Los Aguafuertes

La democracia representativa se basa en un acuerdo mediante el cual los ciudadanos delegan sus derechos políticos en los diputados electos de un parlamento, donde mayorías y minorías conviven de acuerdo al marco legal. Éstas son las reglas de la democracia formal. Lo que está sucediendo desde hace ya cinco largos años en Cataluña es la perversión interesada de este modelo: sus representantes han decidido dejar de respetar la ley e imponer unilateralmente un sistema de poder paralelo, autoritario y sin contrapesos cuya legitimidad ya no es jurídica, sino directamente marcial; basada en la agitación temeraria de la calle. Igual que en los peores tiempos de los totalitarismos fanáticos, cuando los caudillos se apoyaban, siempre a posteriori, en las hordas –en este caso nacionalistas– para validar los deseos personales del correspondiente sire o las resoluciones del pertinente comité de salud pública.

Los Aguafuertes del lunes en Crónica Global.

“Cartas iban y venían desde Londres a Madrid”. Eso dice la copla. Las cancillerías española y catalanufa, entre las que aún existe una jerarquía evidente por mucho que los soberanistas se presenten a sí mismos como independientes, se mandan estos días burofaxes llenos de cariño y cortesía. Es entrañable ver cómo mantienen la educación (verbal) en un conflicto que desde hace bastante tiempo se alimenta sólo con las tripas. Puro teatro, por supuesto. Igual que todo en esta tragicomedia infinita. Mientras se resuelve el misterio de si hubo proclamación (jurídica o retórica) y se aclara si la democracia hará cumplir la Santa Constitución, nuestra impresión es que lo único que hubo la noche de autos fue un comunicado como los que cincelaban, después de romper piedras, los gudaris batasunos. Nada más. ¡Y nada menos!

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La euforia antecede al colapso emocional. Es así. Ocurre en la vida y sucede también en la política. El desafío soberanista contra la democracia española, que es bastante imperfecta e injusta pero nos parece preferible al caos tribal que anuncian las arcadias distópicas, ha empezado a chocar con el suelo de la realidad, que desde el principio de los tiempos, e incluso antes, está representado por el mundo del dinero, el único dios verdadero. La creciente fuga de empresas, incluidas las dos mayores entidades simbólicas catalanas, como Caixabank y el Sabadell, confirma el aserto clásico: el dinero es el apátrida más perfecto que existe. En simultáneo, también ilustra hasta qué punto es profunda la fractura social en la que el independentismo ha metido a toda Cataluña.

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Cataluña ha dejado de ser una democracia para convertirse en un esperpento asambleario. Asombrosamente, semejante gesta, que la devuelve a un rincón pretérito de la historia, se ha consumado votando una consulta ilegal en urnas de plástico donde los votos ya venían dentro, preparados desde casa, igual que los bocadillos para el fútbol; con un censo tan universal que en él faltaban los nombres de los únicos validados para decidir, que somos todos los españoles, y con el beneplácito activo de una policía política –los Mossos– que se ha pasado por el forro la ley sancionada, la única fuente de su legitimidad. Más que triste, como dicen algunas almas cándidas, el 1-O ha sido bastante instructivo. España camina directa hacia su precipicio definitivo: tiene una Constitución que, después de ser mancillada durante años por sus propios padres, ahora es pisoteada en las calles con entusiasmo de horda.

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España –ustedes perdonen, pero todavía se llama así– es un país extraño en el que buena parte de los ciudadanos niegan su condición de naturales del sitio en favor de la ancestral identidad de campanario, que es la que les vibra dentro del pecho cuando llaman a misa (patriótica) o el correspondiente ayatolá congrega a las masas –convencidas ya de antemano– para que ratifiquen sus delirios. Lo estamos viendo estos días en Cataluña, donde las (ex)autoridades autonómicas, los independentistas y parte de las autodenominadas fuerzas de izquierda han leído el golpe de autoridad del Estado, que no es más que la estricta aplicación de la ley, como un ataque contra las libertades democráticas. No hay tal, por supuesto.

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