Política

Antonio de Guevara, uno de los maestros del ensayismo español, segundón del linaje de los Guevara y Oñate y, por tanto, orillado por la inmisericorde ley del mayorazgo y encaminado, merced al influyente tercio sanguíneo, a la diócesis gallega de Mondoñedo, de la que sería obispo ocho años, estimaba –apoyándose en Plutarco– que la ira es un sentimiento cargado de privilegios y, en consecuencia, fértil para el ejercicio de la política. Primera ventaja: aquel que proyecta su ira contra los demás no necesita amigos. Tampoco socios o aliados. Su propia soberbia le basta. Segunda prerrogativa: “Pueden tener desenfrenada la lengua para decir a cada palabra una malicia”. Y cláusula tercia: “El iracundo puede enojarse a la menor ocasión y no admitir nunca razón alguna”. Todas parecen ventajas. Guevara, instructor regio y escritor oculto tras muchos de los discursos del emperador Carlos V, se había criado en la corte, aprendiendo en ella tanto los vicios (públicos) como las escasas virtudes (privadas) dominantes. Sus escritos, llenos de latines, describen una forma primitiva de populismo muchos siglos antes de su enunciación formal como fenómeno político. 

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Las divergencias de fondo entre los gobiernos autonómicos de Catalunya y Andalucía, dos regiones vinculadas por estrechos lazos culturales y por la rotunda historia de la emigración meridional, esencial para la prosperidad industrial del Noreste de España, no se limitan a la cuestión (política) de la financiación, donde colisionan una supuesta singularidad con la cohesión territorial y social. Se extienden también a lo geográfico. Mientras Salvador Illa viaja a China, la antigua Catay, encabezando una delegación del Govern, Moreno Bonilla ponía a su vez rumbo a Cipango, la mítica isla de Japón que, en tiempos medievales, representó la utopía de un reino lleno de riqueza, oro y especias. ¿Casualidad? No lo parece. Las embajadas de los presidentes de Andalucía y Catalunya buscan lo mismo: explorar mercados alternativos a Estados Unidos tras la guerra comercial abierta por Trump con su agresiva política de aranceles. 

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Una autonomía es un juego sutil de equilibrios. Su suma no tiene que ser necesariamente cero, pero sí aproximarse a ese término medio en el que  los clásicos situaban la virtud para que la responsabilidad (fiscal) case con la libertad de las decisiones (de gasto). Salvo en España, donde la asimetría regional, que tiene raíces profundas y seculares, perdura o avanza, según el caso, debido a las constantes reivindicaciones políticas, camufladas bajo el socorrido término de históricas, y a las apelaciones sobre la singularidad. Todo el mundo es distinto y, a la vez, existen invariantes que nos igualan. Quienes apelan a la igualdad no siempre la practican en el orden tributario. Y al contrario. El polémico acuerdo institucional sobre el cupo catalán, que sus promotores califican como inverosímil y vaporoso, y sus opositores consideran un ataque a la cohesión social, produce por igual filias y fobias.

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Si el estado de ánimo de un hombre equivale, a efectos prácticos, a su destino, porque existir, tanto como respirar, es sentir, no caben muchas dudas de que el acuerdo entre el PSC y los partidos independentistas para articular un hipotético concierto catalán –la financiación singular, según el eufemismo más exitoso– no ha dejado, ni puede dejar satisfecho, a nadie. Desde luego, no a quienes aseguran que van a combatirlo con todas sus fuerzas, aunque éstas sean políticamente escasas; tampoco a aquellos que lo interpretan como un asunto difuso, más formal que real, sin calendario definido, carente de mayorías seguras e insuficiente para sus pretensiones.  En esta divergencia, en esencia, está el problema: las guerras no se inician cuando uno de los dos bandos en liza se siente moderadamente satisfecho.

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