Moncloa ha detectado un flanco débil en la batalla de Doñana. Y se dispone a explotarlo a conciencia. Y de inmediato. La estrategia, como sucede en las guerras, todavía se mantiene en secreto, pero no tardará en emerger, igual que un iceberg, en toda su magnitud. No parece que vaya a ser ni de intensidad media ni baja. Basta ver los adjetivos que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dedicado ya al presidente andaluz: “acosador” y “señorito”. A menos de cincuenta días para las elecciones municipales y autonómicas, y nueve meses antes de las generales, la obstinación de la Junta de Andalucía por legalizar los cultivos ilegales en el entorno del Parque de Doñana –800 hectáreas de antiguos terrenos comunales ocupados durante lustros por los agricultores del Condado de Huelva, sin títulos jurídicos válidos– va camino de provocar un choque frontal entre Moreno Bonilla y Pedro Sánchez. En primer plano está la supervivencia de la gran reserva de la Biosfera del Sur de España, amenazada por la sequía, el cambio climático y los intereses económicos. De fondo palpita la carrera electoral.
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