Andalucía

Habrá cambio político en Andalucía, aunque su estabilidad se presente tan incierta como la cohabitación que a partir de la próxima semana van a ensayar PP, Cs y Vox en el Sur. Consumatum est. El partido ultraderechista tardó apenas 24 horas en rebajar sus propias exigencias y, tras estar realmente cerca de dinamitar el acuerdo de la alternancia, ha terminado rubricando un pacto que garantiza la presidencia de la Junta a Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) y también –conviene no olvidarlo– permite el acceso de Cs al Gobierno andaluz. Ambas cosas van juntas, aunque el partido naranja simule que esta vaina no es la suya.

Los Cuadernos del Sur en La Vanguardia.

Existe el lugar común, alimentado durante los cuarenta años de hegemonía política del PSOE en el Sur, de que Andalucía es genéticamente de izquierdas. La historia, por supuesto, indica otra cosa distinta, aunque el tópico ha tenido una indudable fortuna. Al menos hasta el 2D. Las últimas elecciones andaluzas, que por primera vez han dado una mayoría potencial a las derechas, proyectan –para asombro de los ingenuos– la existencia de una Andalucía reaccionaria que no sólo no es minoritaria, sino que tiene la firme voluntad de influir en el tablero político estatal a través de Vox, que sin abandonar sus posiciones extremistas se ha convertido desde hace un mes en el eje de la discusión pública.

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Las políticas de género en Andalucía, vinculadas pero no necesariamente coincidentes con la normativa de protección de la mujer ante la violencia de los hombres, han sido desde hace lustros el evangelio de la administración socialista. Una doctrina transversal. Una cuestión intocable. Una bandera. Desde 2010 existe en Andalucía un plan estratégico para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. Los presupuestos regionales son evaluados desde la perspectiva de género. Hay una comisión autonómica de igualdad, unidades de género y un consejo regional de participación para las mujeres. Las asociaciones feministas cuentan con el máximo apoyo institucional y recursos financieros públicos. El Parlamento tiene un grupo de evaluación de políticas de igualdad. Y tres de cada cuatro euros del último presupuesto autonómico –18.896 millones de euros, el 74% de las cuentas– se dedicaron a esta cuestión.

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