Crónica Global

Un milagro no equivale a una obra, escribió Georges Duhamel, ilustre médico y poeta, héroe olvidado de la resistencia francesa. Conviene no olvidarlo ahora que muchos presentan al Molt Honorable Salvador Illa, nuevo presidente de la Generalitat, como el mesías de una normalidad que –de momento– no se adivina por ningún sitio. Es necesario pues insistir, dado que la actividad política se reduce ya únicamente a la propaganda, despreciando las tareas de gestión y, por tanto, los efectos que sus decisiones causan sobre la gente, que ninguno de los españoles (incluyendo todos los que viven en Cataluña) ha votado en ningún momento, ni por acción ni tampoco por omisión, ni siquiera por descuido, la entronización de la España plurinacional con la que nuestra adorable izquierda idiota –aquella que sacrifica los ideales republicanos por puro interés personal– anuncia, con una insistencia que denota su debilidad parlamentaria (en Madrid y en Barcelona), que el famoso procés es historia y las convulsas aguas políticas (en un país con sequía) vuelven a su cauce. ¡Qué más quisiéramos! La verdad es que el viejo río continúa arrastrando mucho barro, aunque, como profetizó Heráclito, no sea exactamente el mismo fango de ayer.

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Van a leer ustedes –si es que aún mantienen esta noble y ancestral costumbre– y a escuchar en las próximas semanas un sinfín de eufemismos, medias verdades y mentiras sobre el acuerdo político entre el PSOE y ERC para, si la militancia republicana no lo impide a última hora, investir a Salvador Illa como nuevo president. El regreso del PSC a la Generalitat, que la urnas formularon como una posibilidad, al no otorgarle la mayoría parlamentaria suficiente, tiene un coste inmenso: el sepelio (definitivo) de la España de las autonomías. Y Pedro I, el Insomne, que camina hacia la autocracia asamblearia a toda velocidad ante el regocijo de la izquierda idiota –la que sacrifica los verdaderos valores republicanos en favor de sus frustraciones de adolescencia y juventud– está dispuesto a dárselo: un cupo catalán que sustrae de la caja única del Estado todos los tributos estatales en Cataluña, condenando al resto de autonomías a una infrafinanciación crónica, especialmente a aquellas más pobres. Dicho de otra forma: Sánchez va a vender España al PSC, que, como sabe todo el mundo, a excepción de los integrados, no es más que una réplica del nacionalismo insolidario con una máscara diferente.

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La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, incluidos los políticos, es una condición esencial para que exista una justicia democrática, además de la última garantía frente a las decisiones de cualquier gobierno abiertamente arbitrario. Por eso podemos interpretar el devenir de la democracia española –que siempre ha sido más formal que sustantiva– a través del proceso acelerado de degeneración mediante el cual los tribunales dejan de responder a la evidencia de los hechos, y a la letra y el espíritu de las leyes, para conducirse en función de la conveniencia de los gobernantes, en vez de en beneficio de la sociedad. Cabe establecer pues un paralelismo, que se extiende más allá de lo aparente, entre los indultos y la posterior amnistía (moralmente sucia, además de necia) en favor de los políticos que impulsaron el procés en Cataluña y aquellos otros que toleraron y perpetraron el saqueo de los ERE en Andalucía, que acaba de ser amnistiado por gracias a la mediación del Tribunal Constitucional, donde se sientan magistrados que en su momento fueron altos cargos y ministros con el PSOE y hoy continúan respondiendo, con la desvergüenza de un resorte, a los deseos del partido al que deben sus canonjías: puñetas con toda la púrpura del mundo y un salario que oscila entre los 94.180 y los 109.541 euros, dietas y coche oficial al margen.

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“No te gobiernan textos, sino tratos”, escribió Francisco de Quevedo en uno de sus célebres sonetos satíricos contra los desmanes de la justicia y los negocios, no precisamente piadosos, de los magistrados en la España de su tiempo. El poeta madrileño, que murió sin ver resuelto el eterno pleito sobre su señorío en la Torre de Juan Abad, al cuidado postrero y piadoso de los frailes dominicos de Villanueva de los Infantes, sufrió en carne propia las arbitrariedades de los tribunales, que retorcían las pragmáticas, edictos y órdenes de la Corona –hablamos de una monarquía absolutista–, según fuera el interés en venta o conviniera al deseo ajeno de un tercero, a menudo a cambio de una bolsa llena de doblones. Quevedo no fue el primero en proferir maldiciones verbales contra alguaciles, letrados y abogados. Existía desde antiguo una larga tradición popular, vertida en el caudal del refranero, ese monumento a la gramática parda, que censura tanto la ignorancia como la venalidad de los jueces. Ambas cosas. Cabe concluir, por tanto, que en España el estamento judicial no suscita precisamente mucho afecto. De lo que no se guarda recuerdo, al menos en nuestra historia más reciente, es de que un gobierno, por injusto que sea, trabaje sin descanso, desde la mañana a la noche, en contra los jueces y a favor de delincuentes condenados mediante una sentencia firme.

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Una de las leyes del comercio –esa clase de relación económica que se establece entre aquellos que poseen determinadas cosas y quienes desean adquirirlas– es que el valor de una mercancía depende de un punto de equilibrio –presuntamente virtuoso– entre los afanes de una parte y las expectativas (latentes) de la contraria. Como abstracción, dicha descripción es tan correcta como idealista. La realidad tiende a desmentirla a diario. Cuando sucede, descubrimos la diferencia que media entre un trato justo y una estafa. Uno puede necesitar comida para sobrevivir, pero si su precio –elemento que es distinto de su coste y diferente a su valor– se torna abusivo (por ejemplo debido a los intereses particulares) es probable que termine pasando hambre. En política sucede lo mismo con una exactitud prodigiosa. ¿En cuántas negociaciones la voluntad y la igualdad se quedan fuera del marco operativo? ¿Cuántos pactos suscritos por los partidos se basan en una situación de debilidad o provocan injusticias? Entre quienes se sientan en una mesa para repartirse lo que no es suyo, sino de todos, existe una relación de poder.

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