La Vanguardia

El tiempo termina por dar la razón a los clásicos. En este caso, a Calderón de la Barca: “Quien destina beneficios a un ingrato, lo que siembra en finezas recoge en agravios”. El acuerdo del (presunto) gobierno progresista rubricado esta semana entre el PSOE y Sumar, horas antes de que el Consell de la República se mostrase partidario de bloquear la investidura de Pedro Sánchez, da la impresión de haber sido concebido como un ceremonial de autoayuda. Cuando las cosas son inciertas, es necesario organizar profesiones públicas de fe, una vez agotados los sacrificios, ante el riesgo (cierto) de que la parroquia se desanime y los dioses estén sordos. Supeditados al caprichoso dedo del expresident de la Generalitat, el prófugo más visitado que vieron los siglos pasados y sin duda verán los venideros, los líderes de las dos organizaciones políticas que comparten el gobierno (en funciones) necesitaban teñir con cándidos mensajes sociales unas negociaciones (sin desenlace seguro) que están versando básicamente sobre la cuestión territorial en función de la interpretación que de ella hace el independentismo catalán, que es quien tiene los votos que necesitan el aspirante socialista y la vicepresidenta. De los términos exactos de un posible acuerdo poco o casi nada se sabe todavía, más allá de la cambiante fase orbital de la amnistía, el referéndum (llámenlo consulta) y la deuda histórica que Junts cifra en 450.000 millones. 

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El ancestral augurio bíblico de la sequía ya no forma parte de la nueva normalidad en Andalucía. Se ha convertido en una certeza. La ausencia de lluvias y el descenso de las reservas hídricas durante el último año, desde que Moreno Bonilla obtuvo su triunfal mayoría absoluta, han concurrido a tal velocidad que la hipótesis que hace apenas doce meses se tenía por una profecía apocalíptica –restricciones estables del consumo doméstico en las grandes áreas metropolitanas– ha dejado de ser una ficción. En estos momentos es el escenario más probable si este otoño, que en la gran autonomía del Sur hace lustros que dejó de ser una estación meteorológica para convertirse en una fábula, no salva ‘in extremis’ la situación. Siendo un hecho remoto, es más probable que acontezca un milagro natural a que los políticos encuentren una solución al problema.

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La sensibilidad periférica, uno de los conceptos clásicos de la política catalana, que proyecta sobre Madrid el espejo con el cual juzga sus propios avances y retrocesos, opera también con respecto a Barcelona, convertida en la capital política de Andalucía desde que comenzase el debate sobre la amnistía, preludio de una investidura que sigue siendo altamente incierta. Todo lo que se discute en el Parlamento andaluz desde principios de septiembre, que en el Sur es un mes estival más, remite al factor catalán, que condiciona la política territorial en España. La poderosa irradiación catalana compromete especialmente a las izquierdas, a las que ha situado en una encrucijada: tanto el PSOE como la marca regional de Sumar –que en realidad es su antecedente– intentan no hundirse en estas aguas turbulentas. Por un lado, tienen que replicar en el ámbito meridional el discurso que emana de las sedes centrales de sus partidos.Por otro, necesitan defenderse con urgencia y de alguna manera de la contradicción que supone no pronunciarse sobre las consecuencias políticas y económicas de lo que sus dirigentes pacten con el independentismo, mientras el PP agita con intensidad creciente la bandera del autogobierno, inquieto por un acuerdo entre PSOE, Sumar, ERC y Junts. La disyuntiva no tiene demasiada solución. Y cuando acontezca la investidura, si cuajan las negociaciones, probablemente ya no tendrá remedio. 

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Nada está nunca quieto, salvo los difuntos. Y ni siquiera ellos, porque los muertos también se deshacen hasta convertirse en ceniza. La política, que es una proyección de la vida, funciona con esta misma lógica: quien respira, cambia y se adapta a las circunstancias; aquel que no evoluciona, se queda estancado. El escenario de la política en el Sur de España en vísperas del segundo debate de investidura –ahora con Pedro Sánchez como candidato– indica que una hipotética repetición electoral, en caso de un fracaso del candidato socialista, no garantizaría a Feijóo en Andalucía la holgura que necesita para superar el techo electoral del 23J. Andalucía continúa siendo un territorio dominado por la derecha, pero la hegemonía formal establecida a mediados del pasado año, con la absolutísima de Moreno Bonilla en las últimas elecciones autonómicas, ha comenzado a retroceder. En términos regionales no es relevante porque todavía quedan tres años de legislatura, pero desde una perspectiva nacional este dato parece augurar que el PP está condenado, a corto y medio plazo, a intentar buscar algún socio complementario que no sea políticamente incompatible con los ultramontanos de Vox. Ese mirlo blanco, de momento, no existe, por mucho que en Génova intenten sembrar para un futuro cercano con el PNV en función de cómo salgan las elecciones vascas.

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Todos los sueños, incluidos los que se convierten en delirios, tienen un precio. Y alguien tiene que pagarlo para hacerlos realidad. Basta viajar a La Vegas, o pasearse por cualquier feria de pueblo, para descubrir que hasta las fantasías más excesivas terminan en el prosaísmo de una cuenta de resultados, un presupuesto o un impuesto. El ideal se degrada hasta convertirse en material. Las negociaciones para la investidura entre el PSOE y el independentismo catalán, que al implicar a dos marcas políticas encarece el coste de cualquier acuerdo, se han centrado hasta ahora en dos concesiones: la amnistía y el referéndum de autodeterminación.  Ambos asuntos, que la coalición Sumar ya defiende abiertamente, en una mágica sintonía con la posición de Junts y ERC, y sobre los que los socialistas basculan según el día, concentran en exclusiva tanto a los negociadores (por ahora anónimos) como a quienes critican su simple formulación, por considerarlos inconstitucionales, injustos y lesivos para el interés general. 

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