No se entiende demasiado bien –o quizás se comprenda demasiado– el revuelo político que en determinadas cancillerías de la España Plural está causando la publicación de los datos estatales sobre inversión y gastos territorializados, la base estadística con la que cada una de las distintas autonomías, por supuesto haciendo uso de la contabilidad creativa, van a hacer sus balanzas fiscales particulares para argumentar lo que mejor convenga en cada sitio, que no equivale exactamente a lo necesario. Los virreinatos en los que el régimen autonómico ha convertido España, en una mutación que nos conduce a un desastre perpetuo, ya cuentan con números suficientes para hacerse (aún más) las víctimas. ¡Bravo! Los primeros en desenfundar han sido los independentistas catalanes que, al calor de las elecciones de esta inminente primavera, exigen un cupo similar al vasco y al navarro: un fuero especial que les permita recaudar y controlar todos los impuestos estatales que se pagan en Cataluña, gastarlos a capricho y establecer –en un gesto piadosísimo– una cuota de solidaridad que se extinga con el tiempo. Esto es: cuanto antes, mejor (para ellos). La idea, tal y como está formulada, supone eliminar de la agenda política la cohesión social y territorial y alumbrar una soberanía financiera de facto, en ningún momento recogida en la Constitución.
Los Aguafuertes en Crónica Global.
