La Vanguardia

El caso ERE, diez años después de que comenzase su investigación judicial tras un soborno a empresarios de hostelería en la empresa de alimentación del Ayuntamiento de Sevilla dirigido por Alfredo Sánchez Monteseirín, continúa siendo un inmenso pozo de mentiras interesadas. Nadie dice la verdad. Ni el PSOE, que intenta aprovechar a su favor las revisiones de las condenas por prevaricación y malversación de sus antiguos dirigentes por del mayor caso de corrupción de Andalucía, ni el PP, que se ha visto sorprendido por el giro in extremis de una causa –moral, política y penal– que ya daban por amortizada en términos partidarios. Los reflejos del Quirinale y de Génova han sido escasos, por no decir nulos. La derecha ni siquiera intentó una recusación preventiva de la magistrada ponente, Inmaculada Montalbán, nombrada a propuesta de los socialistas, cosa que por el contrario sí trató de hacer –sin éxito– cuando el Constitucional tuvo que pronunciarse acerca de la ley del aborto. Tampoco les va a servir de mucho consuelo su insistencia en que lo que se malversaba era “el dinero de los parados” o su tesis de que fue el PP quien desveló la trama. Ambas cosas son mentira.

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Una de las razones (categóricas) de que en Andalucía no exista, como sucede en Catalunya u ocurre en el País Vasco, un sentimiento de identidad nacional, esa destilación de los anhelos de grandeur de las burguesías periféricas del XIX, es que por el Sur de España han transitado desde tiempos ancestrales –y se han ido asentando sin excesivas discordias– todas las culturas mediterráneas. El Mediodía español es un crisol de naturaleza mestiza. Nadie, salvo aquellos a los que, como decía Borges de los peronistas, cobran por serlo, cree devotamente en un hecho diferencial o en la existencia de un gen –sea biológico o mercantil– singular. Andalucía es una destilación bastarda en la que se mezclan muchos vinos distintos en diferentes odres. Sólo existe un elemento transversal en la mentalidad meridional: la voluntad de no volver a ser relegados por nadie –sea de derechas o de izquierdas– a un subdesarrollo que beneficie a otros a costa del porvenir de Andalucía.

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Es natural que un espectador ajeno a la política y lego en leyes contemple con asombro el espectáculo de ver a los dos órganos judiciales superiores de España pronunciarse de forma dispar, o abiertamente contradictoria, sobre los mismos hechos. El derecho no es una ciencia exacta. Al fin y al cabo, se basa en la exégesis (razonada) de las leyes y su fortaleza deviene de la capacidad de argumentación (jurídica) de sus ministros. Una sentencia debe explicarse a sí misma y persuadir –a las partes y al resto de la sociedad– de que hace realmente justicia. En el caso de la revisión por parte del Tribunal Constitucional de la condena del caso ERE, una trama clientelar organizada por altos cargos del PSOE andaluz que desviaron 680 millones de euros gracias a un sistema para subvencionar en serie, igual que en una cadena de montaje, despidos anticipados, incluso en empresas solventes, estas dos condiciones no se vislumbran. El Constitucional, por supuesto, se explica, pero sus razones no persuaden a todos. Incluidos cuatro de sus miembros, que han emitido votos muy críticos.

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La guerra de la financiación autonómica puede hacer descarrilar lo que la ley de amnistía, recién sancionada y todavía por estrenar, ha logrado, de momento, salvar: una legislatura con un Gobierno legítimo pero sin mayoría propia y estable, incapaz de aprobar unos presupuestos e inquieto por la crisis de los partidos situados a su izquierda –el espacio Sumar, en proceso de reformulación tras los comicios europeos y los sucesivos fracasos electorales en Galicia, el País Vasco y Catalunya– y la lucha política entre los independentistas, que cada día agitan desde Barcelona el fantasma de la repetición electoral. Una hipótesis en absoluto descartable. La discusión sobre los dineros regionales no es nueva. Se trata de una constante de la política española desde la creación de las autonomías. Nunca, sin embargo, se había dado en semejante coyuntura: unas minorías (catalanas) con capacidad para dejar caer al Gobierno, enfrentadas entre sí; un sistema de reparto caducado hace más de una década y un deseable consenso que se torna imposible por dos factores. El primero: el soberanismo catalán persigue un status diferencial a través de una negociación bilateral, lo que impide un pacto multilateral. El segundo: la mayor parte del mapa autonómico que se rige por el modelo financiero común (salvo Asturias, Catalunya y Castilla-La Mancha) está gobernado por las derechas.

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Lo explica Borges en ‘Deutsches Requiem’, uno de los relatos de El Aleph: “Todos los hechos que pueden ocurrirle a un hombre, desde su nacimiento hasta su muerte, han sido prefijados por él”. Dicho de otra manera: somos los únicos autores –voluntarios o involuntarios– de nuestras negligencias y humillaciones, de igual manera que consideramos nuestras victorias un monopolio. La idea tiene ventajas: vacuna y previene contra el victimismo, una de las grandes aficiones (sociales y políticas) de nuestra era. Aunque en Andalucía los dos grandes partidos políticos huyan, aunque de forma divergente, de practicar este ejercicio de realismo.
El PP y el PSOE son los responsables históricos de las carencias regionales, pero suelen culpar de ellas a las circunstancias, a los adversarios y a los compañeros de partido. De esta impotencia colegiada cabe decir lo que Tolstói sobre la infelicidad familiar: tanto la derecha como la (pseudo)izquierda meridional son incapaces, al margen de las apariencias y de los espejismos (electorales) de lograr sus objetivos, pero cada una lo es de una manera diferente. Los socialistas, que han gobernado 36 años, acaban de perder sus cuartas elecciones después de las autonómicas, las municipales y las generales. El magro resultado en las europeas ha provocado que se oigan por primera vez en público voces muy críticas contra Juan Espadas, el Adelantado de Ferraz en Andalucía.

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