Que la justicia española está politizada no es ningún secreto. Que los políticos interpretan todas las sentencias, las propias y las ajenas, en clave interesada tampoco lo es. Ambas cuestiones, la politización propia del gremio y la presión partidaria, que opera en apariencia desde fuera, están presentes desde el primer día en el caso Mercasevilla, una causa a la que nadie habría hecho excesivo caso fuera de Andalucía si de ella no hubiera brotado, como una muñeca rusa, el escándalo de los ERE, que a finales de este año sentará en el banquillo de los acusados a los dos últimos expresidentes de la Junta de Andalucía –Manuel Chaves y José Antonio Griñán– y a una veintena de altos cargos de sus sucesivos gobiernos.
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