El puzzle territorial, que de una manera u otra viene condicionando la política española desde la restauración de la democracia, se complicará todavía un poco más en los próximos meses. A las reivindicaciones del independentismo, que Pedro Sánchez pretende encauzar hacia una vía –la del diálogo– que si fructifica puede implicar a medio plazo reformas de calado en el mapa autonómico y, previsiblemente también una contestación y hasta un proceso de emulación por parte de otras comunidades, se suma un factor que hasta ahora nunca se había producido: Andalucía, la región más poblada de España, una “nacionalidad histórica”, según su Estatuto, va a ser gobernada por primera vez por una coalición liberal-conservadora (Cs-PP) que necesita el apoyo de Vox para alcanzar mayorías parlamentarias estables.
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