Cuadernos del Sur

Existe el lugar común, alimentado durante los cuarenta años de hegemonía política del PSOE en el Sur, de que Andalucía es genéticamente de izquierdas. La historia, por supuesto, indica otra cosa distinta, aunque el tópico ha tenido una indudable fortuna. Al menos hasta el 2D. Las últimas elecciones andaluzas, que por primera vez han dado una mayoría potencial a las derechas, proyectan –para asombro de los ingenuos– la existencia de una Andalucía reaccionaria que no sólo no es minoritaria, sino que tiene la firme voluntad de influir en el tablero político estatal a través de Vox, que sin abandonar sus posiciones extremistas se ha convertido desde hace un mes en el eje de la discusión pública.

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Las políticas de género en Andalucía, vinculadas pero no necesariamente coincidentes con la normativa de protección de la mujer ante la violencia de los hombres, han sido desde hace lustros el evangelio de la administración socialista. Una doctrina transversal. Una cuestión intocable. Una bandera. Desde 2010 existe en Andalucía un plan estratégico para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. Los presupuestos regionales son evaluados desde la perspectiva de género. Hay una comisión autonómica de igualdad, unidades de género y un consejo regional de participación para las mujeres. Las asociaciones feministas cuentan con el máximo apoyo institucional y recursos financieros públicos. El Parlamento tiene un grupo de evaluación de políticas de igualdad. Y tres de cada cuatro euros del último presupuesto autonómico –18.896 millones de euros, el 74% de las cuentas– se dedicaron a esta cuestión.

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La palabra órdago significa desafío. Se utiliza en el mus cuando la apuesta entre dos jugadores implica una suerte final: o todo o nada. El término procede del euskera or dago (ahí está). Es una expresión de intimidación. Con este sentido la está utilizando Vox, el partido ultraderechista del que depende la alternancia en Andalucía, en el complejo tablero político del sur. La hipotética entronización de Juan Manuel Moreno (PP) y el acuerdo entre PP y Cs dependen de los votos de sus doce diputados, que tras respaldar hace siete días la designación de Marta Bosquet como presidenta de la Cámara legislativa se han descolgado con la exigencia de suprimir del pacto PP-Cs un punto donde ambos partidos plan­tean un acuerdo contra la violencia de género con su correspondiente dotación presupuestaria.

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El puzzle territorial, que de una manera u otra viene condicionando la política española desde la restauración de la democracia, se complicará todavía un poco más en los próximos meses. A las reivindicaciones del independentismo, que Pedro Sánchez pretende encauzar hacia una vía –la del diálogo– que si fructifica puede implicar a medio plazo reformas de calado en el mapa autonómico y, previsiblemente también una contestación y hasta un proceso de emulación por parte de otras comunidades, se suma un factor que hasta ahora nunca se había producido: Andalucía, la región más poblada de España, una “nacionalidad histórica”, según su Estatuto, va a ser gobernada por primera vez por una coalición liberal-conservadora (Cs-PP) que necesita el apoyo de Vox para alcanzar mayorías parlamentarias estables.

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