Los Aguafuertes

Acostumbra a decirse que las elecciones locales son el mejor termómetro para medir la sensibilidad política de un país. Esta singular teoría procede de las famosas elecciones de 1931, cuando la España recién salida de la dictadura de Primo de Rivera se acostó monárquica y se levantó tan republicana que, sin esperar a unos comicios generales, sus partidarios proclamaron de facto el nuevo régimen político al tiempo que Alfonso XIII pronunciaba aquella frase para la posteridad: “Parece que no tengo el amor de mi pueblo”. Le quedaba, por supuesto, su fortuna (que era la nuestra) y un egregio exilio que certificó el final de la Restauración. No es previsible que los inminentes comicios municipales, autonómicos –en doce territorios– y europeos vayan a emular este precedente. Su trascendencia, más allá de lo estrictamente local, es más discreta: confirmar si las mayorías salidas del 28A se mantienen o, por el contrario, se mueven en otra dirección.

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Las urnas han despejado la gran incógnita de las derechas –no suman; lo de Andalucía fue una excepción histórica– pero no aclaran cómo va a gobernarse España durante los próximos años: si desde el centro-izquierda o mediante un nuevo pacto con los nacionalistas, incluidos sus arietes independentistas. Este misterio (relativo) será el argumento esencial del ciclo postelectoral, que se abre ahora y se extenderá hasta las municipales de finales de mayo.Los resultados del 28A tienen bastante de ritornello: estamos ante una repetición de la misma melodía entre dos intervalos musicales distintos. La pieza musical es básicamente la misma que antes: el PSOE continuará en el poder; el PP ha cosechado un rotundo fracaso en el vodevil de su supuesta renovación; Cs crece pero no termina de avanzar lo necesario para sustituir a los conservadores y Podemos se ha hundido, devolviendoa los socialistas muchos de los votos logrados en el último lustro. Éste es el paisaje que nos dejan las elecciones. Es muy similar al anterior, aunque incluye variaciones decorativas sobre el mismo tema.

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Los sacerdotes de la Santa Constitución, que forman una galaxia compleja y contradictoria, con sensibilidades y opiniones para todos los gustos, igual que en las antiguas boticas, son tipos curiosos. Amparados en los galones académicos, y a veces sin ellos, son perfectamente capaces de decir una cosa y la contraria sin pestañear. En esto los ilustres constitucionalistas se asemejan a los economistas, esos gurús prestos a explicarte, sin dudar ni un punto, como diría Cervantes, los motivos exactos por los que sus diagnósticos erraron, de forma que sean las circunstancias –y nunca ellos– las que soporten el descrédito. El refrán sostiene que la ignorancia es osada. Es verdad. Pero no menos que el conocimiento interesado, que campa a sus anchas por las universidades y los foros políticos de las Españas.

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Una de las tradiciones más extendidas de la autodenominada izquierda alternativa –aquella que, por contraste con la izquierda de salón, aspira a pisar las mullidas alfombras que cubren el pavimento de los palacios pero todavía no ha conseguido pasar de las caballerizas– consiste en cambiarle el nombre a todas las cosas. Piensan que así transforman la realidad. Confunden el hecho –indudable– de que el lenguaje configure nuestro pensamiento con el poder de moldear la verdad por el procedimiento de alterar a capricho su denominación. Toda su filosofía –no cuesta nada ser piadosos– se resume en la simpleza: están convencidos de que si modificamos arbitrariamente el significado de los referentes cambiaremos la realidad, que en el fondo no es sino una convención social de carácter reversible. Estamos, pues, ante una patología posmoderna.

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La gente con buenas intenciones es un peligro público. Sobre todo si ha superado con holgura la barrera de los sesenta y cinco años, ese non plus ultra. Lo escribió Dylan: “Satán, a veces, se presenta como un hombre de paz”. Suele ocurrir, sobre todo, en los ejercicios espirituales de inspiración franciscana, que continúan siendo una forma de hacer política, aunque ahora se llamen encuentros de la sociedad civil. Lo comprobamos, décadas después de huir del dogma de la cruz y la confesión obligatoria, en el Palau Macaya de Barcelona, donde este fin de semana nos reunimos –gracias a la generosa invitación de los organizadores– ciudadanos de Andalucía y Cataluña, incluidos también los apátridas de ambas autonomías, para cambiar impresiones (esto es: reproches con sonrisas) sobre cómo encauzar el conflicto virtual que, con el mismo poder que las ficciones de Borges (Tlön, Uqbar y Orbis Tertius), condiciona la realidad política española.

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