El Mundo

En Sibila, capital de la Marisma, dar pregones y conceder medallas es una tradición popular que simboliza -como pocas- dos grandes mentiras. Una: quien predica sus creencias a gritos acostumbra a ser un trueno (vestido de nazareno). Dos: aquellos que conceden galardones buscan, antes que reconocer los méritos ajenos, celebrar los propios. Ambas certezas permiten entender la forma en la que el gobierno del escabeche maximus ha diseñado los actos del 28-F, marcados por un color en sepia que tira de espaldas. En ellos todo huele a pretérito, a habitación cerrada: la pizarrita con los porcentajes a tiza del referéndum (que perdimos), la estampas entre olivos del Reverendísimo Bonilla y el Adelantado Marínpor el recreo de Blas Infante en Coria, igual que un matrimonio LGTB hacia el altar sagrado de la patria, o el oro populista de los metales del reconocimiento, repartidos para que la Gran Conversión parezca ecuménica. La Iglesia del Cambio (sin cambio) nos ama a todos: ricos y pobres, buenos y malos, abreviadores y rentistas. Todo es concordia junto a Il Redentore. Éste es el tono.

Las Crónicas Indígenas en El Mundo.

Ustedes perdonen, queridos indígenas, sobre todo si tienen ya la banderita planchada, igual que los cofrades velan las túnicas en las vísperas del gozo, pero a nosotros los eventos patrióticos como este 28F que se aproxima –Andalusians day its just coming– nos resultan mayormente neutros. Tibios. Irrelevantes. Ni frío ni calor, vamos. Sí, somos raritos; ni sentimos orgullo alguno por haber nacido donde decidió la Santa Providencia, que es una señora cuyas razones son caprichosas y carecen de cualquier lógica, ni hemos entendido nunca la razón merced al cual algunos creen que hay que celebrar como si fuera un mérito comunal -y por tanto compartido- aquello que procede únicamente del talento individual. Del día de la Marisma vamos a salir exactamente como entraremos: con absoluta indiferencia.

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En la República Indígena vivimos inmersos un espejismo que induce a creer a muchos empleados autonómicos que la administración es una suerte de patrimonio propio, en vez de un bien compartido. Para quienes piensan así, sus derechos tienden al infinito pero sus obligaciones son relativas. Lo público, sin embargo, es de todos -no sólo de los funcionarios- porque se financia con impuestos; mientras lo privado depende -o debería- de su capacidad para captar clientes. Esta categorización teórica casi nunca se da al cien por cien: la educación, la sanidad y la dependencia se han convertido, durante los casi cuarenta años de gobiernos socialistas en la Marisma, en negocios privados que se costean con los impuestos.

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La República Indígena vive, cuarenta años después del arranque de la autonomía, una suerte de déjà vu. Este término, procedente del francés, describe la sensación, entre sorprendente y extraña, que consiste en percibir en tiempo presente un hecho sucedido en el pretérito. Los científicos lo describen como una anomalía momentánea de la memoria, pero para los políticos de la Marisma, raza ubérrima de patriotas, se trata –sin discusión– de la Historia (con mayúsculas). Básicamente porque es su historia, aunque la presenten como si fuera la nuestra. Los patriarcas de la Santa Autonomía y sus sucesores nos dan con frecuencia la chapa con este asunto. Es natural: a su edad, que con suerte algún día será también la nuestra, es humano –demasiado humano– embellecer lo que fue ordinario, camuflar lo vulgar bajo un manto de terciopelo y sacarle brillo a las medias verdades. Lo que no es lógico es que tal pandemia identitaria –en una región cuya verdadera cultura es la mezcla– seduzca a parte de las nuevas generaciones políticas, asombrosamente más pendientes de los cánticos de sus abuelos que de lo que le ocurre a su propia generación.

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Cuando uno decide ir a una guerra conviene tener un ejército solvente o, a lo sumo, un batallón que en el instante de iniciar una batalla no salga huyendo. Salvo en la Marisma, donde el gobierno de las derechas ha decidido acometer una ofensiva política para salvar a la República Indígena del pérfido conciliábulo formado por los sanchistas -que todavía se dicen socialistas-, los pablistas -burgueses todos, del Podemos inicial ya no queda ni el nombre- y los independentistas, esos señores sentimentales que quieren separarse de España porque dicen que son únicos, diferenciales y merecen más de lo que tienen, que ya es bastante. Pues bien: cuentas las crónicas periodísticas, y certifican además los hechos, que el presidente del Gobierno ha rubricado un acuerdo con Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, antigua activista en contra de los desahucios, merced al cual la Ciudad Condal va a recibir, con independencia de la parte del león que ya disfruta, de una inversión extraordinaria de 25 millones de euros -que al final serán más- para incrementar la inversión cultural en aquellos equipamientos de rango estatal existentes en Barcelona. A la cosa le han puesto el nombre de bicapitalidad cultural, pero consiste en lo de siempre: el Estado manifiesta un indudable e intenso cariño (presupuestario) a cambio de que determinados nacionalistas -como Colau, usualmente tibia ante el desafío independentista- atenúen su guerra temporalmente.

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