La Vanguardia

Los socialistas andaluces están muertos. Ellos lo saben perfectamente, pero han optado, igual que sucede con los fantasmas en los relatos Henry James, por ignorar su propio deceso –que tiene también mucho de suicidio– con la esperanza (vana) de que algún día acontezca un milagro e, igual que el Lázaro bíblico, salgan del sepulcro. Haría falta un mesías, pero su venida puede demorarse tanto –o más– que la del Dios hebreo. El borrado de la sentencia de los ERE consumado por el Constitucional, con el que sus dirigentes pretendían recuperar la autoestima y cerrar la vía crítica abierta tras las elecciones europeas –tras los fracasos previos en los comicios autonómicos, municipales y generales–, ha provocado una aceleración de los movimientos internos en contra de su secretario general, el senador Juan Espadas. No es ni de lejos lo peor. El pacto entre el PSC y ERC en Cataluña, que pretende arrinconar a Puigdemont pero también sobrepasa los límites estatutarios, al otorgar al Govern todos los impuestos estatales, aboca al resto de autonomías a una merma de fondos que repercutirá en sus servicios asistenciales y sitúa a los jerarcas del PSOE andaluz en una situación imposible.

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Una simple brasa es capaz de provocar un incendio. Una grieta leve en el vientre calafateado de una embarcación puede causar el hundimiento de un transatlántico. Ni el fuego ni el océano son enemigos leales, como saben tanto los bomberos como los viejos marineros, así que no conviene distraerse en exceso cuando uno tiene que lidiar con ambos ni perderles el miedo. Muchas de las catástrofes –sobre todo políticas– tienen un origen modesto. Cuando las amenazas se han convertido en peligros o ya son hechos rara vez tienen remedio. Probablemente por esto el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, decidió esta semana precipitar una crisis en su equipo de gobierno –anunciada hace tres meses pero no concretada hasta el momento–, justo antes del paréntesis de agosto (un mes inhábil porque el Parlamento cierra sus puertas). Los cambios certifican que el líder del PP andaluz ha comenzado la larga carrera electoral que conduce a los comicios regionales de 2026.

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Los socialistas del Sur han abrazado, con entusiasmo onanista, la singular teoría del lawfare, esa forma de guerra política (importada) que recurre a los procedimientos judiciales espurios para acorralar a los adversarios. Tras el borrado del caso ERE, consumado por la mayoría progresista del Tribunal Constitucional, merced a una abstracción judicial que desprecia la verdad empírica, el expresidente socialista de Andalucía, Manuel Chaves, al que sus devotos piden que regrese a la política activa en vísperas de convertirse en octogenario, proclamó en la sede del partido –calle San Vicente de Sevilla, que no pisaba desde su imputación en la causa de corrupción–, “el principio del fin del ciclo de gobierno de la derecha en Andalucía”. Era un mensaje destinado directamente a los dirigentes del PSOE meridional, destrozados tras perder el escudo de defensa de los ayuntamientos y seis de las ocho diputaciones provinciales. Un ceremonial de autoafirmación con el que el actual secretario general, Juan Espadas, buscaba amansar las voces críticas que se han hecho oír tras la debacle de las europeas. Todo en vano: días después de la restitución simbólica de Chaves –convertido en un santo súbito, huérfano de hornacina– el Adelantado de Ferraz en el Sur recibía una oleada de reproches en el comité director del partido.

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Era cuestión de tiempo que, una vez que el Constitucional ha revisado las condenas por el caso ERE, impugnando las sentencias del Supremo y enmendándose a sí mismo, acogido a una interpretación abstracta que la ley que desprecia las evidencias fácticas –el dinero de los ERE se administró de forma arbitraria y fue origen de una trama de corrupción institucional con independencia del sitio donde se establezca el perímetro de responsabilidad penal (la moral es indiscutible)–, los patriarcas socialistas, líderes históricos de una familia que durante una década ha guardado las distancias con respecto a sus figuras después de que cayeran en desgracia, sacrificando de esta forma la lealtad en favor de la voluntad de supervivencia, reivindicasen con orgullo no sólo su proceder, sino todo su legado político. Al completo. Dicho y hecho: el expresidente de la Junta, Manuel Chaves, convocó ayer jueves en la sede oficial del PSOE andaluz –en la céntrica calle San Vicente de Sevilla, su antiguo dominio– una rueda de prensa para proclamar su honorabilidad y tildar la causa judicial –sentenciada por cerca de veinte jueces distintos de todas las instancias a lo largo del proceso previo a la intervención del Constitucional– como una “cacería política” auspiciada por el PP. Hacer otra cosa diferente habría sido una incoherencia.

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El caso ERE, diez años después de que comenzase su investigación judicial tras un soborno a empresarios de hostelería en la empresa de alimentación del Ayuntamiento de Sevilla dirigido por Alfredo Sánchez Monteseirín, continúa siendo un inmenso pozo de mentiras interesadas. Nadie dice la verdad. Ni el PSOE, que intenta aprovechar a su favor las revisiones de las condenas por prevaricación y malversación de sus antiguos dirigentes por del mayor caso de corrupción de Andalucía, ni el PP, que se ha visto sorprendido por el giro in extremis de una causa –moral, política y penal– que ya daban por amortizada en términos partidarios. Los reflejos del Quirinale y de Génova han sido escasos, por no decir nulos. La derecha ni siquiera intentó una recusación preventiva de la magistrada ponente, Inmaculada Montalbán, nombrada a propuesta de los socialistas, cosa que por el contrario sí trató de hacer –sin éxito– cuando el Constitucional tuvo que pronunciarse acerca de la ley del aborto. Tampoco les va a servir de mucho consuelo su insistencia en que lo que se malversaba era “el dinero de los parados” o su tesis de que fue el PP quien desveló la trama. Ambas cosas son mentira.

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