Altadis, los dichos y los hechos

Era cuestión de esperar. El augurio estaba escrito. Por el cauce habitual de la filtración interesada (e inexacta) el alcalde ha anunciado esta semana un principio de acuerdo con Altadis para recalificar los terrenos de su fábrica en Los Remedios. La operación se pinta como un logro del regidor, se supedita a la autorización de la Junta (dentro de la estrategia del gobierno local de culpar a los demás de su incapacidad) y, de postre, se adoba con un llamativo detalle cofrade –la salvación de la capilla de Las Cigarreras– para que nadie ose discutir la gesta.

¿En qué consiste? Es simple: Zoido está dispuesto a permitir que una multinacional que destruyó puestos de trabajo en Sevilla haga un excelente negocio con su patrimonio ocioso. Si a alguien le quedaba todavía alguna duda de qué quería decir el regidor cuando se autotitulaba como el alcalde del empleo ya puede salir de la siesta. Zoido no es sólo el regidor del partido que ha aprobado la reforma laboral más agresiva de toda la democracia, sino un gobernante capaz de condecorar (y pagar) a quien no le tiembla la mano tras despedir gente.

La recalificación de Altadis, de momento, es teórica. Hasta que el gobierno no apruebe un expediente formal para cambiar el uso industrial de la antigua factoría no se podrá evaluar con propiedad su alcance exacto. Lo que sí merece un análisis de fondo es el relato de la operación que la Alcaldía ha trasladado a sus terminales. Una historia llena de incorrecciones que demuestra no sólo el escaso rigor del gobierno local, sino su voluntad de confundir a los ciudadanos sobre una operación que supone recompensar, con el dinero de todos, a una multinacional que no le importó nada el futuro de la ciudad a la hora de adoptar sus decisiones. Vayamos por partes.

1. La recalificación. Lo que va a hacer el Consistorio es iniciar un expediente para recalificar los terrenos de Altadis. Que lo inicie no significa que su tramitación vaya a culminar con éxito. Dado que se trata de un cambio de uso estructural, estamos ante una modificación sustancial del Plan General, lo que implica que el PP tendrá que demostrar que la ciudad sale ganando objetivamente con la operación y cumplir la ley urbanística de Andalucía. Al Consistorio, en realidad, ambos factores le resultan secundarios. La estrategia del alcalde consiste en aparentar que ha solucionado el problema de Altadis e insistir en su discurso monocorde de que la Junta es la culpable de que su gestión sea no sólo escasa, sino inexistente.

2. «No costará dinero a los sevillanos». Es el argumento habitual. Zoido dice que no se va a recompensar a Altadis porque no se le va a entregar dinero, sino “suelo”. Ambos extremos son incorrectos. En primer lugar, porque los terrenos ya son propiedad de la tabacalera. No es suelo lo que se le otorga a Altadis, sino unas plusvalías urbanísticas (29.000 m2) edificables que ahora mismo no tiene. Las plusvalías, como su propio nombre indica, tienen un valor en el mercado inmobiliario. Por tanto, existe un lucro económico en favor de Altadis generado ex novo que obedece exclusivamente a la decisión municipal, tomada sin debate y de forma unilateral, de cambiar el uso de los terrenos. Decir que no hay beneficio (porque el pago sea en edificabilidad) es como sostener que el día es la noche.

Altadis los dichos y los hechos

3. «Los edificios de Altadis no están protegidos». Es la parte más divertida del relato municipal. El gobierno local ha contado en su primera versión de la operación urbanística que todos los edificios de Altadis pueden demolerse porque no tienen ningún “nivel de protección”. Sería pertinente que el Consistorio et alii conocieran mejor el Plan General de Sevilla. Se ahorrarían hacer el ridículo a la vista de todos: el edificio de oficinas de la antigua Tabacalera de Los Remedios está protegido como una pieza de patrimonio industrial. Su nivel patrimonial es C. Así consta en la ficha CP.065 del catálogo periférico del Plan General. Las únicas obras permitidas en su interior son de conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación. Puede reformarse, pero sin tocar su estructura ni su composición arquitectónica.

Urbanismo podría, junto al cambio de calificación del suelo, descatalogar también el inmueble industrial. Todavía no ha ocurrido. Y resulta en todo caso muy improbable que la Junta lo permita. De cualquier forma, la mera intención de derribar el edificio de Altadis, formulada ya públicamente por el Consistorio, desmiente todo el discurso municipal en favor del patrimonio arquitectónico sevillano. O el alcalde no sabe qué edificios de Sevilla tienen valor patrimonial y cuáles no, o sencillamente es que piensa que la naturaleza patrimonial de un inmueble depende de su capricho particular, no de la ley. Algo notable, tratándose de un ex juez.

4. «La ciudad obtendrá beneficios». La versión oficial intenta resaltar que Altadis no se quedará con todo el suelo. Desde el singular prisma municipal la bondad del cambio de uso de la factoría consiste en que la ciudad podrá disfrutar de dotaciones en el espacio que la multinacional no vaya a dedicar a usos lucrativos terciarios (comercial y oficinas). Estrictamente hablando, no existe ningún beneficio: las cesiones dotacionales, fijadas en la ley urbanística andaluza, son obligatorias desde el momento en que el Consistorio otorga una nueva plusvalía urbanística a Altadis. No se trata de un logro épico del alcalde, sino de una obligación legal. Presentar como victoria lo que sólo es obligación ilustra sobre la capacidad de manipulación del Consistorio.

El desarrollo de los suelos destinados hipotéticamente a equipamientos no depende tampoco en todos sus extremos del Consistorio. En función del tipo de dotación que se incluya en la modificación del Plan General, su desarrollo será competencia del Ayuntamiento o de la administración autonómica. Lo cual supone que Zoido permitirá que Altadis haga caja con la venta de las plusvalías urbanísticas de inmediato pero no puede en ningún caso garantizar que los equipamientos que asegura que va a obtener –y que están recogidos en la legislación vigente– se construyan en plazo. El único beneficio será para Altadis.

Habrá que estar atentos a la propuesta de ordenación que haga el Ayuntamiento antes de cuantificar las dotaciones. Al tratarse de un suelo situado junto a la dársena fluvial, buena parte de este terreno ya es de dominio público por ley. La ribera fluvial, además, no puede ser patrimonializada por instalaciones terciarias, como ocurre en la calle Betis, donde todas las concesiones existentes ocupan solares previos al PGOU. Si así fuera el alcalde estaría dando pasos atrás en el proyecto de recuperación del acceso al Guadalquivir. Zoido dice que ha solucionado el problema de Altadis. Los hechos, en cambio, señalan que lo que está dispuesto a hacer es avalar un pelotazo urbanístico tan grande como una fábrica de Tabacos. Así gobierna el alcalde del (des)empleo.

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