sobre cuál es la situación financiera del COAS. Díaz del Río asegura en el comunicado de la junta de gobierno que la institución “no ha estado en ningún momento al borde de la quiebra”. Y añade: “En la corta vida del Colegio de Arquitectos de Sevilla desde el 2001, el patrimonio neto, en el momento más crítico, ha sido de casi 1.700.000 euros, y así consta en la última auditoría realizada, ejercicio 2015. Destacando, además, un incremento en el inmovilizado [patrimonio no líquido] próximo al millón de euros. Cosa muy distinta es que tras nueve años de brutal crisis en el sector, haya habido falta de liquidez en alguna situación puntual”. Esta afirmación no se corresponde exactamente con el diagnóstico del Plan de Viabilidad del COAS elaborado por el Bufete Imagen en marzo de 2015. Este documento, cuya extensión supera las 77 páginas, fue encargado por el propio Díaz del Río a Sebastián de Soto Rioja, catedrático de Derecho Laboral. En su elaboración participó también el economista José Parra Casado, auditor de la firma PC Asesores.
En él se analizan las magnitudes contables, fiscales, laborales y en materia de Seguridad Social del Colegio de Arquitectos. A juicio de estos especialistas, a los que el decano acudió ante la gravedad de la situación económica por la que atravesaba la institución, aunque ahora la niegue ante los colegiados, el COAS estaba en una situación financiera cercana a la suspensión de pagos. Literalmente, el dictamen decía que la entidad colegial se encontraba en una coyuntura «insostenible» y “muy próxima al colapso”. Además de esta documentación oficial, los hechos no dejan lugar a las dudas. Quizás el más nítido sea la decisión del decano de intentar salir del trance recurriendo a gastar los tres millones de euros de remanentes de tesorería recaudados durante los años de la burbuja inmobiliaria, y cuyo uso había sido comprometido para otros fines, como sufragar proyectos de inversión, entre ellos la restauración del Pabellón de Finlandia en la Cartuja, que nunca llegó a realizarse. Esta decisión in extremis sirvió para ganar tiempo.
Tras consumir estos fondos extraordinarios, la falta de liquidez del COAS se convirtió en crónica. La junta de gobierno solicitó entonces el aplazamiento del pago de determinados tributos e inició un plan de despidos (calculado para el 17% de la plantilla, pero que terminó extendiéndose al 30%) tras congelar la masa salarial –por supuesto sin eliminar las dietas de los directivos–, reducir la jornada de trabajo y suprimir o remodelar servicios como el departamento de asesoramiento urbanístico –conveniado con distintas instituciones públicas, que pagaban su coste–, el archivo y parte del servicio de informática.
El COAS dejó de prestar servicios a sus colegiados, les subió las cuotas por encima del IPC y buscó fórmulas para cobrar nuevas tarifas a su masa social. Algunas de estas medidas se implantaron. Otras, como el «plan de urgencia» para subir a los arquitectos sevillanos las cuotas obligatorias hasta un 10% y suscribir un crédito por valor de 330.000 euros con un periodo de amortización de ocho años, fueron rechazadas por los colegiados, entre los que ambas medidas causaron incomodidad teniendo en cuenta que dichas propuestas se producían sin importar las dificultades profesionales por las que pasaba la profesión debido a la crisis y al hundimiento de la obra pública y privada, que ha obligado a muchos profesionales a salir a trabajar fuera. Fue la primera votación que Díaz del Río perdía ante los colegiados presentes en una asamblea. Un claro síntoma del malestar existente.
La situación era límite y comprometía, según admitieron por escrito los propios miembros del equipo de Díaz del Río, «la solvencia y tesorería» de la entidad, afectando incluso «el cumplimiento de los compromisos [de pago] ordinarios, incluida la atención de las nóminas». Esta coyuntura sólo se explicaba parcialmente por el descenso de visados urbanísticos, que suponían la mitad de los ingresos de la entidad. La crisis erosionó, especialmente entre 2008 y 2012, la recaudación por este concepto, pero esta tendencia parecía estar ya tocando fondo con respecto a los peores años de recaudación. En 2014 ya se tramitaron más visados de proyectos básicos y de ejecución que en 2013. Y el número de colegiados, que había descendido en 423 personas desde 2008, se había estabilizado. La subida de cuotas ordinarias trataba precisamente de compensar la caída numérica de contribuyentes del COAS. El problema era el tiempo: los gastos ordinarios, y sobre todo el desvío de fondos en favor de la Fundación FIDAS, que nunca dejaron de producirse, aunque circunstancialmente tuvieron que reducirse, pusieron al colegio al borde del abismo. Según los balances de los ejercicios presupuestarios correspondientes al periodo 2011-2014, la acumulación de pérdidas de la institución, a fecha abril de 2015, ascendían a 1,76 millones de euros. Un importe que superaba los ingresos del colegio en un ejercicio presupuestario.
Los consultores que elaboraron el Plan de Viabilidad fechan los primeros síntomas del «desequilibrio» presupuestario en los ejercicios de 2005 y 2006. En su opinión, el Colegio de Arquitectos de Sevilla no pasaba –como asegura Díaz del Río en el último comunicado de la junta de gobierno– por una situación puntual de falta de liquidez debida a cuestiones laborales, sino que hubiera colapsado si el decano no recurre sistemáticamente desde 2010 al superávit histórico –los citados remanentes de tesorería recaudados en tiempos de la burbuja inmobiliaria– para compensar las partidas de gasto corriente. Este desvío de fondos incumplía acuerdos adoptados en asamblea por los colegiados, que sólo los autorizaron para inversiones patrimoniales.
Agotados los remanentes de tesorería, los consultores contratados por el COAS afirman en el Plan de Viabilidad que «sólo una acción de endeudamiento neto [préstamos] o de venta o afectación de bienes y efectos patrimoniales permitirá a la entidad colegial garantizar coyunturalmente el cumplimiento de sus futuros compromisos» de pago. Especialmente grave era, según el Plan de Viabilidad, la situación de la tesorería del COAS, que los consultores califican como «límite» y que, a su juicio, comprometía su «solvencia y sostenibilidad».
Las pruebas más evidentes de la situación de quiebra potencial por la que pasaba la institución fueron las citadas operaciones con terceros para «dilatar» el pago de la cuota de IVA del cuarto trimestre de 2014 y la intención del decano de suscribir, como medida de urgencia, una póliza de crédito con alguna entidad financiera. La versión oficial de la junta que preside Díaz de Río no se corresponde con el dictamen de sus propios técnicos, externos al propio COAS. Prueba de que la actividad inmobiliaria empezaba a mejorar es que un año y medio después, en diciembre del pasado año, no por casualidad en un periodo muy cercano a las elecciones, y con el objeto de combatir una propuesta elaborada por algunos colegiados críticos con su gestión, Díaz del Río lleva a aprobación una reducción de las cuotas colegiales del 15%. De esta forma intentaba diluir el malestar existente por los incrementos previos en las tarifas de colegiación, producidos en paralelo a la reducción de servicios.
El ‘agujero negro’ de FIDAS
La tercera cuestión que marca la guerra en el seno del COAS tiene que ver con FIDAS, la fundación para la Innovación y Difusión de la Arquitectura cuya sede es el Pabellón de Finlandia en la Cartuja. Esta entidad está regida por un patronato que es una réplica en tamaño reducido de la junta de gobierno del COAS. En él se sientan, en algunos casos como miembros vitalicios, Ángel Díaz del Río, José María Gentil, Jesús Castañer, Juan Carlos Cordero Magariños, Bernardo Gómez Stern, Victor Moreno, Pedro Moscoso, Gonzalo Prieto y Marcelino Sánchez Nari
o. Un cambio en la junta de gobierno del COAS obligaría a renovar una parte de los miembros de este patronato, pero éstos nunca tendrían la mayoría en el seno de la fundación debido a la presencia de los patronos vitalicios. La dirección ejecutiva de la Fundación está encomendada a Enrique Soler, que no es cargo electo en el COAS, pero en las asambleas del Colegio es quien habitualmente explica la gestión presupuestaria de la junta directiva, que técnicamente considera a FIDAS un ente exógeno al COAS a pesar de funcionar con el dinero que sale de las cuotas colegiales. El vínculo económico entre ambas entidades es nítido con independencia de su diferente estatuto jurídico: si FIDAS tuviera mejor situación económica, o no recibiera todos los años transferencias del COAS, los colegiados pagarían cuotas más baratas y la situación financiera del Colegio no sería tan calamitosa como describe el Plan de Viabilidad, cuya elaboración se encargó sencillamente porque la entidad no era viable.
Sobre la naturaleza de FIDAS, Díaz del Río sostiene en el comunicado de la junta de gobierno lo siguiente: «La Fundación FIDAS no es económicamente opaca, está bajo la tutela del Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que tiene por objeto velar por el correcto ejercicio del derecho de Fundación y por la legalidad de su constitución y su funcionamiento, y en concreto, respecto al patrimonio de la Fundación, el control de la adecuación y suficiencia de la dotación fundacional. La relación del Colegio de Sevilla con la Fundación FIDAS es pública y explícita en su contenido y alcance, en la prestación de servicios que FIDAS da a los colegiados del COAS, y en el coste que para el Colegio tiene esta prestación de servicios, y que se propone a la Asamblea General Ordinaria de diciembre de cada año, en la que se aprueban los presupuestos del ejercicio siguiente, y se presentan en el cierre de cuentas de la Asamblea Ordinaria de mayo, en la que se aprueba el cierre de cuentas del ejercicio anterior».
Que se proponga a aprobación el coste de los supuestos servicios que FIDAS presta al COAS –que podría perfectamente prestarlos de forma directa, como ocurre en otros muchos colegios profesionales– no significa que los colegiados controlen sus cuentas, ni puedan inspeccionar sus criterios de gasto, ni acceder a sus facturas. Las cuentas de FIDAS no se llevan a aprobación a las asambleas del COAS a pesar de que recibe anualmente del presupuesto del colegio una donación que es la base de su subsistencia. Los servicios de FIDAS, en realidad, son competencia exclusiva del COAS: si se revisan los estatutos de ambas entidades se observa que las funciones que se asignan a FIDAS son prácticamente las mismas que –estatutariamente– corresponden al COAS. Esta interpretación es la que ha dado la propia junta de gobierno presidida por Díaz del Río ante los tribunales en los pleitos por despido de varios trabajadores del Colegio de Arquitectos. Los magistrados la consideran un «hecho probado». La relación entre FIDAS y el COAS, por tanto, es la de dos hermanos siameses. Salvo que, en este caso, uno de los hermanos –la fundación– se nutre de los haberes del otro –COAS–.
De hecho, la situación de colapso económico del Colegio de Arquitectos está estrechamente vinculada a la transferencia de fondos que la entidad colegial ha venido haciendo todos los años a FIDAS, cuyos criterios de gasto están en cuestión por una parte de los colegiados, que a través de sus cuotas sufragan tanto los gastos del colegio como los de la fundación, que jurídicamente actúa como una entidad independiente que no rinde cuentas ante los colegiados de forma directa. Desde 2012, el COAS ha transferido a FIDAS algo más de un millón de euros, cifra que es sustancialmente superior al coste teórico de los servicios que la Fundación presta al Colegio, que –según cálculos oficiales– ascendería exactamente a 674.533 euros. ¿Se ha producido un vaciamiento financiero en el COAS en favor de FIDAS? Los indicios apuntan a esta dirección. Los resultados económicos, no obstante, no avalan precisamente este singular procedimiento: entre 2011 y 2014 las pérdidas de Fidas sumaron 297.594 euros.
Llamativamente, a pesar de su exhaustividad, el Plan de Viabilidad encargado por Díaz del Río a los citados consultores externos deja fuera del núcleo su análisis –salvo en lo que se refiere a pagos correspondientes a finales de 2014– a FIDAS. De esta forma la junta de gobierno convierte a FIDAS en una entidad opaca para los colegiados, que pagan buena parte de sus gastos sin intervenir en su gestión. La supervisión del Protectorado de Fundaciones es meramente formal. Se limita a informar las cuentas oficiales de FIDAS, no a controlar su gasto ni su funcionamiento interno. En cifras generales, se estima que FIDAS ha recibido en los últimos diez años más de 6,1 millones de euros procedentes de las cuotas del organismo que agrupa a los arquitectos sevillanos. Esta cantidad se aproxima a los teóricos ingresos íntegros de la entidad colegial durante casi cuatro años. FIDAS, que se rige por una normativa diferente al Colegio, y que no somete sus cuentas ante los colegiados, ha llegado a generar pérdidas acumuladas por 297.594 euros. La sobrefinanciación de la que ha gozado en perjuicio del COAS, que puede cifrarse en 4,6 millones de euros, es una de las causas de la última crisis económica de la entidad que agrupa a los arquitectos sevillanos.
La historia de FIDAS recoge desde el principio, a finales de los años noventa, problemas financieros. Nada más ser creada tuvo que abandonar su actividad por falta de viabilidad. Pero en 2004, cuando Díaz del Río ya estaba tramitando los estatutos del COAS que garantizaban su permanencia en el decanato, resucitó con un fondo fundacional de 510.860 euros, en cuyo cálculo se incluía el Pabellón de Finlandia –su sede– por decisión de la junta de gobierno del COAS. Oficialmente es una entidad sin ánimo de lucro cuya tarea es difundir la arquitectura. En realidad funciona como un Colegio de Arquitectos paralelo no sometido al control de los arquitectos a pesar de que consume parte de las cuotas colegiales, que incluyen en un pago único las aportaciones de la masa social del COAS tanto para la institución colegial como en su favor.
La inyección de dinero del Colegio de Arquitectos en favor de la fundación ha sido constante desde 2004, cuando la partida transferida sumó 619.367 euros. No es el único dinero que el COAS desviaba a FIDAS: entre 2004 a 2007 la fundación recibió 0,8 millones para rehabilitar el Pabellón de Finlandia. A pesar de que los fondos salieron de las arcas del Colegio, la reforma no se realizó. Del total del dinero que el COAS ha destinado a FIDAS en el último decenio, el 50% (3,2 millones) fue desembolsado entre 2004 y 2008, en plena burbuja inmobiliaria. El COAS presentaba entonces superávit. Todo cambió en 2008, cuando el ciclo económico viró y el Colegio entró en pérdidas. En 2009 la aportación del COAS para FIDAS cayó a 385.000 euros al año, cifra que se mantuvo inalterable hasta 2012 a pesar de que el déficit del COAS desde entonces no hizo sino crecer Los problemas económicos provocaron el despido de un tercio de la plantilla y la reducción de servicios. Si se hubiera cortado entonces la financiación de FIDAS, un ajuste lógico en un momento de dificultades, las deudas acumuladas por la institución colegial entre 2008 y 2012 se habrían reducido casi a la mitad y el déficit acumulado hubiera sido inferior a los ingresos teóricos de un año con ingresos bajos. Pero Díaz del Río mantuvo las transferencias hasta 2013, recortándolas parcialmente a partir de entonces en 55.000 euros.
¿Cuánto dinero necesitaba realmente FIDAS para funcionar? Indudablemente, menos de lo que ha recibido. El coste real de sus servicios al COAS, según datos oficiales, oscilaría entre 155.000 y 160.000 euros al año. La diferencia de estas cantidades con respecto a lo transferido en diez años suma 4,6 millones de euros. Hasta el propio COAS admite esta «sobrefinanciación» en FIDAS. Lo ha hecho en tiempos muy recientes, cuando la falta de liquidez se consolidó como un problema crónico. La partida de FIDAS para 2014, presupuestada en 330.000 euros, se mantuvo sin embargo sin variación mientras el Colegio despedía a sus trabajadores (el ajuste laboral costó 0,9 millones en indemnizaciones) y consumía todas sus reservas presupuestarias, que alcanzaron los 3 millones de euros. Hasta diciembre de 2014, cuando los asesores del COAS advirtieron que la coyuntura era «insostenible», Díaz del Río no congeló las aportaciones a FIDAS, ingresándole 115.724 euros menos. No fue por voluntad propia. Sencillamente no había más dinero. En los presupuestos de 2015 los fondos para FIDAS caen en 106.200 euros, dos tercios menos de lo presupuestado sólo un año antes. El dinero no ingresado se consigna como débito.
La liquidación de cuentas entre 2011 y 2014 demuestra que de FIDAS gastaba más de lo que ingresaba y perdía dinero. En 2014 sus deudas habían duplicado los 70.906 euros de déficit declarados tres años antes. Su existencia en un momento de restricciones es toda una anomalía porque la fundación realiza tareas del COAS, como el asesoramiento en normativa y legislación urbanística, la custodia del archivo (los fondos son los del Colegio), organiza eventos, tiene un catalogo de publicaciones escaso y desarrolla un plan de formación por dos vías: cursos (de pago) y jornadas técnicas (patrocinadas por empresas). Estas actividades restan al COAS la posibilidad de generar vías de ingresos alternativos a los visados, lo que de facto reduce la función del Colegio a operar como la caja o ventanilla de FIDAS. Prueba de que FIDAS es la prioridad esencial de Díaz del Río es que la dirección del COAS ha gastado algunos años en su fundación más dinero que para instalar el servicio de visado digital o rehabilitar su sede.
Maniobras políticas y elecciones en un puente festivo
La cuarta cuestión que enturbia las relaciones entre las tres candidaturas que se presentan a las elecciones del COAS es de índole política. Se refiere a las supuestas maniobras que Díaz del Río promueve desde su puesto de decano (en funciones) para intentar reducir las posibilidades de sus rivales electorales. Esta cuestión tiene hasta cuatro variantes distintas. Las dos primeras afectan al sistema de votación y a la fecha oficial de celebración de los comicios. La junta de gobierno del COAS ha colocado las elecciones –y no parece ser una decisión casual– entre un fin de semana y el día de San Fernando, que es festivo local. En pleno puente vacacional, lo que indudablemente no contribuye a incentivar la participación de los colegiados. Las sucesivas victorias logradas por Ángel Díaz del Río en los comicios a los que se ha presentado desde principios de este siglo –ocupa el cargo desde 2001– han sido conseguidas mediante el voto por correo, que en realidad se trata de un voto delegado, en vez de con el respaldo expreso de sufragios presenciales.
El procedimiento electoral del COAS está lleno de peculiaridades. Funciona así: la recolección y validación de votos está controlada por el equipo del decano, cuya lista electoral –y en teoría todas las demás– se encarga de conseguirlos entre los colegiados. Una vez recolectados por los propios candidatos –lo que supone una anomalía en relación a cualquier elección ordinaria– son refrendados en la mesa electoral, gobernada por un miembro del equipo decanal, que es quien tiene la última palabra sobre su validez. Este sistema de votación es legal pero históricamente ha sido objeto de críticas. Sin embargo, Díaz del Río, pese a cambiar los estatutos para garantizarse la permanencia indefinida al frente de la institución, reformó esta cuestión para consolidar el modelo del voto delegado a través de intermediarios, cuya derogación es una reivindicación histórica de la oposición interna para mejorar la transparencia. Hasta los exdecanos del COAS han pedido que no se acepten los votos por correo y que únicamente se admitan los sufragios presenciales para que la legitimidad de la lista que gane los comicios sea indiscutible y no –como sucede ahora– objeto de frecuentes polémicas. El decano en funciones se ha negado a acometer esta reforma porque el sistema de voto delegado –cuya recolección exige contar con tiempo suficiente y tener acceso al censo con bastante antelación– le beneficia frente a las candidaturas rivales, a las que sólo se les entrega un censo con el nombre y el número de cada colegiado (sin más datos) y se les imprime un numero limitado de papeletas de su candidatura muy inferior al de posibles votantes.
Las tercera derivada política del conflicto existente en el COAS tiene que ver con el proceso electoral. A pesar de que cada candidatura que concurre a los comicios tiene que tener acceso al censo con antelación suficiente, utilizar los canales de comunicación oficiales y gozar de libertad de acción electoral, Díaz del Río ha tratado este año de promover –sin éxito– unas reglas electorales que, bajo el supuesto amparo formal del CACOA, órgano donde el decano sevillano goza actualmente de apoyos políticos favorables, limite la libertad del resto de candidaturas. Este acuerdo de funcionamiento electoral se establece por escrito. Y, según su texto, obligaba a los candidatos a decano a no hacer ni organizar actos informativos, de debate y difusión de sus candidaturas en la prensa y en los medios de comunicación. Literalmente lo que persigue con él es que las elecciones se produzcan sin que haya debate público alguno. En silencio.
De esta forma, Díaz del Río trata de reducir la visibilidad pública de sus rivales y, sobre todo, controlar su presencia mediática, ya que supedita cualquiera tipo de acción electoral publica a una negociación previa. El decano utiliza también los servicios del gabinete de comunicación del COAS para su candidatura. En comicios anteriores, los medios de comunicación gestionaban sus peticiones sobre la candidatura del decano con el gabinete del COAS, el cual también elabora el resumen de prensa que, bajo el formato de newsletter, se envía a diario a todos los colegiados. Dicho documento, que es un servicio colegial sufragado con el presupuesto de la institución, excluye sistemáticamente cualquier publicación o artículo que no concuerde con las demandas personales de Díaz del Río.
Paradójicamente, los comunicados institucionales que el decano (en funciones) envía para intentar desmentir –sin documentación que avale sus afirmaciones– las noticias o columnas de prensa que le desagradan se refieren casi siempre a informaciones cuyo conocimiento previamente ha hurtado a los propios colegiados. De esta forma trata de controlar toda la información relativa al COAS y al ejercicio de la profesión en Sevilla. En los tiempos de superávit, Díaz del Río, generalmente a través de FIDAS, pero acompañado por empleados del COAS, solía financiar viajes con periodistas a destinos internacionales –Venecia, Berlín, Roma, Lisboa– con motivos diversos. Intentaba incluso elegir personalmente a los redactores a los que invitaba el COAS, una decisión que corresponde en exclusiva a la dirección de los medios de comunicación. Las relaciones con los medios de comunicación también han adoptado en otros casos la forma de patrocinios, encuentros y comidas privadas con directivos de prensa, a cuyo acceso directo recurre el decano siempre que teme que puedan publicarse noticias que perjudiquen su imagen personal y su figura pública.
La cuarta cuestión, probablemente la más delicada de todas, tiene que ver con la presunta utilización que hace Díaz del Río de órganos colegiales tan importantes como la comisión de ética y deontología del COAS, órgano interno que debería velar por el correcto ejercicio profesional, pero que periódicamente es usado para dirimir cuentas con sus rivales. Esta anómala situación se produce porque los miembros de estas comisiones éticas forman parte de las candidaturas electorales, en lugar de gozar de autonomía política plena o tener un mandato diferente al de la junta de gobierno del COAS. Su funcionamiento está politizado estatutariamente, lo cual supone que en lugar de ser órganos independientes pueden –y de hecho funcionan– como una inquisición dentro del COAS. Si un colegiado es sancionado por estas comisiones –cuyos miembros dependen del decano– no sólo no puede ejercer legalmente la profesión, sino que pierde derechos políticos tales como la posibilidad de presentarse a las elecciones del COAS.
Es justo el caso de la candidata de la lista rival a Díaz del Río, Cristina Murillo Fuentes. Esta colegiada, que lidera la candidatura Todos somos COAS, fue víctima de un expediente disciplinario abierto por hacer una serie de comentarios sobre la gestión de la dirección del Colegio que preside Díaz del Río en un blog dedicado a los asuntos colegiales. Esta arquitecta escribió una carta donde describe lo ocurrido en las asambleas y manifesta sus opiniones personales. En ella no hay ni un adjetivo ofensivo. Ni tampoco se falta al respeto a nadie de la junta de gobierno del Colegio. Sólo se expresa el juicio personal y libre de un colegiado sobre la situación del COAS basándose en hechos ciertos. La respuesta de la dirección del COAS fue abrirle un expediente disciplinario.
Obviamente, Díaz del Río no presenta directamente ni ésta ni otras propuestas de sanción. Debe guardar la apariencia de imparcialidad, pero no es nada difícil animar a otros a hacerlo. Sobre esta cuestión el último comunicado de la directiva del COAS sostiene lo siguiente: «La Comisión de Deontología de este Colegio es un órgano independiente, que tramita y resuelve sus expedientes con el máximo rigor por parte de sus miembros, hasta el punto de que en torno al 95% de sus resoluciones han resultado firmes aun habiendo existido procedimiento judicial. Por último, es absolutamente falso que ni la junta de gobierno ni el decano, hayan abierto expediente deontológico a ninguna de las candidatas al decanato. El expediente al que se han referido distintas informaciones en prensa recientemente, se inició hace más de un año, cuando aún no estaban convocadas las elecciones, y no tiene aún resolución firme, por lo que no se puede publicar nada al respecto, en circular colegial».
De nuevo, una media verdad. Los hechos arrojan otra versión distinta: la publicación de Murillo Fuentes en el citado blog tiene fecha del 14 de enero de 2016. El órgano colegial tramita entonces «de oficio» un expediente sancionador cuyo inicio de diligencias no consta en el expediente. Esto es: no se sabe oficialmente quién denuncia; motivo más que suficiente para no haber admitido a trámite el asunto. Ayer mismo se desveló este misterio: Víctor Moreno, miembro del equipo de gobierno de Díaz del Río escribió en su cuenta de Facebook una carta a Murillo Fuentes en la que confiesa que fue él quien presentó la denuncia supuestamente anónima. Lo explica así: «Tú me conoces por ser vocal en la junta de gobierno que puso una denuncia ante la comisión deontológica contra tu escrito. Yo te conozco por escribir en el momento menos adecuado, en el medio menos adecuado, palabras poco adecuadas. Has seguido haciéndolo de hecho hasta la última asamblea. Creo que tanto derecho tienes tú a defenderte como nosotros a realizar nuestra denuncia. Cada uno tiene su verdad». Llama la atención que Moreno escriba dicha carta con la primera persona del plural –»nosotros»–, lo que evidencia que la denuncia (supuestamente anónima) contra la rival de Díaz del Río no fue fruto de una decisión personal, sino una resolución mancomunada. Quien denuncia a Murillo Fuentes es la junta de gobierno, la misma que se oculta en el expediente ante el CACOA y la que, en su último comunicado a los colegiados dice que es «absolutamente falso que ni la junta de gobierno ni el decano, hayan abierto expediente deontológico a ninguna de las candidatas al decanato». No sólo es verdad, sino que Víctor Moreno explica públicamente los motivos que los impulsaron a usar la comisión ética del COAS para acallar la libre expresión de una colegiada.
Lo divertido del caso es que Moreno termina su carta a Fuentes Murillo censurándole por «permitir que se ponga en duda la comisión deontológica, la imparcialidad de sus miembros, el carácter colegiado de sus decisiones y su dedicación cualificada. En ella [en la comisión ética] esta nuestra verdad», escribe. La parcialidad de la junta de gobierno del COAS queda así puesta de manifiesto. La denuncia contra la líder de Todos somos COAS obligó a la candidata a decana de la lista alternativa a Díaz del Río a comparecer ante el tribunal ético del COAS. El instructor de la causa le tomó declaración a ella y después al decano en funciones. No consta que se hicieran mas pruebas. Tampoco se aceptó como atenuante el intento de la colegiada de retirar su carta del blog a raíz de la citación disciplinaria con la finalidad –lógica y comprensible– de reducir la sanción que podían imponerle.
Ademas, se la responsabilizó personalmente de su envío, como si el hecho de manifestar una opinión sobre la gestión del COAS fuera una falta disciplinaria. El 1 de julio de 2016 la comisión ética, formada por miembros de la candidatura del decano, acuerda imponer una sanción disciplinaria «sin relación de hechos probados», lo que supone aprobar un castigo sin explicar el motivo ni citar siquiera las supuestas frases ofensivas –en realidad inexistentes– que contenía el escrito de la colegiada. El resultado del expediente es la imposición de una sanción, la prevista en apartado 4 del artículo 64 de los estatutos del COAS, que literalmente se describe así: «Suspensión en el ejercicio profesional por un plazo entre seis meses y un día y un año». La afectada recurre la medida ante el órgano superior (CACOA), que, aunque minimiza de forma llamativamente sistemática los múltiples defectos de procedimiento cometidos por el COAS, cuya consecuencia es la completa indefensión de la colegiada expedientada, al final decide anular la sanción porque, a diferencia del tribunal del Colegio de Sevilla, no encuentra injurioso el contenido de la misiva. Esta resolución de archivo de la causa tiene fecha de 24 de abril de 2017.
Por tanto, la junta de gobierno del COAS miente en su comunicado de la pasada semana cuando afirma que este expediente sancionador «no tiene aún resolución firme, por lo que no se puede publicar nada al respecto, en circular colegial». La dirección del COAS, mediante esta afirmación, oculta que el expediente contra Murillo había sido desestimado ya por el CACOA. De hecho, el COAS fue informado del resultado del recurso un mes antes, exactamente en abril, un elemento que conscientemente se omite en la circular de mayo.
La operación contra Murillo Fuentes no termina aquí. Cuando la colegiada decide liderar una de las dos listas electorales que disputan a Díaz del Río el decanato, un miembro de la candidatura del decano intenta reabrir la causa disciplinaria ya juzgada a sabiendas de que había sido totalmente desestimada por el CACOA. Se trata de una denuncia particular, supuestamente espontánea, presentada por el colegiado Daniele Marciano Scicchitano, que va a estas elecciones como candidato de la lista de Díaz del Río. La intención de dicha denuncia, que se envía a la junta de gobierno del Colegio, que le da curso y la eleva al CACOA, es impedir Murillo Fuentes que se presente a los comicios del COAS.
La denuncia tiene fecha del 15 de mayo de 2017. Esto es: se produce, e incluso se admite a discusión en el seno del CACOA, apenas unas semanas después de que este mismo organismo hubiera desestimado la primera propuesta sanción contra la candidata de Todos somos COAS. ¿Cómo es posible que se intente volver a juzgar lo ya juzgado? La candidata de la lista crítica se había negado entonces a suscribir el pacto de silencio con el que Díaz del Río pretendía controlar, por vía indirecta, el proceso electoral. Fracasada la vía pacífica, se activa la respuesta disciplinaria. El objetivo de la denuncia, según se deduce de su propia exposición de motivos, es impedir que Díaz del Río tenga una mujer como rival. El intento, sin embargo, fracasa porque el CACOA resuelve de forma negativa la inhabilitación que perseguía el entorno del decano. La tercera candidata al decanato del COAS, líder de la candidatura Yo también soy COAS, en vista de las circunstancias, decidió recusar también a Díaz del Río. El Consejo Andaluz de Arquitectos se encontró entonces con dos recusaciones cruzadas entre las tres candidaturas al COAS y no tuvo más remedio que desestimar ambas para mantener la apariencia de neutralidad en el proceso. Tras la reunión del CACOA donde se trataron ambas recusaciones, se celebró una comida entre los responsables de todos los colegios de arquitectos de Andalucía. Díaz del Río, que tiene un conflicto con la decana del Colegio de de Huelva, decidió no asistir a este almuerzo institucional. Ese día prefirió comer solo.
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