Cuadernos del Sur

“La patria de un cristiano no pertenece a este mundo”. Unamuno, sin duda el intelectual español más obsesionado con la trascendencia espiritual, disidente eterno en la protesta (inútil) contra la mortalidad que acompaña a la condición humana, no podía ni imaginar que entre los políticos del último medio siglo, que a menudo confunden el autogobierno con la soberanía y el sitio de nacimiento con el destino, acabaría generalizándose, con independencia de su ideología, una creencia justamente opuesta a la suya: la patria, sobre todo, es mi aldea. El saldo político de 45 años de Estado autonómico ha enfrentado, casi desde el principio, a los soberanistas con los defensores de la recentralización estatal por un reino que, como diría Alejo Carpentier, es inequívocamente de este mundo. Materialista. Ambos bandos coinciden, sin embargo, en una cosa: su honda decepción con el autogobierno, aunque por razones distintas; a los primeros no les parece que sea suficiente; a los segundos les resulta excesivo. 

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La política española, contaminada sin remedio por el nominalismo –dícese de la costumbre que consiste en cambiar a capricho el nombre a las cosas para disimular la realidad que expresa su auténtica denominación–, se ha convertido en una espiral de paremias. Todos los partidos participan de este teatro (dramático) que viste con términos falaces el verdadero alcance de sus decisiones. Quien promueve la discordia apela a la convivencia. Aquellos que malversan, como sucedió en el escándalo de los ERES, lo justifican amparándose a la justicia social. La vida pública es una sucesión de ingenio, desvergüenza, picardía y mentiras. Por supuesto, no existe ningún gobernante que tenga vicios. Todos son virtuosos. Da la impresión de que basta y sobra con elegir un refrán favorable –“hacer de la necesidad virtud”, como dijo Sánchez para justificar su investidura con los votos del independentismo– para conjurar el riesgo de que alguien, igual que en el cuento de Hans Christian Andersen, se atreva a decir que el Rey camina desnudo. Enunciar cualquier evidencia en este escenario lleno de medias verdades supone caminar a contracorriente. Oponerse al curso natural del río

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La España de Nueva Planta, que es el proyecto político que se inicia con la tormentosa investidura de Pedro Sánchez tras sus acuerdos con los distintos independentismos, aboca a los socialistas que no forman parte del estrecho círculo de confianza de la Moncloa a la tarea (ingrata) de tener que predicar durante la legislatura que acaba de comenzar –y cuya duración es bastante incierta: dependerá de la evaluación continua que vayan haciendo en Suiza los nacionalistas sobre un fondo en el que ya se adivinan las elecciones vascas y catalanas– un nuevo evangelio ante una comunidad de creyentes dividida entre ateos, agnósticos y dudosos. “Hasta el último concejal tiene que hacer pedagogía sobre la amnistía”, ordena el prontuario de Ferraz. El problema, sobre todo en Andalucía, que va a ser unas de las zonas más calientes de la guerra territorial que ya se avista por el horizonte, es que semejante misión, además de interminable, igual que la penosa tarea adjudicada a Sísifo por los dioses, implica tener que ver a los presbíteros que hasta el 23J era católicos y romanos convertirse en anglicanos.

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Una batalla política siempre conduce a la siguiente y, como escribió Malraux, quizás existan las guerras justas, pero es harto dudoso, o directamente imposible, que los ejércitos que deben librarlas e intentar ganarlas vayan a ser honorables. Ninguna guerra tiene más reglas que el triunfo, el único atributo que permite dictar la ley de la victoria. La consumación aritmética de la investidura, sustentada en la amnistía de los independentistas encausados, una negociación para la concesión a la Generalitat de todos los tributos estatales, la condonación del 20% de su deuda (con sus intereses) y otras cuestiones, ha permitido refrendar al presidente y, por tanto, tener un Gobierno, pero no parece probable que traiga un armisticio entre los distintos bandos políticos. Ni entre los socios de Sánchez, que extenderán sus exigencias a toda la legislatura, que acaso no dure más de dos años dada la minoría de PSOE y Sumar, ni con el PP. La gran paradoja del pacto de Bruselas entre los socialistas y Junts es que, al admitir el PSOE que las acciones de los independentistas son lícitas debido a la existencia de un “conflicto político”, en lugar de cometer los delitos de sedición y malversación, como sentenció el Supremo, abre una espiral de sucesivas contiendas en el resto de los territorios de España. 

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Si de la mera intención nace el agravio, como sostenían los escritores moralistas del Siglo de Oro, la investidura ‘in fieri’ parece ser el preludio de una guerra territorial que puede terminar incendiando las cancillerías institucionales de la España autonómica, deteriorando –todavía más– la convivencia y agravando la crisis política. Las protestas en contra de las concesiones políticas del PSOE y Sumar en favor independentismo –amnistía para Junts; condonación de una parte de la deuda catalana para ERC– camuflan, dada su aparatosidad, la gran batalla de fondo que va a librarse si es que la legislatura prospera y no hay repetición electoral. El endiablado sistema autonómico español, que los socialistas siempre han deseado transformar en un régimen de corte federal, encierra una inmensa paradoja: sus defensores –sean tradicionales o conversos; esto es indiferente– predican con vehemencia sus bondades, pero los datos económicos señalan que padece no sólo deficiencias operativas –en términos de economía de escala y eficacia–, sino una situación (aparente) de quiebra técnica.

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