Crónica Global

Existe una tendencia social, digamos que piadosa, que presume de no desearle el mal a nadie, aunque a diario tan constructivo sentimiento sea objeto de una impugnación íntima constante. Los santos, ya se sabe, no existen. Según esta tesis, cuando una desgracia acontece quien la sufre siempre es una víctima (inocente) y merece ser objeto de una solidaridad infinita. Igual que las medallas y los galardones, que se otorgan sobre todo a los amigos del jurado –como decía burlescamente don Nicanor (Parra)–, e incluso ad maiorem gloriam del sanedrín correspondiente, tal creencia tiene más que ver con la necesidad de quedar bien que con las circunstancias objetivas de esa virtud –tan cristiana– que se llama compasión. En el caso del indulto a los presos del procés, que probablemente son los reclusos de España con más licencias y capacidad de movilidad del mundo, se cumple fielmente esta puesta en escena: quienes los exigen en favor de una supuesta concordia –Pedro I, el Insomne y la correspondiente cofradía de heraldos– pretenden hacernos creer hasta en dos santidades consecutivas: la de los reos y la suya propia. Su planteamiento no es que sea binario, es que resulta infantil: si no estás de acuerdo en anular la pena impuesta por el Supremo, como mínimo, eres una mala persona o alguien con un perverso afán de venganza.Después están los enterados: dícese de aquellos que, en un supuesto alarde de inteligencia, te revelan –léase esto con tono confidencial– que el perdón del consejo de ministros a quienes violaron la Constitución –con plena conciencia y un sinfín de advertencias previas– o huyeron al extranjero, demostrando tener la misma valentía que el Cid Campeador, contribuirá al reencuentro y a relajar la tensión política en Cataluña, además de atraer a ERC a la senda del diálogo. Ante ambos argumentos dan ganas de bostezar. Non è vero, non è ben trovato.

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“El primer principio de la democracia” –escribió G.K. Chesterton, que tiene frases espléndidas para casi todo– “es que los hombres tienen en común más cosas de las que los separan”. En materia fiscal, desde luego, no cabe duda: se puede tener una ideología antagónica y coincidir en que los tributos son un arma de destrucción masiva, una forma de confiscación con timbre y sustento legal, pero completamente impopular. En la España del Covid –por desgracia todavía no podemos utilizar el prefijo post— mucho más. Sobre todo si tenemos en cuenta que la pandemia ha matado a mucha gente, pero ha arruinado a más, parcialmente o por completo. Como las puñaladas, las heridas del frenazo económico –primero el confinamiento estricto; más tarde las sucesivas oleadas y las desescaladas mal gestionadas por las autoridades– no se sienten sino transcurrido un cierto tiempo. El pasado año, que fue la anualidad del desastre, terminó mal. El actual, a pesar de quienes se esfuerzan en ser positivos –Dios les recompense por su ciega obstinación–, va a terminar peor. Por supuesto, hablamos de la economía real, no de la virtual.

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En Soldados de Salamina, la novela que puso a Javier Cercas en el mapa de la literatura en español tras tres fábulas previas que –ha ironizado alguna que otra vez el propio escritor– no leyeron más que un par de amigos, dejando en el acto de serlo, o casi, el autor de Anatomía de un instante relata un encuentro ficticio con un historiador independentista, Miquel Aguirre, que había estado investigando los sucesos de Collell, donde el falangista Rafael Sánchez Mazas sobrevivió –milagrosamente– a un fusilamiento cruel por parte de los rojos. Se citan en Girona, en un restaurante llamado Bistrot. Durante la comida, mientras los dos hombres se tantean –antes de encontrarse eran dos perfectos desconocidos– Aguirre dice:

–“No sé qué le parecerá a usted, pero a mí me parece que un país civilizado es aquel en el que uno no tiene necesidad de perder el tiempo con la política”.

–“Exactamente lo contrario de lo que pasaba en el 36”, responde Cercas.

–“Ni más ni menos”, agrega el historiador.

La escena, en apariencia trivial, está cargada de significado.

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Como ocurre casi siempre en España, y a veces también en otros sitios, la crisis de imagen de AstraZeneca, cuya vacuna contra la pandemia se encuentra sumida en un naufragio de credibilidad, ha polarizado a la opinión mediática. Unos, los optimistas, alertan contra quienes están advirtiendo sobre los riesgos –ciertos– del suero anglosueco, el más barato de todos los disponibles en el mercado (persa) de los remedios sanitarios. Otros, los pesimistas, insisten en lo que primero se desmintió y, a medida que pasa el tiempo, evidencian los datos científicos: existe un vínculo, aunque estadísticamente sea muy bajo, entre el remedio de Oxford y las trombosis cerebrales mortales que han sufrido algunos de los vacunados. La sensación general de confusión, alimentada por diversos gobiernos europeos, que decidieron suspender temporalmente la administración de la vacuna para después reiniciarla y, más tarde, limitar su uso a determinados grupos de edad, ha conseguido que, en el inicio de la cuarta ola de la enfermedad, muchos ciudadanos opten por no ir a las convocatorias para vacunarse.

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