Andalucía

Ciudadanos (Cs) ha cambiado definitivamente de orilla. La equidistancia que ha caracterizado desde su creación al partido de Albert Rivera, que comenzó siendo un proyecto vagamente socialdemócrata y reformista para pasar más tarde a definirse como liberal, parece haber llegado a su estación término. Si tras su irrupción en las instituciones nacionales, hace menos de un lustro, su política de alianzas consistió en pactar indistintamente con el PP (en Madrid) o con el PSOE (en Andalucía), dependiendo siempre de acuerdos programáticos, el adelanto de las generales evidencia que, lejos de querer permanecer en el centro del tablero político, sus dirigentes han optado por ubicarse en el bloque de las derechas que ocupaban PP y Vox. La decisión de su Ejecutiva de no apoyar “ni al PSOE ni a Sánchez” a partir del 28-A busca, indudablemente, evitar una posible fuga de votos por la derecha –el PP llevaba varios días insistiendo en este mensaje–, pero llega después de dos antecedentes categóricos. En primer lugar, el acuerdo de gobierno en Andalucía con el PP (que a su vez mantiene otro con Vox). Y, en segundo término, la célebre foto de la plaza de Colón de Madrid, donde Casado, Rivera y Abascal compartieron juntos escenario en un momento en el que las encuestas teorizan sobre un tripartito con mayoría suficiente en Madrid. Entre ambos hitos los matices, y sobre todo los reparos expresados en Andalucía, han saltado finalmente por los aires.

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No hay quebranto que sea en vano. El adelanto de las elecciones generales, provocado por el rechazo de los independentistas a los presupuestos del Estado, aborta esta extraña legislatura, que empezó con Rajoy en la Moncloa y termina con el PSOE fuera de su antiguo fortín del Sur, trastocando –de nuevo– el tablero político nacional. Entre los daños colaterales de la ruptura de la entente entre los socialistas y los nacionalistas –catalanes, pero también vascos– figura la renovación del PSOE en Andalucía, una de las asignaturas pendientes del sanchismo para controlar por completo su propio partido y garantizarse, desde la que todavía es la federación más importante de la organización, un resultado electoral que mantenga el actual suelo parlamentario de los socialistas.

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El ensayo general de gobierno de las derechas en Andalucía, cuya aspiración es alcanzar a medio plazo las instituciones nacionales, está siendo complicado. No tanto por la posición de Vox, al que las encuestas sitúan en alza, sino por lo que los dos partidos que gobiernan la Junta (PP y Cs) llaman ajustes, que básicamente es la negociación –todavía sin cerrar– sobre el reparto efectivo del inmenso poder institucional. El partido de Santiago Abascal no está inmerso en esta cuestión –declinaron entrar en el Gobierno– pero tampoco se encuentra ausente. En las tres cortas semanas de navegación del nuevo Ejecutivo se han hecho notar desde el primer día. Primero, mediante el hostigamiento: criticaron con furor el nombramiento de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Cs), por sus opiniones personales sobre la Semana Santa, para recordar que su ideología debe ser tenida en consideración. Saldada esta cuestión con unas innecesarias disculpas de la consejera –un detalle nada baladí–, el partido ultraderechista ha optado por reivindicarse en el Parlamento asumiendo la presidencia de comisión de Cultura, que tiene encomendadas las cuestiones relativas a la Memoria Histórica.

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