NOS escribe una lectora: «Estimado Sr. Mármol, le molesto para contarle lo que me ha pasado en una residencia de ancianos de Sevilla donde tengo ingresada a mi madre. Se trata de un centro concertado. La Junta, en 36 años de autonomía, apenas si tiene residencias públicas. Hace un año, tras pedir la dependencia, nos llegó una carta -somos tres hermanos; mi padre murió- dándonos 15 días para ingresarla en una residencia privada de La Rinconada. Si no hacíamos el ingreso en este plazo perdíamos la asistencia, así que la ingresamos sin información de cuáles son las obligaciones de la empresa a la que confiábamos la salud de nuestra madre. Intentamos averiguarlo en el servicio de atención al ciudadano de la delegación de Asuntos Sociales, donde sólo se atiende de 9 a 14 horas, descontando la hora larga del desayuno y los cursos de meditación. Tras esperar dos horas, una administrativa nos dijo que lo que teníamos que hacer era ingresarla sin más. Le preguntamos por la información que las residencias, según establece el reglamento, están obligadas a dar a todos los usuarios. Nos respondieron, riéndose, que si de verdad pensábamos que esas normas se cumplían».
Las Crónicas Indígenas del sábado en El Mundo.
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