La designación, mayormente digital, de los nuevos representantes (políticos) indígenas en los denominados órganos institucionales de extracción parlamentaria, que son los consejos de Canal Sur, el Audiovisual, la Oficina del Defensor del Pueblo (que rara vez lo defiende) y la Cámara de Cuentas, que tiene la extraña costumbre de auditar las cuentas autonómicas cuando toda la responsabilidad de quienes las manejan ha prescrito, se parece mucho al sorteo de una lotería solemne (con aguinaldo). Sólo les toca a aquellos que, previamente, han comprado la papeleta necesaria para optar a cualquiera de los premios del bombo. Lo que los políticos celebran como “un pacto” para ocupar estas poltronas es, en realidad, un obsceno reparto donde los próceres de las escuadras parlamentarias distribuyen nuestro dinero entre su ejército de delegados y racioneros para que ejerzan una función –llamarle trabajo nos parece excesivo– que consiste en ir a unas contadas reuniones –que cobran aparte– y defender el argumentario que, previamente, les elabora el partido. Todos tienen voz, pero no es propia, sino ajena, aunque muchos terminen haciéndola suya. Justamente por eso se les paga: para que callen lo que convenga y proclamen en público lo que interese. Es lo que hay.
Las Crónicas Indígenas en El Mundo.
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