En la República Indígena vivimos inmersos un espejismo que induce a creer a muchos empleados autonómicos que la administración es una suerte de patrimonio propio, en vez de un bien compartido. Para quienes piensan así, sus derechos tienden al infinito pero sus obligaciones son relativas. Lo público, sin embargo, es de todos -no sólo de los funcionarios- porque se financia con impuestos; mientras lo privado depende -o debería- de su capacidad para captar clientes. Esta categorización teórica casi nunca se da al cien por cien: la educación, la sanidad y la dependencia se han convertido, durante los casi cuarenta años de gobiernos socialistas en la Marisma, en negocios privados que se costean con los impuestos.
Las Crónicas Indígenas en El Mundo.
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