Crónica Global

“Lo que me atrae narrativamente de esto [la traición] es la nueva luz que tira el momento. Vos estás viendo las cosas del color tal, y de pronto cambian y se convierten en otra cosa. La traición produce ese momento que es como un flash sobre quiénes son los buenos y quiénes son aquellos en quienes se podía confiar”. Ricardo Piglia, probablemente uno de los escritores en español que más y mejor ha reflexionado sobre el arte de narrar, explicaba así ese instante –súbito– en el que una historia da la vuelta sobre sí misma y se convierte en su antítesis. Algo similar puede suceder este noviembre cuando, por cuarta vez en cuatro años, vayamos de nuevo a votar a los mismos partidos –y a los mismos candidatos– que han sido incapaces de alcanzar un acuerdo para representar –que no gobernar– España.

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Los españoles caminamos de nuevo hacia las urnas –si una sorpresa de última hora no lo remedia– sin que una de las cuestiones capitales de nuestra democracia haya sido resuelta: el tamaño del Estado autonómico. La cuestión, en teoría, está regulada en la Constitución, que estableció dos vías distintas para acceder al autogobierno y toleró, amparándose en un argumento histórico que tiene muy difícil encaje para cualquiera con un mínimo de sentido común, la excepcionalidad foral. Se trata, sin embargo, de un espejismo: la España territorial actual es un constructo de la partitocracia que nos gobierna. Se ha desarrollado mediante sucesivos pactos coyunturales –en función del interés político de cada momento– que después se incorporaban a lo que los juristas llaman el bloque constitucional.

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“Si los deseos fueran caballos, los mendigos serían jinetes”. Es una frase de John Dewey, probablemente el filósofo estadounidense más importante de la primera mitad del siglo XX por sus aportaciones, entre otras disciplinas, a la pedagogía. Dewey creía (contra su entorno) que la única forma de enseñar a alguien algo es la inteligente combinación de la experiencia con la libre deliberación. Algo imposible de hacer en la España actual, cuya diarrea identitaria, cultivada con vehemencia por las élites territoriales, ha alcanzado algo que hace décadas parecía imposible: negar las evidencias de la cienciaen favor de la propaganda política y la práctica de la ingeniería social, convirtiendo así nuestra escuela (la de todos) en una letrina de ideologías que no se caracterizan por tener ideas, sino intereses.

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La política peninsular, ese caos que nos obliga a votar casi sin descanso, sin que esto signifique que seamos más demócratas, se parece cada vez más al retrato de las Españas que en 1645 –año del Señor, como todos– inmortalizó Francisco de Quevedo en La hora de todos o la Fortuna con seso, una fantasía moral que, a través de la ficción alegórica, nos describe un mundo imaginario donde la Fortuna transmuta el desorden reinante en rigor y convierte la hipocresía en verdad manifiesta, trastocando así todas las convenciones políticas y sociales. El resultado es bastante peor al desorden ancestral. El mensaje del libro es que un mundo justo donde todos dijéramos lo que pensamos, y obtuviéramos aquello que en justicia nos merecemos, puede ser aún más ingobernable que el real. Quizás por eso nuestra política, basada en las artes del teatro y la mentira, necesita incidir una y otra vez en los mismos espejismos. Llevamos así meses: las izquierdas (supuestas) mantienen su eterno enfrentamiento familiar mientras las derechas tratan de sumar fuerzas (desde la diferencia) para un asalto al poder.

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Decía Proudhon, que fue un filósofo anarquista francés, idealista del mutualismo y célebre por su afirmación de que toda propiedad es un robo, que ser gobernado implica ser “observado, inspeccionado, espiado, dirigido, regulado, escriturado, adoctrinado, sermoneado, verificado, estimado, clasificado, censurado y ordenado por seres que no poseen los títulos, el conocimiento ni las virtudes apropiadas”. Es una verdad como una catedral. Lo constatamos al descubrir que la Generalitat de Torra, intelectual del supremacismo, autorizó que una panda de dogmáticos de la inmersión lingüística –por supuesto, subvencionados– espiara a los profesores y a los alumnos en los colegios de Cataluña para comprobar si en las aulas y en el recreo usaban el catalán o el castellano para entenderse.

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