Crónica Global

Lo único seguro de las inminentes elecciones catalanas, que este domingo inclinarán el tablero político español en un sentido o en otro, es que, sobre el generoso terciopelo de los palacios de gobierno concernidos, este 13M veremos muchos más difuntos (políticos) que de costumbre. Los duelos son así desde el comienzo de los tiempos. Cada cita electoral, igual que sucede en las guerras, arroja ante nuestros ojos ese espectáculo (tan pedagógico) de ver cómo gestionan la fortuna tanto los vencedores como los vencidos. Los primeros tienden a ocultar que –en el fondo– son los primeros sorprendidos de su éxito, como le sucede a los grandes impostores; los segundos mantienen viva esa vieja obstinación que consiste en negar la evidencia. “Hemos mejorado”. “Seguiremos trabajando”. Frases que no sirven de nada. El dictamen de los ciudadanos, por supuesto, no decide demasiado, salvo las cartas de la baraja con la que los partidos políticos jugarán el envite de las posteriores componendas, inequívocamente fenicias. Los recuentos electorales poseen, en cualquier caso, una eficacia colosal en términos morales, por decirlo a la manera de Josep Pla.

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“El pasado no ha muerto. Ni siquiera es pasado”. William Faulkner, sin duda alguna el mejor novelista del Estados Unidos más meridional, tierra secularmente pobre y soleada, de tradición cultural esclavista y agraria, uno de los últimos premios Nobel sobre los que no cabe discusión alguna –recibió el galardón hace ahora 75 años–, describe así la paradoja que es, para una sociedad, reconocerse en las ideas y las costumbres del pretérito al mismo tiempo que proclama un nuevo estatuto fundacional. Es exactamente lo que ha sucedido en Euskadi tras las últimas elecciones regionales –el País Vasco no es (todavía) una nación–, en las que una mayoría soberanista (la suma de PNV y Bildu) dominará la cámara de Vitoria. Como los hechos son sagrados, y las opiniones deben ser libres, conviene no hacerse trampas al solitario: la hegemonía (en cierta medida sangrienta) lograda por los defensores de las leyes viejas es otro síntoma más de la disolución de la España democrática e igualitaria en el fango de sus nacionalismos tribales. En términos estrictamente numéricos, que nada tienen que ver con los morales, muchísimos vascos –tengan quinientos apellidos euskaldunes o al menos un ciento de nombres de procedencia castellana– defienden con vehemencia su pertenencia a una comunidad imaginaria, en buena parte fabulada, pero que ha tomado forma en un cuerpo electoral mayoritario.

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Una de las mayores incógnitas de la política española reciente, que hace mucho tiempo que se ha instalado en las agrias trincheras (sectarias) de la polarización, es cómo debemos datar el momento exacto en el que Pedro Sánchez, El Insomne, perdió el sentido de la realidad y devolvió a este país al sendero que conduce a un precipicio (histórico) que parecía haber dejado atrás para siempre. Uno de los rasgos que caracterizan a los países civilizados –en especial dentro del contexto europeo– es que, por bronca y dura que sea la discusión política, nadie le niega al adversario, y menos desde el ejercicio del poder, su legitimidad dentro del sistema democrático, del mismo modo que todos los partidos aspiran a reformar su sistema político de acuerdo con su ideología, en lugar de dinamitarlo desde dentro. Ambas cuestiones, para asombro de todos, han dejado de tener importancia en la España oficial, donde muchos celebran la imposición de sambenitos y resucitan el espíritu (puritano) de la vieja inquisición ideológica. Todas nuestras catástrofes han sido normalizadas.

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No se entiende demasiado bien –o quizás se comprenda demasiado– el revuelo político que en determinadas cancillerías de la España Plural está causando la publicación de los datos estatales sobre inversión y gastos territorializados, la base estadística con la que cada una de las distintas autonomías, por supuesto haciendo uso de la contabilidad creativa, van a hacer sus balanzas fiscales particulares para argumentar lo que mejor convenga en cada sitio, que no equivale exactamente a lo necesario. Los virreinatos en los que el régimen autonómico ha convertido España, en una mutación que nos conduce a un desastre perpetuo, ya cuentan con números suficientes para hacerse (aún más) las víctimas. ¡Bravo! Los primeros en desenfundar han sido los independentistas catalanes que, al calor de las elecciones de esta inminente primavera, exigen un cupo similar al vasco y al navarro: un fuero especial que les permita recaudar y controlar todos los impuestos estatales que se pagan en Cataluña, gastarlos a capricho y establecer –en un gesto piadosísimo– una cuota de solidaridad que se extinga con el tiempo. Esto es: cuanto antes, mejor (para ellos). La idea, tal y como está formulada, supone eliminar de la agenda política la cohesión social y territorial y alumbrar una soberanía financiera de facto, en ningún momento recogida en la Constitución.

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Hace cinco días, Sánchez, El Insomne, proclamaba: “Hay Gobierno para rato”. Su augurio ha durado menos de una semana (con sus días y sus noches). Que la legislatura pueda continuar, aunque sea para un periodo máximo de dos años escasos, que es la previsión general desde la tormentosa investidura, está en cuestión. Dependerá de los resultados de las elecciones vascas (21 de abril) y catalanas (12 de mayo), que suponen, a efectos del tablero político estatal, dos auténticos terremotos para una mayoría parlamentaria artificial que necesita mantener una misma constelación planetaria fija todo el tiempo. En Euskadi, donde la gran incógnita es si el PNV podrá retener el poder –con el apoyo del PSOE– o se verá superado por EH Bildu, lo previsible es que los socialistas ocupen una posición clave, pero secundaria. Sea cual sea la fórmula final –Moncloa se viene apoyando en ambos bastones desde hace tiempo– sólo un milagro podrá impedir que el fantasma de los últimos comicios gallegos –un PP triunfante, un PSOE barrido por los nacionalismos– vuelva a tomar cuerpo terrestre.

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