Crónica Global

Tras el desastre de Valencia, convertida en una inmensa colonia de ahogados, ruinas, barro y supervivientes a los que, además de haberlo perdido todo, ya no se les concede ni el derecho a la indignación, uno tiene la sensación de que España vive una suerte de final de ciclo. El tiempo tendrá que confirmarlo, pero la sensación, que es lo que sucede a la intuición, es que la realidad, con todo su infinito y abrupto pormenor de sufrimientos, ha destrozado algo más trascendente que los pueblos, las tierras de labranza, los coches, los anhelos y los hogares. Ha derribado también el inmenso muro de propaganda, mentiras y bulos institucionales con el que el poder oficial –que en Valencia administra el PP y en España ostenta la mayoría parlamentaria que (todavía) sostiene a Pedro Sánchez en la Moncloa– se protege a sí mismo de sus actos y culpa a los demás, sean adversarios políticos o víctimas anónimas, de todas las calamidades posibles y de buena parte de las imposibles. Populismo vestido de soberbia.

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“No hagas muchas pragmáticas; y si las hicieres, procura que sean buenas y, sobre todo, que se guarden y se cumplan”. El excelente consejo que don Quijote, ese demente maravilloso, da por escrito a Sancho Panza, su escudero, cuando adquiere la condición –tan anhelada– de gobernador de la Ínsula Barataria (Capítulo 51 de la Segunda Parte), no lo ha seguido casi nadie en España. Muestra de lo lejos que estamos del sentido común y prueba (irrefutable) de cómo la obstinación por convertir este viejo país en una ensaladilla de nacionalidades acaba lesionando los derechos fundamentales de la gente, en bastantes ocasiones con su aplauso decidido y, lo que es todavía más llamativo, incluso con su propio voto. Es una paradoja ibérica. Porque no deja de ser una ironía del destino que aquellos que postulan la ficción de la España Plurinacional lamenten a continuación, sin rubor, las graves dificultades que abundantes capas de la población –sobre todo los más jóvenes y muchos que han dejado de serlo– tienen para comprar una vivienda o alquilar un piso. Tener un techo se ha convertido en una misión imposible en esta España cuyo gobierno no puede gobernar –porque no ganó las elecciones y sólo ha sido capaz de articular una mayoría parlamentaria para la investidura– y, según auguran algunas crónicas, puede terminar derrumbando al Ejecutivo en cuanto se vuelvan a abrir las urnas.

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Es una constante en la Historia de España: cuando el Estado muestra síntomas de debilidad ante sus enemigos, los nacionalismos (externos e internos) aprovechan para disfrazarse de víctimas, agitar los agravios –en buena medida, imaginarios– y establecer una dicotomía (inmoral, pero que simula ser todo lo contrario) entre la pérfida metrópoli (la nación española, en unos casos; Madrid, en otros) sus antiquísimas colonias o los territorios que aspiran a la independencia. Cabría preguntarse qué ha hecho mal España para, más de un siglo después de perder sus posesiones de ultramar (Cuba y Filipinas), y tras cuarenta años de la reinstauración de la monarquía parlamentaria, tenga que padecer el desprecio de repúblicas (reales o imaginarias) cuyo único fundamento es la negación tribal de su origen mestizo. El último episodio –de ayer mismo– es el desaire de la nueva presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, al no invitar a Felipe VI a su inminente toma de posesión. El Rey, en su condición del jefe del Estado, tiene encomendadas las altas labores de representación de España, especialmente –prescribe la Constitución– “con las naciones de su comunidad histórica”. Esto es: las repúblicas que fueron parte de la Hispanidad, con las que compartimos la lengua, la historia, una cultura común y, obviamente, relaciones de índole comercial.

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