Es natural que un espectador ajeno a la política y lego en leyes contemple con asombro el espectáculo de ver a los dos órganos judiciales superiores de España pronunciarse de forma dispar, o abiertamente contradictoria, sobre los mismos hechos. El derecho no es una ciencia exacta. Al fin y al cabo, se basa en la exégesis (razonada) de las leyes y su fortaleza deviene de la capacidad de argumentación (jurídica) de sus ministros. Una sentencia debe explicarse a sí misma y persuadir –a las partes y al resto de la sociedad– de que hace realmente justicia. En el caso de la revisión por parte del Tribunal Constitucional de la condena del caso ERE, una trama clientelar organizada por altos cargos del PSOE andaluz que desviaron 680 millones de euros gracias a un sistema para subvencionar en serie, igual que en una cadena de montaje, despidos anticipados, incluso en empresas solventes, estas dos condiciones no se vislumbran. El Constitucional, por supuesto, se explica, pero sus razones no persuaden a todos. Incluidos cuatro de sus miembros, que han emitido votos muy críticos.
Los Cuadernos del Sur en La Vanguardia.