Tengas pleitos y los ganes, dice el refrán. Es justo lo que ha ocurrido. El Ayuntamiento de Sevilla ha vencido en el litigio judicial que desde 2006 mantenía con el Gobierno central por el control patrimonial de los terrenos del antiguo cauce fluvial de Los Gordales que, entre otros usos, permiten a la ciudad ubicar allí desde hace décadas el recinto de la Feria de Abril. La ciudad efímera de todas las primaveras.
La victoria judicial beneficia a la ciudad pero perjudica políticamente al alcalde, Juan Ignacio Zoido, que desde su etapa como líder –único– de la oposición municipal venía defendiendo en público que la Ciudad de la Justicia tenía que construirse en el Prado de San Sebastián porque existía demasiada “inseguridad jurídica” –su frase favorita– en relación al futuro de Los Gordales. Pues bien: ya no hay dudas. Los terrenos de la Feria de Abril son de Sevilla porque en su día el Estado se los cedió a la ciudad.
Solventada esta duda –que algunos nunca tuvimos, por cierto– la cuestión ahora es ver si el ilustre gobierno local, con su mayoría de 20 ediles, aunque quizás ya sean muchos menos, va a proceder a ejecutar lo que dice el Plan General de Ordenación Urbana en vigor o, por el contrario, piensa seguir echándose al monte urbanístico y diciendo que el PGOU está completamente, desfasado, no crea empleo y demás argumentarios de ocasión para ocultar otras componendas.
¿Crearía empleo la construcción de la Ciudad de la Justicia en Los Remedios? Indudablemente sí, aunque tampoco iba a solucionar el problema de paro estructural que destroza a Sevilla. Y lo haría, además, sin tener que proceder a recalificación urbanística alguna, sino con todo el respaldo legal necesario, completo. ¿A qué espera la Alcaldía?
El espacio de Los Gordales, cuyo desarrollo urbanístico contempla además de la nueva sede judicial un futuro campus universitario, equipamientos y espacios terciarios cuyo beneficio inmobiliario se asignó en su momento al Estado –al que le parecieron insuficientes–, es un ejemplo de que impulsar la ejecución del Plan General, pese a los retrasos y a las dificultades económicas que lo ralentizan, es la única hoja de ruta factible con la que cuenta Zoido para generar actividad económica.
Sorprendentemente, el regidor está empeñado en hacer justo lo contrario: volver a abrir el melón de la planificación urbanística de Sevilla, sin necesidad y sin participación ciudadana, en lugar de sacar adelante proyectos que ya están sobre la mesa y que necesitan inversores privados, ya saben, esos hombres misteriosos que sólo deben hablar con el primer edil porque en la ciudad hasta ahora no es que abunden precisamente.
Hace unos días Zoido, que durante la campaña dibujó una Ciudad de la Justicia en el Prado para satisfacer, entre otros, al decano de los abogados sevillanos, al que Los Remedios parece pillarle lejos de su despacho de la Avenida de la Constitución, ofreció al Consejo General del Poder Judicial un par de solares municipales con el fin de que avalase dicho enclave para el complejo judicial. Se hizo una foto y dijo que está dispuesto a todo. Lástima que las competencias al respecto no sean del Gobierno central, sino de la Junta de Andalucía, que ha anunciado en los dos últimos lustros un sinfín de variantes posibles para construir la Ciudad Judicial sin poner ni un euro encima de la mesa.
La sentencia del Supremo, que cierra el litigio, deja sin argumentos a ambas partes. Ni la Junta puede seguir perdiendo el tiempo hablando de ubicaciones alternativas a Los Remedios ni Zoido tiene ya la coartada judicial que utilizaba para intentar sacar adelante el proyecto partidario que tiene el apadrinamiento de uno de los grandes empresarios de aparcamientos del Madrid de Gallardón. Fin de capítulo.
La Ciudad de la Justicia de Sevilla, necesaria desde hace al menos diez años, tiene asignado un espacio en Los Remedios, donde mayoritariamente se vota al PP, para su construcción, incluidos los equipamientos establecidos por el Plan General. Ni siquiera es necesario recalificar Altadis, sino trasladar de una vez el recinto de la Feria. Es hora de que las instituciones cumplan y se dejen de marear la perdiz. Si no hay dinero público, deben buscar fórmulas de financiación privada. El Plan General funciona. Para ser un documento que, según el gobierno de Zoido, está desfasado y moribundo, continúa ganando batallas después de muerto. Igual que el Cid. Primero en Tablada. Ahora en Los Gordales.
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