Cuadernos del Sur

“Todas las desgracias de los hombres se deben a no hablar claro”, escribió Camus en La peste, cuyas ventas han aumentado estos días en proporción similar a la extensión de la pandemia del coronavirus, que ya ha modificado nuestras costumbres y amenaza con derivar en una crisis sanitaria y económica que probablemente cambiará la Europa post-Brexit. La epidemia aumenta en función de la tardanza de los responsables políticos en reaccionar. Al temor social, comprensible por la ausencia de un centro político de decisión único, se suma en esta ocasión el pánico de los gobernantes a tomar decisiones preventivas por su supuesta impopularidad. En el Sur de España, que a su vez es el Mediodía de Europa, el fenómeno adquiere rasgos sorprendentes: nadie se había tomado la molestia de articular una respuesta preventiva ante un desafío sanitario que va a poner a prueba el sistema público de salud –muy deteriorado tras un lustro de recortes– y afecta ya a los dos principales motores económicos de Andalucía: el consumo y el turismo. El Gobierno autonómico estaba en otra cosa: el mismo día en el que los acontecimientos daban un giro (a peor) en la extensión de la epidemia, seis consejeros de la Junta presentaban en sociedad un decreto cuyo fin –según la versión oficial– es reducir la burocracia y liberalizar al máximo la economía del Sur, entre otras medidas prescindiendo de los controles sobre la actividad urbanística y liberalizando la actividad comercial, ligada, en territorios como Málaga, a la importante afluencia turística.

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John Stuart Mill, uno de los filósofos de cabecera del individualismo, predicaba que si a un estudiante no se le pide que haga aquello que queda lejos de su capacidad nunca logrará hacer las cosas para las que realmente es competente. Aplicada al caso del gobierno de las derechas en Andalucía, tal regla podría formularse de la siguiente manera: si no abordas cuanto antes reformas que al principio parecen imposibles, nunca harás reforma alguna. Más o menos es la encrucijada en la que se encuentra el ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) catorce meses después de alcanzar –gracias a una milagrosa carambola electoral– el Quirinale de San Telmo: más que cambios, en este tiempo lo que se percibe por su parte es una evidente continuidad. Un mimetismo vocacional. Una versión distinta de lo mismo de siempre. La tibieza con la que ha transcurrido este primer año de gobierno, tras 36 anualidades de hegemonía socialista, ha conseguido que las tres derechas no abran los informativos a diario como los nuevos bárbaros, hacedores de la involución contra la que, a falta de mejor argumento, cada cierto tiempo advierte la oposición (PSOE y Podemos-IU). Este papel le ha correspondido a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Moreno Bonilla se ha cuidado de proyectar una imagen distinta a su equivalente madrileña: concordia, contención, equilibro y un relativismo que, más que un nuevo centrismo –éste es el término oficial que emplea el PP andaluz para definir su perfil político en el Sur–, parece, y es, falta de impulso.

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Las autonomías políticas exudan épica. Casi siempre, de color sepia. El mayor pecado social imaginable allí donde germinan consiste en cuestionar la naturaleza de epopeya con la que sus hacedores –los padres de la patria, sea ésta grande o minúscula– acostumbran a presentarlas, codificando (en su beneficio) un relato lineal que rara vez se corresponde con los hechos históricos. La verdad tiene la forma de un río lleno de meandros. Lo excepcional es que discurra en línea recta y en dirección ascendente. Andalucía celebra este viernes el 28F, la fecha (mitológica) en la que se votó el referéndum de autonomía que, según el relato oficial, trajo el autogobierno a la gran región de la España meridional, secularmente castigada por el subdesarrollo. Han transcurrido cuarenta años y la narración de la supuesta gesta ha perdido todos sus matices para convertirse –en el imaginario popular e institucional– en un bloque de mármol. Sin fisuras. Sin grietas. Sin dudas. Configurando un monumento rotundo.

Sostiene Chomsky, tan querido por los profesores de Comunicación que se consideran a sí mismos héroes en fiera y desigual lucha contra el capitalismo mediático, que la propaganda en una democracia ejerce una función equivalente al uso de la fuerza en un Estado totalitario. La diferencia, básicamente, consiste en el método: con una porra se golpea el cuerpo; con la propaganda, en cambio, se sacude al cerebro. La tesis es exacta, sobre todo, en el caso de las televisiones públicas, que han sido –y aún son– los grandes medios de masas, con permiso de las redes sociales. No existe ningún gobierno, del signo político que sea, que no crea que es una cuestión capital para llegar al poder, primero; y para retenerlo, después, utilizar de forma partidaria las corporaciones audiovisuales nacidas al cobijo del marco autonómico.

Los trotskistas, esos poetas insensatos que defienden la teoría de la revolución permanente, tienen una cualidad única: nunca llegan a nada en política porque su purismo los conduce, de forma irremediable, a la división constante. Vargas Llosa lo explica, con los argumentos infalibles de la ficción, en Historia de Mayta, la novela que cuenta una revuelta campesina en Jauja, una localidad de la sierra andina, en aquel tiempo casi prehistórico en el que en el Perú existían setenta partidos marxistas-leninistas arrogándose ser representantes de la ortodoxia roja. Aquellos ingenuos, entre los que había ignorantes, santos, laicos, dogmáticos y asesinos, ignoraban –escribe el Premio Nobel– que “la revolución es una larga paciencia, una infinita rutina, una terrible sordidez, las mil y una estrecheces, las mil y una vilezas”.

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