Política

El malestar social es como un resfriado: se incuba en solitario, pero se manifiesta en público. En las últimas semanas el ruido de la calle desmiente con hechos los discursos oficiales que nos hablan de recuperación, progreso, el final del túnel negro de la crisis y demás milongas. Mientras la agenda política se dedica a averiguar quién diablos es el nuevo ministro de Economía, y el Catalonian Circus ejecuta su interminable farsa non stop people, la gente del común continúa teniendo que salir a la calle para reclamar cosas básicas. Concretas. Nada de distopías identitarias. Los pensionistas exigen que sus jubilaciones se actualicen con el IPC tras décadas de cotización inútil. Las mujeres piden soluciones efectivas ante la injusta brecha salarial y otros espantos. En el Sur se preparan nuevas mareas ciudadanas en defensa de la sanidad pública. Los funcionarios, privilegiados cada vez que hay rumores de un hipotético adelanto electoral, consiguen lo que nadie más: ganar más dinero trabajando menos.

Los Aguafuertes del lunes en Crónica Global.

El circo independentista es un bucle eterno sin melancolía ni belleza posible. Una máquina perfecta de fabricar hastío. Mientras los pensionistas salen a la calle para reclamar mejoras en unas pensiones que son básicamente una estafa, porque en los últimos años han perdido hasta diez puntos de diferencia relativa entre las cotizaciones que pagan y el fruto incierto que de momento reciben, los diputados del Parlament de Todas las Cataluñas Posibles –como el retorno a la cordura se dilata conviene empezar a hablar en plural– han vuelto a votar, con suficiencia y marcial desahogo, una resolución para avalar no sólo los (falsos) resultados del referéndum-estafa, sino que además tienen la intención de gritarle al mundo, que no está escuchándoles, la “legitimidad” del pequeño Napoleón de Waterloo para dirigir la Generalitat desde su exilio, estando –como está– fugado de la justicia. Con un par.

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